Este viernes, a través de una Resolución Conjunta publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional y la secretaría de Hacienda determinaron una serie de criterios para la “priorización de proyectos de inversión” en lo que será el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2025-2027.
De esta manera, en medio de la ola de críticas que recibió el Gobierno nacional de Javier Milei por el desabastecimiento de gas que afectó a todo el territorio argentino por igual, las autoridades de la administración libertaria comenzaron a dar marcha atrás y reconocieron la importancia de la obra pública.
Es preciso recordar que, al asumir, la decisión del presidente Milei fue frenar por completo la obra pública bajo el argumento que sostuvo durante toda la campaña electoral y su discurso inaugural: que en el país “no hay plata”. Sin embargo, a pocos días de cumplir seis meses en la gestión, el Jefe de Estado analiza su reactivación con un plan de prioridades.
De acuerdo al texto firmado por el titular de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario ejecutivo del Gobierno nacional, José Rolandi, la prioridad del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2025-2027 serán los proyectos iniciados que se encuentren en etapa de ejecución.
Según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires que dirige el ex titular de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis, la gestión del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández, dejó alrededor de 2.300 iniciativas en etapa de ejecución.
En segunda instancia, desde el Gobierno nacional advirtieron que considerarán proyectos a iniciar que “tengan un impacto positivo en la generación de empleo”, que “promuevan actividad exportadora”, que “contribuyan a mejorar la balanza energética” y que “incidan en potenciar el desarrollo tecnológico”.
En tanto, la resolución del Gobierno nacional explicita que si la iniciativa no cumple con esas características, los siguientes criterios de prioridad para avanzar con las obras públicas tendrán que ver con inversiones sin iniciar con informe de calificación técnica vigente, estudios de factibilidad o prefactibilidad o financiamiento externo proveniente de operaciones de crédito en ejecución.
Cabe mencionar que, la provincia de Buenos Aires fue la comuna más damnificada por el recorte de la obra pública dispuesto por el presidente Milei. Según estimaciones del gobierno bonaerense, hay casi 900 proyectos en instancias de ejecución que se desfinanciaron y paralizaron desde el 10 de diciembre en adelante.
Desde entonces, las autoridades municipales y provinciales le reclamaron al Gobierno nacional la reactivación de las obras públicas en todo el territorio bonaerense. Ahora, la administración libertaria comenzó a flexibilizar su postura, sobre todo después de reconocer que la falta de gas se profundizó por una obra pública demorada.
