En la segunda jornada de alegatos en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda”, los abogados de los particulares damnificados solicitaron que se abra una nueva investigación para “deslindar las responsabilidades” respecto de tres exfuncionarios de alto rango del gobierno de María Eugenia Vidal (Cambiemos).
En rigor, el segundo tramo del alegato de los particulares damnificados estuvo a cargo del doctor Horacio Casalla, quien solicitó a los tres miembros del tribunal, los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Claudia Esquivel y Fabián Fernando Brahim, que “se investigue y se deslinden responsabilidades en relación al exdirector de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, al exdirector de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario, y al exdirector de Infraestructura, Mateo Nicholson”.
Así, el abogado de los particulares damnificados, que comparte equipo de trabajo con la doctora Rosa Merlo y con su colega Juan Cruz Casalla, requirió a los magistrados que se “se investigue la eventual comisión del delito de asociación ilícita respecto de la totalidad de hechos que se han investigado, tanto por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, como por el de homicidio culposo”.
Es decir, que los letrados que representan a los familiares de Sandra y Rubén a partir de los elementos probatorios acreditados en el juicio que tramita en la localidad bonaerense de Mercedes consideran que los tres altos exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, además de tener responsabilidades administrativas y jurídicas respecto de los fallecimientos de los dos trabajadores de la educación, también podrían haber incurrido en maniobras de corrupción.
Así, se trata de uno de los datos políticos más relevantes de la jornada de alegatos en el juicio por Sandra y Rubén por la tragedia de Moreno que fue omitido deliberadamente por los medios de comunicación, que no enviaron ni un periodista a la cobertura de esta instancia clave del proceso judicial que se lleva delante desde el 28 de agosto en la localidad bonaerense de Mercedes y por el cual desfilaron casi medio centenar de testigos.
“Hemos solicitado una nueva investigación para avanzar en las posibles responsabilidades de miembros con más cargo en el organigrama… pedimos que se investigue a Gabriel Sánchez Zinny, a Marcelo Di Mario y a Mateo Nicholson. Una vez que se concluya este juicio el tribunal en su resolución dirá si es procedente o no el pedido… se trata de una solicitud que ya realizó el juzgado de garantías de Moreno en la elevación a juicio, por lo que creemos que tiene total fundamento”, explicó el letrado Juan Cruz Casalla.
Vale recordar que, como informó en exclusiva Diputados Bonaerenses, en el banquillo de los acusados están sentados el gasista Cristian Ricobene, sobre quien pesa un pedido de cinco años de prisión efectiva por ser considerado responsable del delito de homicidio culposo agravado, además de diez años de inhabilitación especial para ejercer su trabajo; el interventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nasif; la expresidenta del organismo, Mónica Berzoni y el consejero Jorge Galian, para quienes los abogados de los particulares damnificados y la fiscalía pidieron dos años de prisión en suspenso, más la inhabilitación de cuatro años para ejercer cargos públicos.
Tragedia de Moreno: los artículos que complican a los tres exfuncionarios de Vidal
En el desarrollo de sus alegatos, el doctor Horacio Casalla invocólos artículos 177 de la Ley de Educación Provincial, Nº 13.688, y 203 de la Constitución bonaerense para defender el pedido del equipo de letrados de los particulares damnificados de abrir una nueva causa judicial que involucre que los tres exfuncionarios de Cambiemos y, por extensión, a la propia exgobernadora María Eugenia Vidal, que evitó brindar su declaración testimonial en el juicio por la tragedia de Moreno que se desarrolla en Mercedes.
En concreto, el artículo 177 de la Ley de Educación le brinda el paraguas legal al Director de Cultura y Educación bonaerense para definir la “avocación”, una suerte de “intervención”, de los Consejos Escolares que tienen asiento en los 135 distritos. Por consiguiente, es el artículo que responsabiliza a Sánchez Zinny por las decisiones tomadas por el abocador del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nasif.
“El Director General de Cultura y Educación conforme al artículo 59º del Decreto Ley 7.647/70, principios generales de la materia y el carácter de Órgano Desconcentrado del Consejo Escolar, podrá de oficio avocarse al conocimiento, resolución o investigación de cualquier tema o asunto en particular y/o asumir en forma directa la competencia del Consejo Escolar mediante el funcionario que designe al efecto si se dieren razones de servicios que evalúe justificadas”, reza el artículo.
En efecto, según el análisis de los abogados de los familiares de Sandra y Rubén ese apartado de la Ley de Educación deja en claro que Sánchez Zinny tenía “competencia directa” en la avocación del Consejo Escolar de Moreno, a cargo de Nasif, quien justamente fue designado por el “exministro” de María Eugenia Vidal.
Pero eso no es todo, hay testigos que también dieron cuenta de la relación directa entre Sánchez Zinny y Nasif. Por caso, el abogado de Nasif y exasesor externo de la intervención del Consejo Escolar, Walter Bonavera, dio cuenta de sendos vínculos entre su defendido y el exDirector de Cultura y Educación bonaerense. También lo hizo la extitular del SUTEBA Moreno, Mariana Cattaneo, quien relató que Nasif en su momento le habría ofrecido gestionarle una reunión con Sánchez Zinny. Es apenas la punta del ovillo.
En tanto, durante los alegatos el doctor Horacio Casalla también se enfocó en el artículo 203 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. “Hace referencia a la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, que en el caso de los Consejos Escolares se trata de órganos desconcentrados y la función de un desconcentrado es tomar decisiones técnicas previo acuerdo con el titular de la dependencia que es la Dirección de Cultura y Educación, es un término diferente de la intervención, la avocamiento es retomar funciones que les corresponden”, pormenorizó ante los jueces de Mercedes.
Así es que el artículo 203 de la carta magna bonaerense profundiza en ese punto: “La administración de los servicios educativos, en el ámbito de competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación denominados Consejos Escolares”.
Por último, Horacio Casalla hizo foco en el término “avocación”, precisado en la Enciclopedia Jurídica 2020. “Técnica administrativa por la que los órganos superiores atraen para sí el conocimiento de un asunto que les corresponda ordinariamente o que hubiesen delegado en órganos inferiores cuando las circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales lo hagan conveniente”, explica el material especializado.
“Osea, es retomar funciones que le correspondía, es la delegación y sustitución de la competencia, la vocación es retomar las funciones que le corresponden a la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, se trata de retomar funciones que delegaron por cuestiones administrativas en un órgano descentralizado”, consideró Casalla.
Ahora resta esperar unos días para saber si los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Claudia Esquivel y Fabián Fernando Brahim dan curso a la nueva investigación sobre Gabriel Sánchez Zinny, Marcelo Di Mario, y Mateo Nicholson. “Técnicamente el tribunal debería de expedirse a favor o en contra, pero en caso de que no lo hagan se podría solicitar por otra vía, podemos pedir que se respete el pedido del juzgado de garantías”, detalló Juan Cruz Casalla.
