El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, brindó este martes su informe de gestión ante los diputados bonaerenses que integran las comisiones de Educación y de Drechos Humanos, en el que hizo un balance sobre el desempeño de la Escuela de Derechos Humanos, repasó los principales programas del área, se refirió a proyectos legislativos en tratamiento y receptó propuestas de los legisladores.
Si bien la exposición de Moreno y posterior el ida y vuelta de los diputados con el funcionario se centraron en la gestión y evitaron abordar de manera directa tópicos que podrían haber motivado chispazos, como el atentado a Cristina Kirchner, la escalada de violencia política y los discursos de odio, en un mano a mano con Diputados Bonaerenses el subsecretario se refirió al tema.
Moreno se mostró a favor de regular los discurso de odio, las redes sociales e incluso las manifestaciones de los “partidos antiderechos”.
“Entiendo que es un deber de los partidos políticos mayoritarios generar un marco normativo para que se regulen los discursos de odio, incluso los de partidos políticos que son antiderechos”, sostuvo Moreno a este medio y explicó que una regulación de ese tipo debería aplicarse sobre las personas con algún grado de responsabilidad institucional y no sobre el conjunto de la sociedad bonaerense.
En ese contexto, el subsecretario de Derechos Humanos remarcó que por estas horas “la construcción de las subjetivividades está atravezada por las redes sociales, por una exacerbación del narcicismo y una no identificación del otro”. “Hoy la construcción del sentido común tiene que ver con las redes sociales, sino uno no puede entender como una persona decide matar a otra sin siquiera conocerla. Coincido plenamente que hay que regular esto”, argumentó.
“El atentado a nuestra Vicepresidenta nos tiene que hacer reflexionar acerca de la necesidad de revitalizar los consensos del sistema de partidos políticos democráticos, de un Nunca Más a la violencia política, al cual ya adhierió gran parte de la sociedad. Se tiene que entender que la violencia política no es más una opción”, enfatizó Moreno en diálogo con este medio.
En rigor, el tema ya había sido planteado en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense en la sesión especial en repudio al intento de magnicidio contra Crisitina Kirchner por la legisladora del Frente Grande, Susana González, y su par camporista, César Valicenti.
“Hay que trabajar seriamente en regular los discursos de odio sin afectar la libertad de expresión, pero poniendo límites al ejercicio de la violencia a través de la profesión. Las sanciones pueden ir desde la quita de la pauta publicitaria hasta multas”, remarcó la diputada bonaerense del Frente de Todos, Susana González, durante la última sesión especial de la Cámara baja.
Por su parte, Valicenti destacó que el atentado a Cristina Kirchner era “una oportunidad para reconstruir un pacto democrático en Argentina” y para encauzar a “facotres de poder que intervienen y no están regulados”. “¿O acaso vamos a negar la influecia de las redes sociales en la vida publica y democratica? Está comprobado que intervinieron en diferentes estados para imponer presidentes, derrocar otros, instalar temas… El mundo está en crisis por este factor de poder que en Argentina no se regula“, dijo.
Vale recordar que en marzo pasado, en el marco del Consejo Económico y Social, el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, había planteado que el Gobierno estaba trabajando junto a 40 universidades una iniciativa para regular y “desintoxicar” las redes sociales. Por ahora, ese planteo quedó en la nada.
El informe de gestión del subsecretario de Derechos Humanos
Tal como adelantó Diputados Bonaerenses, la exposición de los funcionarios de la subsecretaría de Derechos Humanos, que coincidió con el 38 aniversario de la presentación del informe de la Conadep sobre los crímenes de la última dictadura cívico militar, se basó en un balance del desempeño de los primeros dos años de la Escuela de Derechos Humanos y de los programas Futuro Memoria y Detectives de Memoria (enterate de qué se tratan en esta nota).
En ese contexto, hubo espacio para el intercambio de propuestas. Por caso, los diputados bonaerenses de la UCR plantearon que, a partir del caso de Daiana Abregú muerta en una comisaría de la localidad de Laprida, se encuentran trabajando en un proyecto para monitoriar los ingresos y egresos a las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires. “Nos gustaría tener la mirada de la subsecretaría”, expresaron en la reunión conjunta de comisiones.
En respuesta, Moreno contó que desde el 2020 por primera vez en la historia y por decisión de Axel Kicillof, la subsecretaría tiene la posibilidad de presentarse como querellante en las causas de violencia institucional , lo que les permite “estar arriba de los procesos judiciales”. “Incluso somos querellantes en la causa de Diana Abregú. Necesitamos que se esclarezca rapidamente”, sentenció el funcionario provincial.
En tanto, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, el diputado del Frente Renovador, Juan Martín “Tachu” Malpelli, propuso que se mantenga la articulación de los cuerpos legislativos con la subsecretaría para trabajar una serie de iniciativas vinculadas a la “formación en derechos humanos en contexto de encierro”.
En simultáneo, desde la izquierda, el diputado Guillermo Kane formuló algunas objeciones respecto a las políticas del Gobierno y sostuvo que en el encuentro de comisiones de este lunes no hubo lugar para discutir “iniciativas concretas que tengan que ver con frenar los casos de violencia institucional”. “Planteamos varias veces la interpelación del ministro Sergio Berni y nunca hubo respuesta”, reforzó el legislador del FIT.
