Este viernes se conformó la primera mesa de trabajo conjunta entre representantes de la Municipalidad de La Plata, la Provincia y el Gobierno nacional para explorar una salida sólida y consensuada al problema de la venta ambulante, que involucra a los tres niveles del Estado.
En la reunión que tuvo lugar en la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, el Municipio pidió “avanzar en una solución de fondo vinculada a la política migratoria”, toda vez que por un lado se busca contener inmigrantes ilegales y por el otro denunciar una red de trata con fines de explotación laboral.
La secretaria de Convivencia y Control Ciudadano de La Plata, Virginia Pérez Cattáneo, fue clara en esa distinción al marcar que “la mayoría de los integrantes de esta comunidad entran de manera ilegal, con una absoluta vulnerabilidad de sus derechos por falta de una política pública que los ampare”.
“Como Municipio entendemos que por primera vez se generó un gran avance para ir por la cuestión esencial”, valoró la funcionaria sobre el punto de partida que significa el espacio de trabajo.
En la mesa, también se sentaron representantes de la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia de Nación, de la cartera de Justicia provincial, además de autoridades de Migraciones, la UCALP, UNLP y de los Centros de Accesos a la Justicia bonaerense y de Nación.
Según se constató la Comuna que conduce Julio Garro, son alrededor de 200 los senegaleses que trabajan en las calles de la capital provincial, de los cuales cerca de 170 directamente están indocumentados, evidenciando una clara ausencia de políticas migratorias que reconozcan derechos.
“Pretendemos buscar una solución de fondo y regularizarlos, para que tengan acceso a un mercado laboral abierto. La situación del comercio ilegal se debe abordar de manera integral y entendemos que, esencialmente, se trata de buscar una solución concerniente a las políticas migratorias”, expresó Pérez Cattáneo.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, sostuvo que “tenemos que encontrar una solución consensuada, en la que la no violencia sea el piso”, haciendo referencia a los distintos hechos de violencia registrados durante los operativos.
“Hay que involucrar a diversas áreas, y proteger a las personas de la comunidad senegalesa”, marcó Lorenzino.
En tanto, Pérez Cattáneo insistió en que “una de las grandes problemáticas por las cuales se dedican a la venta ilegal es porque no pueden acceder a ningún tipo de asistencia por parte del Estado o a programas de educación ya que no figuran en los registros por estar indocumentados”.
No obstante, desde el espacio se avanzará en una presentación judicial para investigar la migración ilegal, con fines de explotación, que coarta la libertad de los inmigrantes de acceder a otro tipo de trabajo, informaron fuentes del Municipio a Diputados Bonaerenses.
En La Plata están convencidos de que gran parte de los senegaleses son víctimas de una red de trata.
Por eso, la gestión de Julio Garro avanzará sobre los dos carriles: el de buscar una salida política articulada que dé respuestas vinculadas a la política migratoria pero sin dejar de apuntar a la organización criminal, ni abandonar los controles en las calles.
La mesa acordó un segundo encuentro para el próximo lunes 31 del corriente.
CAMBIO DE ESTRATEGIA
En la previa de la mesa, Pérez Cattáneo se reunió con el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, en quien encontró buena disposición para avanzar en soluciones conjuntas e impulsar la presentación que se realizará ante la Justicia para que se investigue la posible red de trata.
Asimismo, el encuentro de esta tarde estuvo precedida por una reunión a principio de mes con referentes de la comunidad senegalesa que tuvo lugar en 20 y 50. Allí se abrió un canal de diálogo y el Municipio le planteó a los vendedores ambulantes la necesidad de buscar una salida que integre respuestas de los tres niveles del Estado.
Tempranamente, al comienzo de su gestión al frente de la secretaría de Control Ciudadano, Pérez Cattáneo marcó un cambio de estrategia que incluyó la duplicación de agentes afectados a los procedimientos contra la venta ilegal.
Asimismo, el golpe de timón contempló la elaboración de un protocolo especial para los operativos de venta ambulante y se comenzó a formar a un cuerpo especializado en la materia. Un hecho que tampoco registra antecedentes.
Por otra parte, también trabajó en una mayor coordinación con la Justicia correccional para avanzar en los delitos concomitantes y se apuntó a los locales que sirven como depósitos de la mercadería.
PROTOCOLO CONTRA LA VENTA ILEGAL
Autoridades y trabajadores compartimos saberes y elaboramos el protocolo de intervencion.
Seguiremos fortaleciendo el cuerpo especializado de inspectores y trabajando juntos para fortalecer nuestro desempeño. pic.twitter.com/V65UX9D6by— Virginia Perez Cattaneo (@vickyperezLP) August 8, 2020
El cambio de estrategia cosechó rápidos apoyos de la Federación Empresaria de La Plata (FELP) y de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), que vienen desde hace años reclamando una solución.
“Apoyamos rotundamente las medidas de levantamiento de la venta ambulante. Por primera vez se está combatiendo la venta ilegal”, sostuvieron los comerciantes sobre la tarea que está llevando el Municipio.
