Antes de dar por concluida la pesquisa, el fiscal federal Carlos Rívolo en las últmas horas solicitó, entre otras medidas de prueba, recuperar el contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el intento de asesinato de la vicepresidenta nacional, Cristina Kirchner, el 1 de setiembre pasado.
Según fuentes judiciales, la Justicia también trabaja en otras diligencias vinculadas a la eventual responsabilidad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en los hechos y la identificación de un usuario de Twitter que se atribuyó la planificación del atentado a Cristina Kirchner en un mensaje enviado a la organización de ultraderecha Revolución Federal.
La afirmación del fiscal quedó asentada en la respuesta enviada a la jueza María Eugenia Capuchetti y en relación a un fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña, que consideró oportuno el pronto envío de la parte principal del caso a la etapa de juicio oral y público, por entender “agotada” la investigación del atentado a Cristina Kirchner.
Cabe destacar que, Capuchetti ofició al fiscal Rívolo, que tiene delegada la causa del atentado a Cristina Kirchner, y le adjuntó una copia de lo resuelto por la Cámara para ponerlo al tanto de esa directiva, la cual manifestó compartir, con el fin de que procediera en consecuencia.
“Se están produciendo y llevando adelante numerosas diligencias y medidas de prueba que esta Fiscalía consideró indispensables para el pronto avance de la causa”, respondió el fiscal Rívolo a través de un escrito en el que también aclaró que la jueza puede reasumir la instrucción del atentado a Cristina Kirchner.
En esa clave, el fiscal Rívolo aclaró que solicitó “realizar un nuevo peritaje sobre el teléfono celular secuestrado a Sabag Montiel al momento de su detención, instantes después de cometer el hecho por el que se encuentra procesado con prisión preventiva”.
“Se inició un proceso de búsqueda de una solución tecnológica que permita acceder al contenido de ese teléfono con el menor riesgo posible de tornarlo inutilizable para un eventual peritaje futuro“, remarcó Rívolo.
Además, fuentes vinculadas a la investigación del atentado a Cristina Kirchner detallaron que por fuera del peritaje del teléfono de Sabag Montiel hay otras medidas de prueba en curso vinculadas a él, a la supuesta coautora del hecho, Brenda Uliarte, y al tercer acusado, Gabriel Carrizo, que está procesado como partícipe secundario.
Cabe destacar que, en el expediente, se acreditaron contactos entre una joven que suscribía a Revolución Federal y Uliarte en los meses previos al atentado a Cristina Kirchner, aunque la primera declaró como testigo que intercambiaron mensajes después de que la imputada se hiciera “viral” por una entrevista.
El testimonio de esa joven motivó que la querella reclamara una serie de medidas de prueba vinculadas con Revolución Federal, cuyos líderes están procesados por incitación a la violencia en otro expediente, para confirmar o descartar si ese espacio pudo haber tenido vinculación con el atentado a Cristina Kirchner.
En ese sentido, el 24 de febrero, el fiscal Rívolo requirió a la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal (UFECI) que identifique a quien hubiera utilizado la cuenta de Twitter identificada como @juanargento.
Desde esa cuenta, Revolución Federal recibió minutos después del atentado a Cristina Kirchner el mensaje que decía: “¿Lo hicimos bien? Lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa, con un extranjero. Igual no tenía balas, es solo para que corran”.
Otra de las medidas que están en curso en la causa del atentado a Cristina Kirchner tiene que ver con el reclamo de la querella para que se investigue si, por acción u omisión, la Policía de la Ciudad pudo haber tenido alguna responsabilidad en el intento de homicidio de la Vicepresidenta.
Finalmente, en los últimos días, la fiscalía recibió un listado de unos 300 números de teléfono de los policías porteños que estuvieron apostados en las inmediaciones del edifico de Recoleta en el que habitó la Vicepresidenta entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre, día posterior al atentado a Cristina Kirchner.
