Alberto Fernández arrancó el año con un pedidode juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y mañana, luego de su viaje oficial a Brasil para participar de la jura de Lula da Silva, buscará mostrar fortaleza en un acto en Casa Rosada al que fueron convocados los gobernadores.
El Presidente quiere repetir la foto con los mandatarios que logró luego del fallo de la Corte que benefició a la Cudad de Buenos Aires en su reclamo por fondos de la coparticipación federal que el Gobierno nacional le había quitado en medio del levantamiento policial ocurrido durante la pandemia de Covid.
Es más, Alberto Fernández pretende una postal no sólo con los gobernadores cercanos al oficialismo, sino que también quiere sumar a los peronistas disidentes Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba) y los que responden a fuerzas locales, aunque todavía no hay confirmación oficial de asistencias.
Una de las variantes que analiza el Presidente es la conformación de la una comisión redactora del juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Es decir, sumar a los gobernadores a la confección de un texto definitivo que deberá ser presentado en el Congreso nacional.
Vale destacar que, Alberto Fernández sabe de antemano que el juicio político contra todos los integrantes de la Corte no tiene muchas chances de prosperar, dado que el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de los votos por la extrema paridad que hay en la Cámara de Diputados.
En este sentido, la diputada oficialista Carolina Gaillard, que preside la comisión de Juicio Político, sostuvo que la decisión de Alberto Fernández “es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para investigar” el posible mal desempeño de los magistrados, y afirmó que el Frente de Todos tiene mayoría” en la comisión.
En este contexto, el bloque oficialista podría avanzar con la “apertura” del “sumario”, pero no conseguiría las voluntades necesarias en el recinto. ”Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura”, afirmó Gaillard en declaraciones radiales.
Alberto Fernández durante la tarde de ayer, argumentó su pedido y expresó su “preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes”.
De manera puntual, el jefe de Estado volvió a apuntar contra el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la disputa por los fondos de la coparticipación federal. “Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación convierte en un hecho de intromisión en otros poderes”, consideró.
Con relación a Rosatti, Alberto Fernández sostuvo que “tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso”. “Uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho”, añadió.
Asimismo, el Presidente marcó que el juicio político contra la Corte es algo de lo que está “absolutamente convencido”. “Planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero no lo hace y hemos llegado a una situación límite”, afirmó Alberto Fernández que buscará el respaldo de los gobernadores.
“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”, había adelantado Alberto Fernández ayer.
El conflicto de fondo está planteado por el fallo en el que la Corte dispuso que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
La resolución de la Corte del pasado 21 de diciembre fue cuestionada tanto por Casa Rosada como por 18 mandatarios provinciales. Es más, Alberto Fernández primero planteó que no iba a acatar la sentencia del Máximo Tribunal, pero luego propuso un pago a través de bonos públicos.
