El escándalo por las irregularidades en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires en las últimas horas sumó un nuevo capítulo caliente. El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un pedido formal para interpelar al ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, y exigirle explicaciones en el recinto sobre las graves sospechas que pesan sobre el sistema de control vehicular.
La iniciativa, que lleva la firma de la senadora Daniela Reich y del titular del bloque libertario, Carlos Curestis, buscan que Marinucci explique las denuncias que salpican al área que heredó de Jorge D’Onofrio, imputado esta semana por presunta corrupción y armado de una red paralela en el negocio millonario de las VTV y las multas de tránsito.
“Se ha vulnerado la confianza pública y la transparencia del Estado”, sostienen desde la bancada libertaria, que denunció un sistema “viciado de ilegitimidad” donde las coimas y las maniobras fraudulentas habrían sido moneda corriente durante los últimos años. Según argumentan, la gravedad de los hechos amerita que el Senado bonaerense exija respuestas urgentes del titular de Transporte.
La avanzada se da después de que Marinucci denunciara ante la Justicia la existencia de 62 páginas de internet que ofrecían certificados truchos de VTV. La cartera de Transporte detectó que los sitios web y perfiles de redes sociales ofrecían obleas sin realizar los controles obligatorios, multiplicando los riesgos para la seguridad vial de miles de bonaerenses. “Estamos comprometidos con garantizar la transparencia y la seguridad”, aseguró Marinucci tras la denuncia.
En simultáneo al pedido de interpelación, el bloque libertario también presentó un proyecto que manifiesta la “profunda preocupación” del Senado bonaerense por las irregularidades que rodean al sistema de VTV y las multas de tránsito. “Estos hechos comprometen la legitimidad del sistema sancionatorio y afectan la confianza de la ciudadanía“, alertaron.
La preocupación no es menor: la causa judicial que ya tiene imputado al exministro D’Onofrio apunta a una supuesta asociación ilícita que habría funcionado dentro del Ministerio de Transporte bonaerense, encargada de direccionar contratos y desviar fondos públicos mediante empresas amigas. Entre ellas, “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.“, que habría embolsado millonarias comisiones por cada operación de VTV.
Por si fuera poco, la investigación también puso la lupa sobre la firma CECAITRA, responsable de operar los cinemómetros en varios municipios bonaerenses. Según la Justicia, la empresa habría facturado millones de pesos por dispositivos sin autorización legal, en una trama que involucra a empresarios y altos funcionarios de la gestión anterior.
Por lo pronto, el Ministerio de Transporte anunció que intensificará los controles para desactivar la red de VTV truchas y transparentar los procesos. Sin embargo, la oposición no se conforma con comunicados oficiales.
VTV: la causa D’Onofrio
El telón de fondo del escándalo que sacude la VTV bonaerense tiene nombre propio: Jorge D’Onofrio. El exministro de Transporte fue imputado esta semana por la Justicia, acusado de liderar una red de corrupción que operaba alrededor del sistema de multas de tránsito y las verificaciones técnicas de los vehículos.
La investigación, que avanza a paso firme, apunta a que la operatoria ilegal se habría activado desde enero de 2022, cuando D’Onofrio asumió la cartera. Uno de los ejes de la causa es la adjudicación del sistema de turnos de la VTV a la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, que cobraba comisiones por cada trámite y que mantenía vínculos directos con autoridades.
Además, la lupa judicial también cayó sobre CECAITRA, la empresa encargada de los radares en múltiples municipios bonaerenses. Un informe interno, ya bajo la gestión de Marinucci, reveló que buena parte de los equipos operaban sin las autorizaciones correspondientes, mientras la firma seguía facturando cifras millonarias.
Con imputaciones que alcanzan a más de 15 personas, entre ellas funcionarios, empresarios y hasta personal judicial, la causa D’Onofrio promete seguir escalando.
