La madrugada del 16 de diciembre del 2022 será recordada por el corolario de conflictos que tuvo que sobrepasar el gobierno de Axel Kicillof para alcanzar la sanción del Presupuesto 2023 y la Ley Impositiva. El combo explosivo que atentó en todo momento contra el inicio de la labor en los recintos de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense inició con la pelea por los fondos para los municipios, siguió con incidentes por asignaciones familiares y terminó con otra disputa por cargos en el Servicio Penitenciario.
De manera escalonada se fueron suscitando una serie de acontecimientos que pusieron en duda la doble sesión en la Legislatura bonaerense incluso pasada la media noche de este jueves, a más de 13 horas de la convocatoria para el comienzo de la jornada en la Cámara de Diputados.
Cuando parecían acomodarse las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) devenido en Programa Municipios a la Obra, un cambio de nombre para darle continuidad a la campaña comunicacional del gobierno de Kicillof, que incluyó un generoso monto de $45.500 millones, aparecieron disidencias en el nuevo Código Único de Distribución (CUD).
Como adelantó este medio, los equipos de Juntos se dedicaron a analizar los números finos del indicador que se utiliza para distribuir un conjunto de fondos coparticipables entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. De ese estudio, surgió que un conjunto de distritos opositores sufrirían una sangría considerable de recursos, lo que llevó a los intendentes frenar la sesión doble.
En Juntos primaba la idea de hacer una contrapropuesta al Ejecutivo bonaerense para ponerle un tope de 5% a esa baja de recursos. Sin embargo, se llegó a un punto intermedio de compensar las pérdidas a través de Adelantos del Tesoro Provincial (ATP). Si bien no contentó del todo a los intendentes, desde ambos campamentos dieron el visto bueno para avanzar con la propuesta.
En tanto, mientras terminaba de delinearse la letra chica del modo en que se iban a repartir de los fondos para los municipios durante el ejercicio venidero, un tumulto de trabajadores enrolados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) se plantó en las inmediaciones del parlamento provincial en pedido de un aumento en las asignaciones familiares.
La cruzada, que incluyó piedrazos en las ventanas de la presidencia de la Cámara de Diputados y dejó el saldo de varios empleados heridos, arrancó al mediodía sobre calle 8. El reclamo del sindicalismo fue que se modifique la ley 14.656 que habilitó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires a establecer el valor de las asignaciones familiares por debajo del monto que fija la Anses.
En medio de la tensión, los que salieron a dialogar con los municipales fueron los diputados del Frente de Todos Ariel Archanco y Soledad Alonso para intentar aplacar la encendida protesta de los integrantes de Fesimubo, aunque sin éxito. Los ánimos recién se calmaron sobre las 18 horas cuando llegó una propuesta concreta para el sindicato.
Fue por medio de un proyecto de ley bajo la firma de Alonso, que el Gobierno de Kicillof amagó con modificar el artículo 6 inciso j de la ley 14.656 para que los trabajadores recompongan el derecho a los subsidios y asignaciones familiares conforme a la legislación nacional.
“El trabajador y la trabajadora gozará de asignaciones familiares por cargas de familia y sus derecho-habitantes a subsidios por fallecimiento, de conformidad con lo que la legislación nacional en materia laboral establezca en carácter general”, indica el artículo 2° del texto que llevó calma a las inmediaciones de la Legislatura bonaerense, aunque no fue tratado en el recinto y podría desencadenar otro enfrentamiento.
Sin embargo, este no fue el último contratiempo del superjueves legislativo. Una vez que se desconcentró la manifestación, los legisladores del oficialismo y la oposición realizaron el primer intento por avanzar con el temario en labor parlamentaria pero aparecieron discrepancias en torno a la creación de siete mil nuevos puestos en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Desde la oposición reclamaron que los puestos fueran cubiertos a medida que estén las plazas disponibles en las cárceles o alcaidías, algo que ya venían solicitando en la mesa de negociación que lideró este último tiempo el jefe de Gabinete Martín Insaurralde. La disputa aplazó aún más el arranque de la sesión en Diputados y no fue hasta cerca de las 10 de la noche del jueves que se estableció bajar el número a 2.500 cargos.
Una vez que cesaron los ruidos y las disputas entre los bloque mayoritarios del Frente de Todos y Juntos, los legisladores bajaron al recinto para pedir un cuarto intermedio con motivo de cerrar el texto definitivo de la Ley de Leyes y consensuar el temario que incluiría también la esperada Ley de Alcohol Cero al Volante.
En ese momento, el clima se volvió a tornar tenso por los familiares de víctimas de siniestros viales que desde la mañana aguardaron el desenlace del derrotero que protagonizó la tropa legislativa. Desde muy temprano llegaron al Palacio de La Plata para aguardar la sanción del proyecto de alcohol cero que venía con media sanción del Senado bonaerense.
Finalmente, la Ley de Alcohol Cero al Volante fue una de las primeras iniciativas que se votaron cuando los legisladores volvieron a bajar, pasada la una de la mañana. El texto, pasó a la Cámara alta luego de que se le incorporaran modificaciones y fue sancionada.
