En las últimas horas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, crearon el Observatorio de Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de mejorar un aspecto clave en la gestión bonaerense, que desde hace varios meses mantiene una fuerte tensión con Nación.
Según explicita la Resolución 1172 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el observatorio será un “espacio de participación” destinado a contribuir a la evaluación y mejora continua del marco normativo, las prácticas, herramientas y procedimientos de planificación de la obra pública.
Además, el nuevo observatorio que dependerá de la cartera liderada por Katopodis, se encargará de la contratación, ejecución física y financiera de las obras públicas, así como también de la gestión de los servicios públicos que lleve adelante el ministerio y sus organismos descentralizados.
En tanto, el espacio que habilitaron Kicillof y Katopodis estará presidido por el Subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Juan Guillermo Sauro, y estará integrado por un representante de cada uno de los sujetos, entes, organizaciones de la sociedad civil, cámaras y demás instituciones, vinculados al proceso de contratación y ejecución de la obra pública, que manifiesten su interés de formar parte del mismo.
“Para el cumplimiento de su cometido, la autoridad del observatorio podrá invitar a sus sesiones a las personas u organizaciones que estime pertinentes, así como recibir solicitudes de audiencia para escuchar a los interesados en dar su opinión. Sus integrantes desempeñarán sus funciones ‘ad honorem’”, explica la Resolución publicada este viernes.
Por último, el organismo contará con una Secretaría Técnica, bajo la dependencia de la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que tendrá la tarea de recopilar la información, las actas de reuniones, las síntesis de discusiones y la redacción de documentos del observatorio.
Es preciso recordar que, al comienzo de esta semana, Kicillof fulminó al Gobierno de Javier Milei con una carta en la que evidenció el abandono de la obra pública nacional por parte del Gobierno que encabeza el economista libertario desde el pasado 10 de diciembre, y que se extenderá hasta la misma fecha del 2027.
“La suspensión de la obra pública implica lisa y llanamente la deserción por parte del Estado nacional de sus obligaciones en materia de desarrollo, vivienda, transporte, seguridad, derecho a la dignidad, a la salud y a la educación”, sostuvo el gobernador bonaerense en un escrito que publicó en sus redes sociales.
Para el Kicillof, el presidente Milei frenó más de mil obras públicas “por capricho ideológico” en la provincia de Buenos Aires, muchas de las cuales tenían un alto grado de avance heredado por la gestión de Alberto Fernández. “En un país con tanta desigualdad y déficits estructurales, las obras públicas son una herramienta de desarrollo indispensable”, destacó el gobernador.
Según el posteo de Kicillof, esa fue la motivación del Gobierno del Frente de Todos para desplegar un ambicioso plan de obras que el mandatario bonaerense no está dispuesto a interrumpir por el cambio de administración y el “ahogo financiero” al que Milei somete a las provincias.
“Por el ahogo financiero y el desquicio económico que causan sus políticas, resulta cada vez más difícil mantener los planes que teníamos previstos. Las políticas neoliberales no sólo no son una palanca de desarrollo, son su principal obstáculo”, disparó el gobernador bonaerense hacia la gestión libertaria.
Milei busca saldar las deudas con las Provincias: ¿Kicillof aceptará el trato?
La semana pasada, el Gobierno nacional de Milei oficializó la creación del régimen de compensación, una medida sin precedentes que tiene como objetivo reducir el déficit fiscal en las cuentas del Estado administrado por La Libertad Avanza y, al mismo tiempo, aliviar la situación financiera que viven las Provincias.
Es que, a través del Decreto 969/2024, el Gobierno dispuso la creación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre la Nación y los gobernadores, mediante el cual se entregarán empresas públicas, rutas, tierras fiscales y otros activos nacionales para saldar las deudas que el Estado mantiene con diferentes jurisdicciones.
Según informa el decreto que anuncia la creación del régimen de compensación, las Provincias tienen un mes para adherir al esquema de pago, y cuentan con sesenta días para presentar la documentación sobre la deuda ante la secretaría de Hacienda, que preside Carlos Guberman.
Por caso, el plazo que determinó el Gobierno nacional para negociar las diferencias entre los montos que debe Nación a las Provincias adherentes y viceversa es de noventa días hábiles, aunque puede ser postergado por la autoridad competente, es decir, el Ministerio de Economía a cargo de Luis “Toto” Caputo.
Por su parte, el Ejecutivo de Milei asegura que tiene el número de la deuda total de ambas partes, pero sostiene que no lo hace público para aplicar una estrategia de negociación dura e intentar reducir el monto. “Primero nos queremos sentar a negociar caso por caso y revisar los papeles que presenten. Después se define el número”, expresó un colaborador del Gobierno.
Es preciso recordar que, el régimen de compensación se lanzó en el marco de la fuerte tensión que el Gobierno mantiene con la administración de la provincia de Buenos Aires, que reclama hace varios meses al Estado nacional por fondos que no llegaron y fuertes recortes en las partidas que les corresponden a los bonaerenses.
Por su parte, la administración de Kicillof recurrió varias veces a la Justicia para exigir la cancelación de esas acreencias, pero Nación continúa desconociéndolas. La última estimación del Gobierno bonaerense hablaba de una deuda de de casi $2 billones de pesos.
Sin embargo, la provincia de Buenos Aires no es la única jurisdicción en tensión con Nación por este tema, mientras que el Presidente llegó a exigir incluso un ajuste “adicional” al ya realizado por 60.000 millones de dólares. Ante el malestar de los gobernadores, incluso de los cercanos, el presidente de la comisión de presupuesto de Diputados, José Luis Espert, dijo que en realidad son 20.000 mil millones más los que exige recortar el Presidente.
Según los datos del Ministerio de Economía de la Nación, el sector público tuvo en septiembre superávit financiero, aunque el mismo se dio por la caída real del gasto. Las partidas que más se redujeron fueron las transferencias a los gobernadores, con un recorte del 97,5%, otros gastos corrientes, que se recortó un 78%, y las transferencias corrientes, con 71,5% menos.
