Una auditoría del Ministerio de Salud de la Nación descubrió irregularidades en la rendición de los subsidios por discapacidad que se otorgan a obras sociales mediante el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que corresponden a servicios de traslado para 32.518 beneficiarios, a quienes debían derivar a servicios de atención, establecimientos educativos, o centros de día, entre otros.
La auditoría, realizada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) sobre los subsidios por discapacidad, arroja una suma millonaria que desde el Gobierno califican como desmesurada. “Estos números son una muestra más del descalabro que existía en el sistema y cómo desde la Superintendencia se miraba para otro lado”, sentenciaron desde el Ministerio de Salud.
Según recoge la auditoría, la cifra que las empresas facturaron el mes pasado a las obras sociales, y que estas derivaron a la Superintendencia, asciende hasta $14.480.200.798 por distancias de traslado de 28.680.480 kilómetros, lo que equivale a 882 kilómetros recorridos por persona. Si se tiene en cuenta que los centros de atención de estos afiliados no suelen estar a más de 10 o 20 kilómetros de su hogar, estos números resultan incongruentes.
La presunta sobrefacturación determinó que las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud modifiquen la resolución vigente sobre subsidios por discapacidad con controles más estrictos. De ahora en más, según difundieron, la documentación se presentará en forma digital para que la Superintendencia revise la “legitimidad de las facturas a través de los servicios de AFIP”.
En esta línea, cualquier anomalía detectada y que no haya sido verificada por la obra social, generará una detracción aumtomática de fondos por parte del organismo. “Todo esto se realiza en el marco del reordenamiento que está llevando adelante la Superintendencia de Servicios de Salud a partir de recuperar el rol fiscalizador que el organismo había perdido”, afirmaron desde el Ministerio de Salud.
A partir de lo expuesto en la auditoría, las autoridades del Ministerio de Salud también evalúan ciertos desvíos de prestaciones que no están incluidas en los subsidios por discapacidad, pero son facturadas a la obra social y giradas a la Superintendencia de Servicios de Salud, para que el organismo las financie.
Según plantean desde el Gobierno nacional de Javier Milei, ni en la Superintendencia ni en otras dependencias del Estado, hay lugar para “los curros de algunos pocos con la plata de todos” y agregaron que “el objetivo es tener un Fondo Solidario más transparente y eficiente”.
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) constituye un reintegro de dinero destinado a las obras sociales para evitar el colapso económico que significaría solventar tratamientos complejos y de alto costo, como terapias oncológicas, medicamentos para enfermedades sanguíneas, personas con HIV-SIDA o trasplantados y servicios a personas con discapacidades motoras, visuales, auditivas, o con síndromes como Down o Asperger, entre otras.
Subsidios por discapacidad: los números de la auditoría
La auditoría realizada sobre la última facturación del rubro transporte en subsidios por discapacidad, arrojó los siguientes datos:
- Los transportistas facturan a las obras sociales los kilómetros realizados.
- Las obras sociales presentan esas facturas en la Superintendencia, sin ningún tipo de control y se financia a través del Fondo Solidario de Redistribución.
- Los subsidios por discapacidad suponen un gasto de casi 85 mil millones de pesos, lo que representa un 82% del Fondo Solidario de Redistribución. De esos 85 mil millones de pesos, 14.5 mil millones corresponden aservicios de transporte.
- El informe de la auditoría también refiere que “en el sector, históricamente hubo dudas sobre la cantidad de kilómetros que los transportistas y las obras sociales presentaban a la SSS”.
- La Superintendencia abona estos subsidios contra factura.
- El descubrimiento de estas presuntas anomalías se hizo posible porque la actual gestión de Salud pidió a las obras sociales las facturas para comprobar un mal manejo y un fraude de parte de los transportistas.
- Se presume que se podrían haber utilizado facturas apócrifas o emitidas por “empresas usinas”.
- En el mes de junio, que se va a pagar en agosto, se facturaron 28.680.480 kilómetros, lo que equivale a 74,61 viajes a la luna.
- Esto alcanza a 32.518 afiliados (de todas las obras sociales).
- Las distancias recorridas arrojan un promedio de más de 800 kilómetros por afiliado en el mes (un viaje ida y vuelta a Mar del Plata).
- También se detectaron facturas de más de más de 3.000 km, el cuádruple del promedio por afiliado. Una distancia similar a la que hay entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego.
