En las últimas horas, diputada bonaerense de la Quinta sección electoral, Romina Braga, respaldó públicamente a los dirigentes de la Coalición Cívica que declararon como testigos en la causa Sueños Compartidos, y destacó el valor de haber sostenido denuncias en momentos en que hacerlo implicaba costos políticos, en una jornada en la que también se sumaron definiciones sobre el avance del expediente judicial.
Es preciso mencionar que, Braga acompañó a la ex diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, el dirigente Fernando Sánchez y la líder lilita, Elisa “Tata” Quiróz, quienes se presentaron ante la Justicia en calidad de testigos para aportar información en el marco de la investigación que tiene como principales acusados al exministro de Planificación, Julio De Vido, a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, y otros exfuncionarios de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos vinculados al programa Sueños Compartidos.
En ese contexto, Braga sostuvo que “en la Argentina muchas veces la verdad llega tarde, pero llega porque hubo personas que en su momento decidieron no callarse”, al tiempo que remarcó que esas decisiones se tomaron “cuando incomodaba” y “cuando implicaba costos”, por lo que valoró especialmente el rol de los dirigentes que impulsaron las denuncias en etapas iniciales del caso.
Asimismo, la legisladora de la provincia de Buenos Aires subrayó que lo ocurrido en la causa Sueños Compartidos “forma parte de un proceso más amplio, en el que la búsqueda de verdad y justicia se construye a lo largo del tiempo”, y afirmó: “No fue fácil, pero fue y es imprescindible”, en referencia a la continuidad de las investigaciones judiciales y al aporte de dirigentes y ex funcionarios que decidieron declarar.
Por su parte, Etchecoin también se expresó tras su paso por los tribunales, y señaló que junto a Quiróz y Sánchez ratificaron “con la seriedad que exige el cumplimiento de la función pública la importancia de contribuir al esclarecimiento de los hechos y al fortalecimiento de la verdad y la justicia”, marcando así una línea de continuidad con las denuncias que el espacio político de Lilita Carrió había realizado en el pasado.
Es preciso mencionar que, en el marco de la misma causa, el expresidente Mauricio Macri también brindó su testimonio, en el que hizo referencia a la operatoria del programa Sueños Compartidos y a las irregularidades que fueron detectadas durante su implementación. En su declaración, el líder del PRO aseguró que durante su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández, en su rol de jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, lo presionó para liberar fondos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En tanto, el líder del PRO se presentó como testigo en el proceso que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal N°5, que busca determinar si existió administración fraudulenta en el manejo de recursos públicos destinados a obras habitacionales entre el 2005 y el 2011, y complicó al exjefe de Estado del Frente de Todos, que actualmente se encuentra alejado de la dirigencia peronista.
Por caso, el dirigente del PRO reforzó esta línea con otra declaración vinculada con su entonces ministro de Acción Social. “(Esteban) Bullrich me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”, sostuvo Macri al describir la situación administrativa.
Sueños Compartidos: el juicio analiza el desvío de fondos para viviendas
El pasado 5 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 dio inicio al juicio oral por la causa Sueños Compartidos con la lectura de las acusaciones contra exfuncionarios nacionales y exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El proceso judicial busca determinar si existió un desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011.
El fiscal Diego Velasco, junto a los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), sostuvo que los imputados participaron de una maniobra de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La acusación ubicó al exministro Julio De Vido, al exsecretario José López y al exsubsecretario Abel Fatala como coautores, mientras que a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender los consideró partícipes necesarios.
Según la hipótesis fiscal, la Secretaría de Obras Públicas transfirió más de 748 millones de pesos para financiar las obras, de los cuales más de 206 millones se desviaron de su destino original para generar beneficios indebidos. Bajo ese esquema, la fiscalía señaló que las adjudicaciones se realizaron de manera directa y sin licitación previa, con un rol limitado de control por parte de provincias y municipios.
Además, la acusación advirtió sobre múltiples irregularidades en la ejecución de los proyectos, entre ellas la falta de controles, la ausencia de cronogramas de obra y la utilización de presupuestos sin desglose de costos. En paralelo, los investigadores también detectaron operaciones vinculadas al presunto lavado de activos, que incluyen transferencias millonarias, compras de inmuebles y gastos que no se condicen con los ingresos declarados por los imputados.
