Argentina retrocedió en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 que elabora Transparencia Internacional y perdió cinco posiciones en el ranking global, en un informe que reflejó un deterioro sostenido en los indicadores de transparencia del sector público. En su segundo año de gestión, el gobierno de Javier Milei quedó asociado a una nueva baja en la calificación del país.
Según el relevamiento, Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100, un punto menos que en la medición anterior. En este escenario, el país pasó del puesto 99 al 104 entre 182 jurisdicciones y territorios evaluados, lo que lo dejó lejos de los estándares que exhiben los Estados con mejores niveles de integridad institucional.
El resultado consolidó una tendencia negativa que se arrastra desde 2019 y profundizó la brecha con el promedio regional. En el continente americano, Argentina se ubicó en el puesto 19 sobre 33 países, con una puntuación inferior al promedio de 42 puntos que registra la región en su conjunto.
En la comparación internacional, el país compartió ubicación con Belice y Ucrania, y quedó por detrás de naciones como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana, que mostraron desempeños superiores en el índice. En el extremo opuesto del ranking, Dinamarca volvió a liderar la tabla global con 89 puntos, seguida por Finlandia y Singapur.
Desde Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, advirtieron que el retroceso no respondió a un hecho aislado. Su director ejecutivo, Pablo Secchi, sostuvo que el resultado está vinculado a “la ausencia total de interés del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción”, y remarcó que en los últimos dos años no se registraron avances significativos en prevención ni sanción de irregularidades.
El informe también mencionó el impacto de causas judiciales recientes que influyeron en la percepción internacional. Entre ellas, se destacó la investigación en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que el exdirector Diego Spagnuolo fue procesado por presuntos delitos vinculados a fraude y negociaciones incompatibles con la función pública. A ese expediente se sumó el avance de la causa conocida como $LIBRA, que continúa bajo análisis judicial.
En ese contexto, Secchi calificó la ubicación de Argentina como “muy mala” y advirtió que el desempeño en el índice es observado con atención por inversores y analistas internacionales, que evalúan la previsibilidad institucional y la calidad de los controles estatales.
Por su parte, el presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, señaló que el desarrollo económico sostenido requiere políticas consistentes y mecanismos de control efectivos. “El crecimiento no se logra con discursos, sino con decisiones que se mantengan en el tiempo”, afirmó en un comunicado difundido tras conocerse el informe.
El Índice de Percepción de la Corrupción mide la evaluación de expertos y empresarios sobre la integridad del sector público y se elabora a partir de fuentes internacionales reconocidas. En la edición 2025, el promedio mundial descendió a 42 puntos, lo que reflejó un deterioro generalizado y mostró que la corrupción continúa siendo un problema estructural a escala global.
El Índice de Percepción de la Corrupción se construye a partir de hasta 13 encuestas y evaluaciones elaboradas por organismos como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y consultoras internacionales. La escala va de 0 a 100 y se basa exclusivamente en la percepción del sector público, sin contemplar la opinión del público general.
El contexto regional en el índice de Transparencia
En América, Canadá encabezó el ranking regional con 75 puntos, seguido por Uruguay, que pese a una leve caída mantuvo una ubicación destacada. En el otro extremo, Haití, Nicaragua y Venezuela registraron los peores desempeños del continente, con puntuaciones inferiores a los 20 puntos.
Transparencia Internacional advirtió que en la región la corrupción afecta de manera directa la calidad de los servicios públicos y la protección de derechos, en especial en sectores sensibles. En el caso argentino, la organización señaló riesgos vinculados a la gestión de fondos destinados a personas con discapacidad.
La entidad subrayó además que el fortalecimiento de los mecanismos de control, la rendición de cuentas y el espacio cívico resultan centrales para revertir la tendencia, y remarcó que la corrupción no es un fenómeno inevitable si existen políticas públicas sostenidas y supervisión independiente.
