El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que, en el transcurso del año pasado, se rescataron y asistieron a 1.404 víctimas de trata de personas, mientras que la Línea 145 recibió 1.710 denuncias en dicho período.
Según las últimas estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, el 92% de las víctimas eran mayores de edad y 113 eran menores de 18 años.
El desglose de las cifras reveló que del total de personas rescatadas en 2021, 551 eran mujeres, 6 eran trans y 847 eran hombres. En tanto, la mayoría eran víctimas de trata laboral, y 36 de las que fueron asistidas por el dispositivo oficial, conviven con una discapacidad.
Según las estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas víctimas de trata, los rescates se dieron mayoritariamente en la Provincia de Buenos Aires, en 322 casos; en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en 300 casos, y en Corrientes, en 246 casos.
Además, hubo intervenciones en Mendoza, Salta, San Juan, Entre Ríos, Río Negro, Chaco, Neuquén, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut, Córdoba, Tierra del Fuego, La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Catamarca, Formosa y Misiones.
En tanto, la línea telefónica 145 nacional y gratuita que recepciona denuncias por trata de personas y explotación sexual recibió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, un total de 1710 llamados. Desde su creación en 2012 y hasta el último día del año pasado, el 145 atendió 19.559 llamados.
Por otra parte, desde el año de la sanción de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas, en 2008, hasta el último día del 2021, el historial de rescates fue de 17.311.
En este marco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, declaró a fines del año pasado que el Fondo de Reparación a Víctimas de Trata “está 100 % operativo”.
En aquella ocasión, el funcionario remarcó que con la aplicación de dicha herramienta se buscó ampliar “el campo de acción que el Estado tiene para asistir y reparar económicamente a las víctimas y, por sobre todas las cosas, lograr que las mujeres que sufrieron la explotación sexual o laboral puedan salir de la situación de vulnerabilidad”.
