La senadora bonaerense del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Florencia Arietto, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de agilizar la restitución de bienes usurpados a sus propietarios.
En la texto, Arietto pide modificar el artículo 231 bis de la Ley Provincial 11.922, así como del Código Procesal Penal, que establece como novedad la restitución inmediata del inmueble a los propietarios que sufrieron usurpaciones, a partir de la acreditación de la titularidad mediante la escritura pública correspondiente.
De esta manera, si la víctima acredita ser el legítimo propietario del inmueble producto del ilícito mediante una escritura pública, el juez, a solicitud del fiscal, del particular damnificado o de la víctima, deberá restituirla de forma inmediata a su propietario, cuando hasta ahora dicho proceso solía durar meses o, incluso, años.
“Al establecer un procedimiento claro y un plazo específico para la restitución de inmuebles, se fortalece la seguridad jurídica tanto para las víctimas de usurpación como para el sistema de justicia en su conjunto, reduciendo la incertidumbre y promoviendo la confianza en las instituciones judiciales”, alegó Arietto.
Según la senadora de la bancada violeta, la usurpación de inmuebles constituye una violación grave que tiene profundas implicancias sociales y económicas para las víctimas, por lo que, al modificar el Código Procesal Penal, se agiliza y simplifica el proceso de restitución, protegiendo un derecho constitucional esencial como es el de la propiedad privada.
Por caso, según informes del Ministerio de Seguridad de la Nación y las Estadísticas Penales del Ministerio Público de Buenos Aires, en territorio bonaerense se registraron al menos 14.100 casos de casas usurpadas durante el 2024, último año en el cual se tienen registros.
En ese marco, los últimos informes de los que se tiene registro indicaron que las más de 14.000 unidades afectadas se concentraron mayoritariamente en el Conurbano bonaerense, liderando el ranking de municipios el sur de Quilmes y el oeste de Moreno, como zonas críticas.
Frente a este escenario, Arietto destacó que “al proporcionar un mecanismo más rápido, transparente y eficiente para la restitución de la propiedad, se contribuye a la seguridad jurídica, a la paz social y se protege el derecho a la propiedad privada en todas sus formas, aspectos fundamentales para el desarrollo y estabilidad de la comunidad”.
“Este enfoque no solo beneficia a las víctimas individuales, sino que también refuerza el Estado de derecho y promueve un ambiente de respeto hacia las normas jurídicas y los derechos de los ciudadanos”, concluyó la legisladora por la Tercera Sección Electoral en los considerandos de la iniciativa.
Vale precisar que, la iniciativa de la senadora bonaerense va en línea con el texto “Inviolabilidad de la Propiedad Privada“, que giró el Ejecutivo nacional al Congreso, y que recientemente defendió en comisiones el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que pretende agilizar el sistema de desalojo, así como reforzar otra batería de leyes.
Sobre la ley de expropiaciones, la normativa de la administración mileísta establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del título, donde se incluyen las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.
En el proyecto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y todos sus ministros, también se pretende eliminar los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, como se estableció en una ley aprobada en el 2011, durante la administración de Cristina Kirchner, entre otras cuestiones relacionadas a la propiedad privada.
Leguizamón también presentó una ley para defender a los propietarios frente a las usurpaciones
En la misma sintonía, el senador bonaerense del PRO, Marcelo “Chuby” Leguizamón, propone modificar el artículo 177 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires para que se simplifiquen los trámites administrativos vinculados a los inmuebles usurpados. En efecto, el proyecto propone otorgar exenciones impositivas y beneficios administrativos a los propietarios hasta tanto se resuelva la situación de ocupación y legal y puedan recuperar su propiedad.
En ese sentido, el senador del PRO pretende incorporar al Código Fiscal bonaerense un inciso en las exenciones del impuesto inmobiliario, para que no tengan que pagar esta carga impositiva los propietarios de “inmuebles que tengan denuncia penal por delito de usurpación, presentando copia certificada de la denuncia”.
Asimismo, el legislador Leguizamón también propuso que todos los trámites administrativos en organismos provinciales que realice la víctima de la toma de tierra relacionada con la propiedad usurpada, sean gratuitos. “Esto incluye a inscripciones y consultas en el Registro de la Propiedad Inmueble y emisión de certificados catastrales”, señaló.
Por último, la mano derecha del exintendente platense Julio Garro sumó a su proyecto que todo aquel que haya participado en el delito de toma de tierra o que hayan sido sorprendidos en flagrancia cometiéndolo, no podrán acceder a ningún beneficio otorgado por el Estado bonaerense.
“Esto son asignaciones, subsidios o prestaciones. Tampoco podrán ser beneficiarios de políticas de desarrollo territorial, urbano o habitacional de jurisdicción provincial ni de ningún tipo de tarifa social en los servicios públicos prestados por el Estado provincial o sus concesionarios”, cerró Leguizamón.
