En lo que se esperaba que fuera una debate caldeado, la Cámara de Diputados de la Nación sesiona este miércoles para tratar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que otorgó $100 mil millones en gastos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), y obtuvo el rechazo del presupuesto.
Es que, con la firma de diputados de Hacemos Coalición Federal (HCF), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), este miércoles, la Cámara Baja dio curso a una sesión especial para tratar los $100.000 millones en gastos reservados que la administración libertaria le otorgó a través de un DNU a la SIDE.
Según adelantaron desde la oposición dialoguista, ya estaban garantizados los votos para rechazar la medida, ya que además de los bloques que solicitaron la sesión, Unión por la Patria (UxP), primera minoría en la Cámara Baja, aportaron sus 99 votos, lo que puso en aprietos el DNU, puesto que se alcanzó la mayoría de 129 necesarios.
En la antesala de la sesión, el jefe de bancada de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, salió a marcarle al oficialismo, al advertir que esperan que “el Gobierno no opere sobre el bloque radical u otros bloques para bajar diputados, porque el número tendría que estar ya consolidado para dar quórum”.
Además, el legislador lilito aseguró que no les “incomoda” votar junto a Unión por la Patria en contra del DNU, que otorgó un presupuesto millonario a la SIDE, y recordó que también están por el rechazo “el bloque de Miguel Pichetto” y “un grupo de radicales que no se van a mover”.
Sin embargo, López sostuvo que “el miedo es que hayan negociado dinero por las universidades, que hayan llamado a los gobernadores para bajar a sus diputados”. Es decir, que algunos diputados del radicalismo, incluso de Unión por la Patria relacionados a los gobernadores, no bajen a dar quórum por haber cerrado un aumento presupuestario a las universidades, algo que también se encuentra en el temario de este martes.
“El Gobierno tendría que entender que si tiene 100 mil millones de pesos para fondos reservados, cuando al mismo tiempo dice que no hay plata para jubilados o universidades, debe explicarlo muy bien en el Congreso y debe salir por ley”, alegó el legislador con respecto a los fondos otorgados a la SIDE.
En ese marco, López apuntó que ese dinero “supuestamente” lo controla la bicameral, pero “en los años que yo llevo en el Congreso nunca vi controlar nada. Desde hace décadas, los fondos reservados no tienen ningún tipo de control en Argentina”.
“No se entiende porque el Gobierno quiere tanta plata que no tenga que rendirle a nadie, cuando supuestamente es un Gobierno tan austero”, cuestionó el legislador y agregó: “Vamos a poner un límite en el Congreso”.
Por último, el jefe de la bancada referenciada en Elisa “Lilita” Carrió cerró lapidario: “El estratega de comunicación del Gobierno, Santiago Caputo, es quien ha puesto al nuevo titular de los servicios de inteligencia (Sergio Neiffert), que es una persona absolutamente desconocida, sin antecedentes en materia de inteligencia, lo que nos hace absolutamente vulnerables”.
El aumento presupuestario a la SIDE
Tras disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la administración libertaria impulsó el resurgimiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), integrada por cuatro órganos rectores: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional; la Agencia de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos.
Pocos días después, el presidente Javier Milei reglamentó el aumento de $100.000 millones para “el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia”. De esta manera, del presupuesto de $16.000 millones (prorrogado de 2023) el área comandada por Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, pasará a disponer $136.000, un aumento de más del 770%.
Según precisaron desde el Gobierno nacional, el agregado presupuestario de la SIDE tendrá como principal destino “el Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad” del país. Asimismo, el monto contará con el carácter de fondos reservados, por lo cual no pueden ser auditados ni ser alcanzados por el derecho de información pública.
Esta situación, generó una oleada de críticas por gran parte del arco opositor en el Congreso nacional. Desde el parlamento explicaron que esos tipos de asignaciones no pueden hacerse sin aprobación previa de ambas cámaras legislativas.
