El desplazado presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, salió a desmentir de manera categórica las acusaciones sobre un supuesto desvío de fondos en el puerto de Ushuaia y apuntó directamente contra el Gobierno nacional, al que acusó de utilizar argumentos “sin sustento” para justificar una intervención que, según sostuvo, vulnera la autonomía provincial.
En ese marco, el exfuncionario fueguino aseguró que no existieron irregularidades en la administración portuaria y negó cualquier transferencia de recursos a la obra social OSEF, pese a la vigencia de una ley provincial sancionada por la Legislatura. “Eso no ocurrió, no es real”, remarcó, al desarmar uno de los principales ejes de la acusación que motorizó la decisión de Nación.
Por su parte, Murcia explicó que el préstamo otorgado a la Provincia se encuadra dentro de un mecanismo legal y transparente, instrumentado mediante un convenio formal. Según detalló el exfuncionario las condiciones financieras resultaron favorables para ambas partes y el Gobierno provincial viene cumpliendo en tiempo y forma con el pago de las cuotas, de acuerdo con lo establecido originalmente.
A su vez, el exdirector rechazó el argumento que señala una supuesta falta de inversión en la terminal portuaria. En ese sentido, Murcia enumeró obras de envergadura realizadas en los últimos años, como la extensión del muelle, que permitió mejorar la operatividad y ampliar la capacidad de atención de buques de gran porte.
Sin embargo, el exfuncionario fue más allá y sostuvo que la propia intervención nacional deja en evidencia la inconsistencia de los fundamentos esgrimidos. Según explicó Murcia, el acto administrativo primero inhabilita la operatoria del puerto y luego la suspende, reconociendo de hecho que la terminal se encuentra plenamente operativa y funcional.
En paralelo, desde el Gobierno fueguino se difundió un documento institucional que enumera cinco puntos críticos sobre la medida dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Allí se advierte que no existen razones objetivas para avanzar con una intervención de doce meses y que, incluso, los interventores no pudieron presentar informes técnicos que justifiquen su alcance.
El texto oficial también destaca el crecimiento sostenido del puerto de Ushuaia, que en la actual temporada espera más de 525 recaladas de cruceros y buques, con récords recientes de arribos y una operatoria que permitió atender hasta 16 embarcaciones internacionales en menos de 24 horas, consolidando la confianza de operadores comerciales.
Asimismo, se subraya que la ley provincial que habilita el uso del superávit portuario para fortalecer la obra social nunca se tradujo en un traspaso efectivo de fondos, lo que refuerza la posición de que no hubo afectación financiera ni administrativa sobre la terminal.
Por último, Murcia advirtió sobre la instalación de “narrativas preocupantes” en torno a supuestas motivaciones geopolíticas o económicas detrás de la intervención y confirmó que, mientras se mantienen canales de diálogo con Nación, la Provincia avanzará en un reclamo judicial inmediato para revertir la medida.
Un puerto estratégico en disputa y la respuesta política de la Ushuaia
En declaraciones radiales, Murcia cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional y aseguró que la intervención desconoce principios básicos del federalismo y los mecanismos de control vigentes. Recordó que desde 1992 todas las inversiones en infraestructura y salarios se realizaron con fondos provinciales y que la administración portuaria se encuentra auditada por los organismos correspondientes.
En ese sentido, el exfuncionario destacó la ubicación estratégica del puerto de Ushuaia, al que definió como el de mayor movimiento de cruceros de Argentina y Latinoamérica, además de cumplir un rol clave en el abastecimiento de buques científicos, bases antárticas y rutas bioceánicas.
A su vez, remarcó que las obras más recientes se concretaron en 2023 con financiamiento de la provincia y cuestionó que hoy sean auditados por áreas que hasta hace poco participaban de esos mismos trabajos. “Es un documento público, abierto a la ciudadanía”, subrayó al referirse a los controles existentes.
Finalmente, el extitular de Puertos sostuvo que, pese a la intervención, la operatoria del muelle continúa sin cambios sustanciales y lanzó una definición política que sintetiza la postura provincial: si existieran tantas falencias, la gestión debería haberse modificado; sin embargo, lo único que cambió fue quién factura. “Vinieron por la caja del puerto”, concluyó.
