Este jueves, trascendió que en la causa que investiga las supuestas extorsiones por parte de las organizaciones sociales, intervendrá la Justicia Electoral, debido a que cinco testigos afirmaron que los exhortaron a votar a una candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
De esta manera, el juez federal, Sebastián Casanello, evalúa formar una nueva denuncia sobre la base de los contenidos de chats que aportaron los cinco testigos sobre la exhortación que realizó uno de los dieciocho imputados en la causa, Gustavo Vásquez, para que los beneficiarios de planes sociales voten a la candidata a jefa de Gobierno del Partido Obrero, Vanina Biasi.
Según los testimonios, por los que se abriría un capítulo protagonizado por la Justicia Electoral, en un grupo de whatsapp de los beneficiarios de planes sociales y comedores, el dirigente del Polo Obrero, Vásquez, arengó a que votaran a Biasi, así como también les pidió que se sacaran fotos al momento de meter la boleta en el sobre.
Es preciso recordar que, en la causa, hay 18 imputados de 27 acusados, todos miembros de organizaciones sociales como el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y denunciados mediante la línea 134 habilitada por el Gobierno nacional.
De esta manera, la causa que investiga a los dirigentes de las organizaciones sociales, que están bajo la lupa acusados de cometer los delitos de “administración fraudulenta por abuso de confianza, extorsión y coacción”, ahora tendrá un capítulo protagonizado por la Justicia Electoral.
En ese marco, el lunes, se realizaron más de 30 allanamientos bajo la orden del juez Casanello, que aprobó la solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, tras la denuncia que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra las organizaciones sociales.
Según fuentes judiciales, en los allanamientos contra las organizaciones sociales, se secuestraron varios sobres con miles de dólares, uno de los cuales tenía la leyenda “sucesión”, y otro decía “ahorros Polo Obrero”, además de dispositivos telefónicos e informáticos.
Así, el juez Casanello dispuso incluir a los cinco denunciantes en el programa de protección de testigos que permanecían en el anonimato, debido a que, tras los allanamientos, sus nombres se dieron a conocer por todas las partes que designaron abogados y tienen acceso al expediente.
