El conflicto salarial que atraviesa a la mayoría de los trabajadores del Estado golpeó el despacho de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Kirchner. Un grupo de empleados autoconvocados denunció la quita de vacaciones y la pérdida del poder adquisitivo durante el 2022.
Disconformes con el aumento del 60% que recibieron en lo que va del año y con la suma fija de $30.000 que hace poco otorgó la Vicepresidenta en conjunto con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, los trabajadores autoconvocados salieron a reclamar la reapertura de paritarias.
“Los empleados autoconvocados del Senado de la Nación exigimos la reapertura de paritarias con el objeto de que se defiendan nuestros derechos, pisoteados por la Resolución RSA 928/20 que establece de manera arbitraria e inconsulta la pérdida de nuestras vacaciones el 30 de noviembre de este año”, reclamaron por medio de un comunicado.
El malestar del sector se materializó en una pegatina de carteles que inundaron los pasillos de la casa de leyes en los últimos días. “Basta de ajuste a los trabajadores”, fue el título del documento que esparcieron los empleados en las paredes del edificio anexo de la Cámara alta.
En el texto, los operarios autoconvocados también le apuntaron a los dirigentes sindicales de la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Se trata de los gremios con representación en el Congreso y lugar en la mesa de discusión paritaria con Cristina Kirchner y su mano derecha, la secretaria Administrativa, María Luz Alonso.
“Los trabajadores ya sufrimos el impacto de la inflación, que no fue compensada con los ‘aumentos’ nominales otorgados, insuficientes y tardíos. El ajuste del FMI no puede pedir, también, que se nos quiten las vacaciones ya devengadas, que son un derecho adquirido”, expresaron en otro párrafo del pronunciamiento.
En rigor, la protesta tiene como trasfondo una resolución firmada por Alonso hace dos años para obligar a los empleados del Senado nacional a tomarse vacaciones durante el receso escolar. La medida, provocó desde un principio la crítica de los trabajadores que no les conviene tomarse la licencia durante el verano.
“Se trata de una violación a los derechos de los trabajadores hecha furtivamente aprovechando la situación de emergencia creada por la pandemia del Covid-19 durante la cual los trabajadores legislativos pusieron el hombro para que no se detuviese la actividad del Congreso, cuando aún no existían vacunas disponibles”, denunciaron en el escrito.
Según pudo saber este medio, el conflicto fue en ascenso en los últimos días por la sospecha de que los sindicatos han acordado con la conducción del Senado mantener en suspenso la actualización de salarios, a pesar de la inflación, a cambio del pase a planta permanente de los empleados reclamados por los gremios, lo que ocurriría antes de fin de año.
“Es hora de que nuestros representantes sindicales oigan a sus representados y pongan lo que hay que poner para que nuestros derechos no sigan siendo inmolados en el altar neoliberal”, concluye el reclamo de los empleados legislativos, apelando a una terminología muy utilizada por el kirchnerismo.
Es preciso mencionar, que la disputa paritaria se abrió casi en paralelo al acuerdo conseguido entre los bloques mayoritarios del oficialismo y la oposición para aumentar un 30% el salario de los diputados y senadores a partir de noviembre. Los sueldos de los parlamentarios sumados a los “adicionales” alcanzarán los $500.000.
