La bancada del Frente de Izquierda de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) se sumó a la presión opositora sobre la gestión de Axel Kicillof con otro proyecto de ley para declarar la emergencia prestacional, económica y financiera del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), uno de los organismos más cuestionados del Gobierno provincia.l.
El expediente es impulsado por los legisladores de la izquierda bonaerense Mónica Schlotthauer y Christian “Chipi” Castillo, que se incorporaron a la larga de lista de parlamentarios que elevaron propuestas destinadas a revertir la situación crítica que atraviesa la mutual que conduce el camporista Homero Giles.
“La emergencia comprende la crisis, caída y ausencia en distintos distritos de cobertura prestacional, el desfinanciamiento y vaciamiento estructural del organismo, la deuda acumulada con prestadores individuales e institucionales, y la vulneración del principio de autarquía económica y financiera”, puntualizaron los impulsores de la iniciativa.
De acuerdo con el articulado, la emergencia regiría durante 180 días desde la promulgación de la normativa, con posibilidad de prorroga por un período equivalente, con intervención mediante de la Legislatura bonaerense. La propuesta incluye la prohibición de cobros indebidos y copagos no autorizados, la continuidad de tratamientos esenciales y la implementación de medidas urgentes en los distritos sin cobertura o con escasez de prestadores.
Cabe destacar que la presentación del FIT-U sucedió días después del proyecto de la senadora radical Nerina Neumann. La legisladora abadista recogió una demanda que el radicalismo sostiene desde hace meses, a partir de la creciente oleada de denuncias por deficiencias prestacionales, deudas y conflictos en distintos puntos de la provincia.
Si bien el Frente de Izquierda no firmó en su momento el petitorio que varios bloques opositores promovieron para convocar a la fallida sesión especial del 11 de junio pasado, sus diputados sí aportaron el quórum para discutir la crisis del IOMA, por lo que la problemática reúne así a prácticamente todo el arco opositor legislativo.
En primer lugar, uno de los ejes centrales del proyecto del FIT-U corresponde al cumplimiento de la autarquía económica y financiera, reconocida en la ley de creación del organismo y en la Constitución provincial. El texto, que retoma uno de los principales reclamos de la oposición, establece que los aportes de los afiliados y las contribuciones patronales del Estado provincial “no podrán ser retenidos, administrados ni dispuestos por ningún organismo del Poder Ejecutivo”.
En ese sentido, los legisladores atribuyeron el desfinanciamiento del IOMA a una “política sostenida” por parte de las distintas administraciones provinciales que utilizaron los fondos de la obra social como una fuente de recursos discrecionales a través de la Cuenta Única de Tesorería, que depende directamente del Ministerio de Economía provincial.
“Todos los gobiernos han favorecido que los aportes de las y los afiliados vayan a una caja de la que pueda disponer libremente el Ejecutivo, en lugar de ser transferidos directa e inmediatamente al Instituto”, denunciaron Schlotthauer y Castillo.
Por tal motivo, los diputados intimaron a la cartera de Economía bonaerense a transferir al IOMA, antes del día 15 de cada mes, los aportes descontados de los salarios y las contribuciones correspondientes a la administración provincial.
“El incumplimiento del plazo establecido en el artículo anterior generará automáticamente, sobre los montos no transferidos, un interés resarcitorio”, especifica el proyecto opositor.
Otra de las modificaciones centrales que promueve la bancada izquierdista es la de extender la obligatoriedad de afiliación para legisladores, jueces, el Procurador y el Subprocurador general de la Suprema Corte bonaerense, “en los mismos términos y porcentajes” que hoy rigen para el resto de los afiliados.
“La presente extensión se fundamenta en el principio de solidaridad que rige el sistema del IOMA, en virtud del cual quienes perciben los salarios más elevados del Estado provincial deben contribuir en un mismo porcentaje al financiamiento colectivo de la obra social, sin posibilidad de desviar esos recursos hacia el sistema privado de salud”, fundamentaron desde el FIT-U.
La presentación también pone el foco en la actual composición del Directorio de la entidad. En la actualidad, siete miembros integran el órgano de conducción: el Ejecutivo bonaerense designa al presidente, vicepresidente y dos vocales, mientras que los gremios y sectores estatales aportan otros tres representantes.
En concreto, el sector docente ocupa un lugar a través de SUTEBA, la pata administrativa cuenta con la representación de UPCN, y finalmente, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario comparten el tercer asiento correspondiente a los trabajadores del Estado.
Ante este escenario, el FIT-U propone ampliar la conformación actual a 24 representantes de los trabajadores y afiliados, elegidos mediante voto directo, universal y secreto. El proyecto establece que 22 surgirán del padrón de titulares del IOMA, mientras que los dos restantes representarán a los trabajadores universitarios incorporados como voluntarios colectivos.
Además, el nuevo esquema garantizaría la participación de docentes y auxiliares de escuelas públicas, empleados de la administración central, agentes del sistema sanitario, trabajadores del IOMA y representantes de los poderes Judicial y Legislativo.
“Esta democratización es un paso para que los recursos del IOMA sean efectivamente destinados a la salud de los afiliados y no a los intereses coyunturales del Ejecutivo de turno. Pero también que la planificación de las políticas sanitarias deje de ser en beneficio de los grandes prestadores que lucran con la enfermedad”, justificaron Schlotthauer y Castillo.
Dentro de la nueva conformación, el Estado provincial conservaría la facultad de designar a un representante encargado de coordinar administrativamente al IOMA con el resto de los organismos públicos. A su vez, la conducción bonaerense tendrá la obligación de convocar a las elecciones del nuevo Directorio dentro de los 60 días posteriores a la promulgación de la ley.
Finalmente, la nueva gestión directiva también tendría que elaborar un relevamiento exhaustivo de la deuda del Instituto con prestadores individuales e institucionales, discriminado por tipo de prestador, período de devengamiento y distrito.
“No existe ningún informe público que detalle cuál es la deuda actual del Ejecutivo provincial respecto de los aportes no girados al Instituto, ni cuál es la deuda de los municipios adheridos al sistema, ni cuál es el saldo acumulado de las retenciones indebidas”, cuestionaron los promotores del impulso legislativo.
De acuerdo al escrito, la Provincia deberá enmendar un plan de regularización de deuda, con prioridad a aquellos pequeños prestadores individuales en una situación más vulnerable como acompañantes terapéuticos, cuidadores, enfermeros, transportistas, médicos, psicólogos, kinesiólogos, entre otros.
“La solución a la crisis del IOMA no es el mercado. Es la autarquía real, la conducción democrática por parte de las y los trabajadores y el control y fiscalización de quienes la sostienen: sus afiliados”, concluyeron los representantes del FIT-U.
