El diputado bonaerense de Unión, Renovación y Fe, Fabián Luayza, presentó un proyecto de solicitud de informes en la Cámara baja para que el Gobierno de Axel Kicillof brinde detalles sobre la calidad del agua destinada al consumo humano en la provincia de Buenos Aires y se suma a otros proyectos que ingresaron a la Legislatura en este 2025.
“El acceso al agua potable es un derecho humano esencial”, subrayó Luayza en los fundamentos del proyecto, y advirtió que el incumplimiento de ese derecho pone en riesgo la salud pública, particularmente en niñas, niños y adolescentes expuestos a contaminantes de origen natural o por prácticas productivas intensivas.
La iniciativa apunta a conocer la situación actual, especialmente en zonas rurales y periurbanas, donde persisten “desigualdades sustantivas” y se reportan altos niveles de contaminación con compuestos tóxicos como arsénico y nitratos.
En el texto, el legislador libertario exige información sobre los controles en el agua de red, los registros sistemáticos disponibles, las regiones en situación de riesgo sanitario y las medidas que aplica Kicillof para garantizar el acceso seguro al agua potable. Además, solicita detalles sobre campañas de concientización y prácticas seguras de consumo, sobre todo en contextos vulnerables donde no hay redes seguras.
En su presentación, Luayza citó la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano esencial y recordó la Observación General N.º 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exige que el agua sea “salubre, aceptable y asequible”.
“El objetivo es contar con una radiografía precisa del estado del agua en la Provincia, detectar zonas de riesgo y exigir que se garantice el acceso a agua segura como lo indica la ley”, explicó el diputado bonaerense por la Primera sección electoral.
Según datos citados en el escrito, más de siete millones de personas carecerían de acceso seguro al agua potable. Entre los principales riesgos sanitarios, Luayza mencionó la exposición prolongada al arsénico, que puede derivar en hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), lesiones cutáneas y diversos tipos de cáncer. También incluyó los efectos agudos de los nitratos en menores, como el síndrome del bebé azul, una enfermedad grave asociada a trastornos hematológicos.
“Los compuestos presentes en las aguas subterráneas, por causas naturales y por prácticas productivas intensivas, han sido identificados por organismos nacionales e internacionales como amenazas críticas para la salud pública”, remarcó el legislador de Unión, Renovación y Fe.
El pedido de informes de Luayza también hace foco en los mecanismos de control estatal sobre el agua de red y plantea la necesidad de contar con “registros sistemáticos” y “campañas educativas” que fomenten prácticas seguras de consumo, sobre todo en zonas que no cuentan con redes seguras o tienen sistemas deteriorados.
“La gestión de la calidad del agua requiere no solo de infraestructura adecuada y financiamiento sostenido, sino también de políticas públicas basadas en evidencia, sistemas de monitoreo periódicos, acceso a la información y participación ciudadana”, subrayó el legislador bonaerense.
Contaminación en el agua bonaerense
El pedido de Luayza se conoce luego de que el Concejo Deliberante de 9 de Julio, gobernado por la intendenta del PRO, María José Gentile, declarara la emergencia hídrica en el distrito tras constatar la presencia de arsénico en niveles muy por encima del máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 10 partes por billón.
Según estudios de la organización ‘Conciencia Agroecológica’, el agua en algunos sectores del distrito tiene concentraciones de arsénico entre 30 y 70 partes por billón, muy por encima del máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud, que es de 10 partes por billón. En algunas muestras analizadas por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), los valores se dispararon hasta entre 140 y 360 partes por billón.
Otra situación que motivó el pedido de informes legislativo fue el caso del arroyo Sarandí, en Avellaneda, cuyas aguas se tiñeron de rojo el pasado febrero. La diputada radical Viviana Dirolli, del bloque Acuerdo Cívico, presentó una solicitud para que el Ejecutivo detalle qué provocó el cambio de coloración y si representa un riesgo sanitario o ambiental.
Según el informe oficial, el Laboratorio de Ambiente Móvil de la Provincia detectó la presencia de anilina, una sustancia tóxica usada en la producción de tintes, barnices y herbicidas. La diputada pidió que se identifiquen las fuentes de contaminación y se tomen medidas urgentes para remediar el daño.
Asimismo, el bloque que responde a La Libertad Avanza en la Cámara del Senado bonaerense, de Carlos Curestis, presentó un proyecto de declaración en la Legislatura por los cortes del suministro de agua potable en la provincia de Buenos Aires y por la “ineficiencia en el servicio de cloacas” que prevé Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
“Numerosos habitantes de la provincia de Buenos Aires están siendo víctimas de la enorme deficiencia de la empresa ABSA”, fustigaron los libertarios bonaerenses y destacaron que hubo casos en los municipios de Carlos Tejedor, General Villegas y Carlos Casares.
