Esta semana, un centro cultural de índole peronista ubicado en el centro de La Plata fue la sede de un encuentro entre las principales espadas legislativas oficialistas y opositoras, que dejó abierta una nueva instancia en este año parlamentario. Con un asado de por medio, los representantes de casi todos los bloques políticos coordinaron un esquema de trabajo mancomunado para acelerar la agenda de proyectos en ambas Cámaras.
El mitin fue organizado por el titular del bloque peronista en el Senado bonaerense, Sergio Berni, y sirvió para que cada espacio ponga sobre la mesa la necesidad de que la Legislatura brinde sanción definitiva a las normativas que encontraron consenso en alguno de los dos recintos. “Los senadores se quejaban de que los diputados no aprobaban los proyectos con media sanción, y viceversa. Se llegó al compromiso de que ambos secretarios legislativos le den celeridad a los temas que vienen aprobados por unanimidad”, alegó uno de los presentes en la reunión.
Según pudo recabar Diputados Bonaerenses, el tono de la comida fue un “asado entre amigos” en la que no hubo ni pases de factura ni tampoco se llegó a una definición concreta, sino que simplemente se acordó un trabajo coordinado para aprovechar los últimos tres meses del año, antes de que cada partido político se dedique casi exclusivamente a la campaña electoral. “Fue una muy buena reunión, muy tranquila y salieron todos muy contentos”, sostuvo Berni ante la consulta de este medio.
Durante la reunión, el titular de la bancada peronista de Diputados, Facundo Tignanelli, propuso que antes de la sesión de la Cámara baja, fechada para el martes de la semana que viene, se encuentren los dos secretarios legislativos de ambos recintos, Gervasio Bozzano (Diputados) y Mariano Ríos Ordóñez (Senado) para mejorar la comunicación entre hemiciclos. ¿La misión principal? Aprobar antes de noviembre los proyectos que ya tienen media sanción, para que no sean postergados a raíz del inicio del debate por el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva.
Por el peronismo, estuvo el titular de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, el vicepresidente, el massista Alexis Guerrera, los ya nombrados Berni y Tignanelli, el cristinista Mario Ishii, el renovador Rubén Eslaiman y el kicillofista Mariano Cascallares. En tanto, la vicegobernadora y líder del Senado, Verónica Magario, quedó fuera de la rosca. De hecho, un dato de color de este almuerzo es que fue íntegramente masculino.

Por la oposición, se sentaron a comer el abadista Diego Garciarena, el referente de Hechos, Marcelo “Chuby” Leguizamón, los macristas Pablo Petrecca y Alex Campbell, los mileístas Carlos Curestis y Juan Osaba, los libertarios dialogusitas Carlos Kikuchi, Martín Rozas y Sergio Vargas. Pegaron el faltazo Santiago Passaglia (HECHOS), Alejandra Lordén (UCR), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Juan Esper (Derecha Popular) y la radical Nerina Neumann, quien alegó estar de viaje.
Los proyectos contemplados en el acuerdo bicameral para reactivar la Legislatura
La comida diurna marcó un precedente en este año parlamentario, que se vio caracterizado por la inacción: las comisiones iniciaron tarde, no se debatió ningún proyecto electoral, no se trató alguna propuesta sobre ludopatía y tampoco se trabajó en algún texto importante que sea un trofeo a blandir en diciembre, cuando se haga un repaso de lo que fue el 2026.
Este será el escenario que intentará revertir tanto el peronismo como las distintas expresiones opositoras, que coincidieron en que las iniciativas que generen un voto a favor unánime serán empujadas rápidamente al recinto, mientras que las que susciten discordia tendrán que caminar por comisiones. Con respecto al primer caso, uno de los ejemplos más fuerte es la tanda de iniciativas para brindarle respaldo legal a los bonaerenses endeudados.

Este viernes, Diputados apuró a último momento un plenario de comisiones cuyo único objetivo será unificar un proyecto para enfrentar la problemática del endeudamiento familiar. El plan es tener un texto para aprobarlo en la sesión de la semana que viene, donde se estima que habrá un amplio consenso debido el concepto de morosidad que está en auge en la agenda pública. Tal es la celeridad, que se espera que la normativa sea rápidamente girada al Senado para ser sancionada el 6 de octubre. “La convocaron con mucha anticipación, así que seguramente sea por eso”, comunicó un legislador.
Uno de los ejes abordados por los legisladores sobre los temas a tratarse antes del debate del Presupuesto, o por lo menos antes del 2027, son los proyectos judiciales. En momentos donde la Suprema Corte impulsa una agenda propia en la Legislatura, por ahora los únicos textos apoyados por el máximo tribunal que fueron tratados en comisiones fueron la creación de un Tribunal Electoral y la obligatoriedad de una audiencia preliminar para agilizar la agenda de juicios. Ambos son firmados por el peronismo, pero reúnen el visto bueno de varios bloques opositores.
Sin embargo, el principal caballo de batalla judicial es la ley que modifica el Tribunal Fiscal de Apelaciones, el órgano de revisión encargado de resolver los conflictos entre los contribuyentes y la administración fiscal de la provincia de Buenos Aires. El texto tiene como particularidad que fue elevado de forma conjunta por el PJ, la UCR y el PRO, y es la continuación de las negociaciones realizadas en diciembre de 2025 para que la Legislatura apruebe el pedido de endeudamiento. La propuesta también cuenta con el aval de la Justicia.
Lógicamente, en el asado hubo comentarios de los legisladores sobre las vacantes de los jueces de la Suprema Corte, que solo tiene ocupadas 3 de sus 7 sillas totales. Esto sucedió dado que nunca se cubrieron los vacíos que dejaron Héctor Negri, que falleció en 2020, Eduardo de Lázzari y Eduardo Pettigani, que se jubilaron en 2021, y Luis Genoud, que también abandonó el cargo en 2024. La ley expone que los reemplazos deben darse en los 15 días hábiles posteriores a la salida de un magistrado, pero el gobernador Axel Kicillof nunca envió ningún pliego. “Se habló de vacantes en la Corte, aunque nadie mostró apuro”, deslizaron.

Al igual que el endeudamiento, otro tema que genera preocupación dentro de los legisladores es el crecimiento de las apuestas online en menores de edad. Con casi dos años de no actuar, a mediados de septiembre Diputados activó la comisión de Ludopatía, cuya titular, la kirchnerista Micaela Olivetto, anticipó que en las próximas semanas buscarán unificar la veintena de proyectos de ley para que sean sancionadas en octubre. Otro ejemplo más de un trabajo legislativo que, a priori, trascendería las barreras ideológicas.
Lo que sí genera diferencias políticas, son las reformas electorales. A menos de cuatro meses de ingresar al próximo año, la provincia de Buenos Aires aún no definió cómo se votará en las elecciones del 2027. En este sentido, los legisladores coincidieron en que se deben motorizar antes del 31 de diciembre las iniciativas para definir el futuro de las PASO, si habrá o no habrá desdoblamiento, si se implementará la Boleta Única de Papel y si se atenderá el pedido de la Junta Electoral para modificar los tiempos en la presentación de listas, candidatos y boletas. “Eso tiene que salir sí o sí este año”, manifestó un comensal.
Por último, sobre los proyectos que ya pasaron por alguna Cámara con un amplio respaldo opositor y oficialista, el Senado tiene que votar la ley para fijar la permanencia de los beneficios impositivos para el Área Patagónica bonaerense, la ley Ema contra la violencia digital y la ley contra la discriminación. Las tres son originadas por el peronismo y recibieron media sanción de Diputados gracias a algún que otro voto de la oposición, pero solo la ley Ema lo hizo con una postura unánime de toda la Cámara.
En Diputados, está en el radar la adhesión a la Ley Nicolás, una normativa impulsada por el peronismo y La Libertad Avanza que apunta a prevenir errores en diagnósticos médicos y mejorar la seguridad sanitaria; la creación de un Sistema de Gestión de Riesgo ante desastres naturales, ante la amenaza del fenómeno climatológico conocido como “El Niño”, y la ley para frenar los episodios de violencia contra docentes y trabajadores de salud.





