Esta semana, la Cámara de Diputados metió mano en su agenda de comisiones y modificó varias de sus convocatorias. Entre las modificaciones implementadas, como la citación a un plenario de cuerpos parlamentarios para llevar una ley de endeudamiento familiar al recinto, se encuentra el cambio de día de Asuntos Constitucionales y Justicia, que tendrá la tarea de despachar una serie de normativas consensuadas entre el oficialismo y la oposición para cumplir con los requerimientos de la Suprema Corte.
En un principio, la comisión que preside la kicillofista Lucía Iañez iba a sesionar el jueves, pero finalmente pasó para el viernes a las 16 horas. Si bien un simple cambio de día podría pasarse por alto, lo cierto es que lo que suceda en ese horario en la sala 30 de la Cámara de Diputados influirá directamente en la sesión fechada para el martes 29.
Dentro del orden del día de la comisión, aparece el tan ansiado proyecto de ley promovido por el peronismo, el radicalismo y el PRO para modificar la ley que regula el Tribunal Fiscal de Apelación, el órgano de revisión encargado de resolver los conflictos entre los contribuyentes y la administración fiscal de la provincia de Buenos Aires.
Como explicó Diputados Bonaerenses esta semana, se trata de una propuesta que llama la atención debido al acuerdo logrado en sectores tan dispares como lo son el peronismo, el radicalismo y el PRO. La iniciativa, que busca “optimizar el funcionamiento jurisdiccional” del Tribunal Fiscal de Apelación, contempla la ampliación de su estructura y la creación de una nueva tasa.
En primer término, los diputados plantearon aumentar de 1 a 3 la cantidad de relatores que asisten a los nueve vocales integrantes del organismo, por lo que se crearían 18 nuevos puestos laborales. “Cada vocal será asistido por hasta tres relatores, con título de abogado o contador, teniendo al menos uno de ellos título profesional diferente al de quien asista”, establece el proyecto.
Además, la normativa promueve la “Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación”, que se calculará sobre el importe de los saldos del impuesto determinado en la apelación y/o el monto correspondiente a multas aplicadas. En detalle, fija una alícuota general del equivalente al 0,60% aplicable sobre la base imponible determinada.
Para entender por qué el proyecto encontró rápido tratamiento, dado que fue presentado el pasado 26 de agosto y podría recibir media sanción apenas un mes después, basta con remontarse a diciembre del año pasado. En medio de las negociaciones para aprobar el pedido de endeudamiento, Kicillof accedió a cubrir cargos en diversos organismos, como el Banco Provincia, el Consejo General de Educación y el Tribunal Fiscal de Apelación.
En este sentido, Fuerza Patria, la UCR abadista y el PRO, que se vieron beneficiados en el reparto de sillas en el Tribunal Fiscal de Apelación, motorizaron un proyecto que vendría a ser la continuación de las negociaciones que permitieron que la Legislatura bonaerense sancione el endeudamiento.
De ahí la celeridad para que inicie su camino en comisiones y llegue a la sesión de la semana que viene, sobre todo teniendo en cuenta el apoyo de los 39 diputados peronistas, los 11 del PRO, los 3 radicales y los 5 de Unión y Libertad, el otro sector firmante. Este favorable panorama incluso deja a la iniciativa a cuatro votos de ser aprobada por dos tercios del recinto, es decir, sin pasar por los cuerpos parlamentarios.
Qué otros proyectos judiciales podrían quedar listos para la sesión de Diputados
Este no es el único proyecto de tenor judicial que busca ser agilizado con la intención de que sea aprobado lo más pronto posible. De hecho, esa misma tarde la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia tratará el proyecto de Iañez, su titular, para descomprimir la agenda de juicios orales. La semana pasada, ese texto fue despachado por Legislación General.
La normativa, que también lleva la firma del radical Valentín Miranda, apunta a establecer la obligatoriedad de una audiencia preliminar durante los procesos judiciales, a modo de fomentar las resoluciones a través de acuerdos alternativos previos y evitar los juicios. Según explicó la propia Iañez en su tratamiento en comisiones la semana pasada, se trata de una propuesta que fue pedida expresamente por el propio miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, para “bajar el cuello de botella” que se produce previo a los juicios orales.
En la actualidad, el Código Procesal Penal permite que las partes (fiscalía y defensa) presenten acuerdos alternativos al juicio, como juicios abreviados y/o suspensiones de juicio a prueba, hasta 30 días antes de la fecha fijada para el debate oral. A raíz de esto, los tribunales se ven obligados a fijar una fecha de juicio formal únicamente para asegurarse de cumplir con el requisito de los tiempos.
Ante esta situación, los representantes del oficialismo y de la UCR propusieron crear una “instancia oportuna” previa a la designación de la fecha del debate oral, fijada durante los 60 días posteriores a la audiencia obligatoria, con la intención de concentrar todas las negociaciones y posibilidades de acuerdos alternativos en esa ventana de tiempo específica. De este modo, la fecha del juicio solo se programará después de que se sepa con certeza si el juicio realmente se va a hacer, o si el caso se cerrará mediante un acuerdo.
También figura en el orden del día el proyecto de la camporista Maite Alvado, para otorgar la posibilidad de recusar a un magistrado sorteado en una causa, en caso de que la persona considere que sus derechos no estén garantizados y que puedan verse amenazados por el juez que le ha tocado. La normativa incorpora como posibles razones manifestaciones contra las mujeres y la comunidad LGTB+, el uso o reproducción de noticias falsas sin verificación, el empleo de discursos de odio, y contempla que un juez debe excusarse cuando ya exista un jury que tomó el mismo caso.
De la misma forma, será tratado por Asuntos Constitucionales y Justicia la propuesta del también kirchnerista Ariel Archanco, para que se considere como un posible “peligro de entorpecimiento en la averiguación de la verdad” el “amedrentamiento a la denunciante en casos de violencia de género”. Asimismo, el proyecto establece que no se podrá excarcelar al privado de su libertad si existen antecedentes de violencia de género contra la misma víctima, cuando el imputado hubiese violado medidas de restricciones perimetrales o cuando el peritaje determine una probabilidad de reiteración de ataques contra la damnificada.
