Con un amplio temario que abarcará desde proyectos para hacerle frente al sobreendeudamiento familiar hasta leyes pedidas por la Suprema Corte de Justicia, las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense esta tarde oficializaron la convocatoria a la quinta sesión ordinaria del año, que tendrá lugar el martes 29 de septiembre a las 15 horas.
En las horas previas a dejar asentada la sesión, la Cámara baja presidida por el kirchnerista Alejandro Dichiara desplegó una nutrida agenda de comisiones para despachar el grueso de los expedientes que integrarán el orden del día del próximo martes. En tanto, también entrarán varias iniciativas que cuentan con media sanción del Senado. El rápido accionar parlamentario responde al pacto concretado esta semana entre oficialismo y oposición para reactivar la Legislatura bonaerense.
Uno de los ejes centrales de la sesión será el tratamiento del paquete de cuatro leyes destinadas a buscar soluciones al sobreendeudamiento con fintech y bancos, una problemática que atraviesan más de dos millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires.
En detalle, los expedientes tienen el objeto de reglamentar la prevención del hostigamiento y de las prácticas abusivas de cobranza; crear una instancia prejudicial obligatoria y un registro de proveedores; y modificar el procedimiento judicial en materia de sobreendeudamiento.
Durante los encuentros en las comisiones de Legislación General y de Usuarios y Consumidores, diputados peronistas, dialoguistas y de la Izquierda despacharon la tanda de proyectos que serán votados la semana que viene. No obstante, el PRO y UCR + Cambio Federal cuestionaron el tratamiento exprés que buscó imprimir el oficialismo y advirtieron que los expedientes requerían más tiempo de análisis, teniendo en cuenta el fuerte crecimiento de la toma de deuda para paliar la crisis económica
En ese sentido, la decisión de los bloques excambiemitas fue abstenerse de la votación en el plenario de comisiones para no obstruir los despachos de los cuatros proyectos de endeudamiento, y adelantaron que “seguramente” acompañarán las normativas en el recinto y sentarán postura en la sesión del martes. Por su parte, La Libertad Avanza directamente rechazó todas las iniciativas y cuestionó que el peronismo responsabilice a la gestión de Javier Milei por la escalada de casos de bonaerenses endeudados con bancos y billeteras virtuales.
Por otro lado, también entrará en el temario de la quinta sesión en Diputados el proyecto de ley consensuado por el peronismo, el radicalismo, el PRO y Unión y Libertad para modificar la ley que regula el Tribunal Fiscal de Apelación, el órgano de revisión encargado de resolver los conflictos entre los contribuyentes y la administración fiscal provincial (ARBA).
El proyecto de ley apunta a “optimizar el funcionamiento jurisdiccional” del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia. En rigor, se aumentaría de 1 a 3 la cantidad de relatores que asisten a los nueve vocales integrantes del organismo y además se instituye la aplicación de la Tasa de Actuación del 0,60% como contraprestación por el servicio de jurisdicción administrativa especializado.
El texto tiene su origen en diciembre de 2025, cuando se produjeron las negociaciones para aprobar el pedido de endeudamiento de Axel Kicillof, lo que conllevó a que se contemplen las casillas del Tribunal Fiscal. De ahí la novedad de una propuesta consensuada por el oficialismo y el ala dura de la oposición.
Este no es el único proyecto de tenor judicial que busca ser agilizado con la intención de que obtenga media sanción. En la próxima sesión ingresará el expediente elevado por Lucía Iañez (Fuerza Patria) y Valentín Miranda (UCR-Unión Cívica Radical) para descomprimir la agenda de juicios orales, al establecer la obligatoriedad de una audiencia preliminar durante los procesos judiciales.
Según explicó la propia Iañez en su tratamiento en comisiones la semana pasada, se trata de una propuesta que fue pedida expresamente por el propio miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, para “bajar el cuello de botella” que se produce previo a los juicios orales.
La normativa crear una “instancia oportuna” previa a la designación de la fecha del debate oral, fijada durante los 60 días posteriores a la fecha de la audiencia obligatoria, con la intención de concentrar todas las negociaciones y posibilidades de acuerdos alternativos en esa ventana de tiempo específica. De este modo, la fecha del juicio solo se programará después de que se sepa con certeza si el juicio realmente se va a hacer, o si el caso se cerrará mediante un acuerdo.
Sesión en Diputados: qué proyectos vienen con media sanción de la Cámara alta
Esta semana, un centro cultural de índole peronista ubicado en el centro de La Plata fue la sede de un encuentro entre las principales espadas legislativas oficialistas y opositoras, que dejó abierta una nueva instancia en este año parlamentario. Con un asado de por medio, los representantes de casi todos los bloques políticos coordinaron un esquema de trabajo mancomunado para acelerar la agenda de proyectos en ambas Cámaras, que tendrá efecto inmediato en la agenda del martes en Diputados.
El mitin fue organizado por el titular del bloque peronista en el Senado bonaerense, Sergio Berni, y sirvió para que cada espacio ponga sobre la mesa la necesidad de que la Legislatura brinde sanción definitiva a las normativas que encontraron consenso en alguno de los dos recintos.
“Los senadores se quejaban de que los diputados no aprobaban los proyectos con media sanción, y viceversa. Se llegó al compromiso de que ambos secretarios legislativos le den celeridad a los temas que vienen aprobados por unanimidad”, alegó uno de los presentes en la reunión.
En Diputados, está en el radar la adhesión a la Ley Nicolás, una normativa impulsada por el peronismo y La Libertad Avanza que para prevenir errores en diagnósticos médicos y mejorar la seguridad sanitaria; la creación de un Sistema de Gestión de Riesgo ante desastres naturales, ante la amenaza del fenómeno climatológico conocido como “El Niño”, y la ley para frenar los episodios de violencia contra docentes y trabajadores de salud.
