La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo rechazaron ordenar nuevas medidas de prueba en relación a la llamada “pista Milman” en la causa por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, al no hacer lugar a un planteo de la querella.
En ese sentido, la jueza consideró como “irrazonable” dictar una medida de prueba contra el diputado nacional del Pro, Gerardo Milman, cuando el fiscal que tiene delegada la investigación “ha manifestado que el grado de convicción que asigna a las pruebas que componen la línea investigativa, no superan siquiera el examen para realizar las medidas que le fueron propuestas”.
De esta manera, Capuchetti rechazó realizar medidas de prueba pedidas por la defensa de Cristina Kirchner para profundizar la investigación sobre una supuesta manipulación y el borrado de los celulares de Milman y dos de sus asesoras. En rigor, la querella sostiene que el dispositivo celular del legislador opositor podría agregar una prueba “esencial” en la investigación.
“Realizar la prueba es imperante, ninguna prueba desincriminó para nada a Gerardo Milman”, sostuvo el abogado de la querella, Marcos Aldazábal, al exponer ante los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, en una audiencia realizada en junio de este año.
No obstante, los investigadores de la cacusa del atentado a Cristina Kirchner rechazaron “de momento” disponer esas medidas a la espera que otras que están en curso y de una decisión de la Cámara Federal porteña vinculada a un planteo para secuestrar el celular de Milman.
Vale recordar, que la denominada “pista Milman” surgió luego de que Jorge Abello, asesor del diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, asegurara ante la Justicia que, dos días antes de producirse el atentado a Cristina Kirchner, escuchó al legislador del PRO en el bar Casablanca pronunciar la frase “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.
En un escrito presentado esta semana, los abogados de la Vicepresidenta José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal reclamaron urgentes medidas de prueba en torno a la declaración de la exasesora de Milman, Ivana Bohdziewicz, quien reveló la existencia de una reunión para borrar información de los celulares.
“La tramitación del recurso relativo al secuestro del celular de Gerardo Milman no constituye razón alguna para paralizar la investigación de la línea vinculada con el diputado nacional”, advirtieron los letrados, en relación con la causa del atentado a Cristina Kirchner.
En esa línea, la defensa de Cristina Kirchner reclamó medidas de prueba sobre el edificio de avenida de Mayo 953 en cuyo tercer piso “Milman, y sus asesoras Gómez Mónaco y Bohdziewicz habrían destruido o alterado pruebas vinculadas con esta investigación, y un perito habría colaborado con esta tarea”.
“Es de público conocimiento que allí funciona el Instituto de Estudios Estratégicos, que dirige Patricia Bullrich y del que también es parte Gerardo Milman“, enfatizaron desde la querella de la expresidenta.
Al responder al pedido de pruebas, la fiscalía sostuvo que “al menos hasta el momento no existe, de los elementos recabados, indicio alguno de que los teléfonos celulares registraren elementos de interés vinculados con el planeamiento y/o la ejecución del intento de homicidio contra la Vicepresidenta de la Nación”.
