Este lunes, el Gobierno nacional rechazó de cuajo el recurso presentado por las autoridades de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) para suspender la licitación de cuatro tramos de rutas nacionales hasta que se investigaran las supuestas irregularidades denunciadas por la empresa estatal bonaerense. La decisión fue oficializada a través del Decreto 411/26, firmado por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, y habilita la continuidad del proceso de concesión impulsado por la administración libertaria.
La medida impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires ya que AUBASA había participado de la Licitación Pública Nacional e Internacional correspondiente a la Red Federal de Concesiones – Etapa II, con la intención de quedarse con parte de la red vial puesta en licitación por el Gobierno nacional. Sin embargo, Casa Rosada la excluyó en la etapa de selección final.
El decreto emitido por el Gobierno nacional rechaza el planteo que la empresa estatal bonaerense había presentado en abril de este mismo año para solicitar la suspensión del proceso licitatorio hasta que se aclararan las presuntas irregularidades que, según denunció, afectaron el desarrollo de la convocatoria.
Con esta resolución, el Ejecutivo de Milei dio por agotada la vía administrativa del reclamo, por lo que la licitación de las rutas nacionales podrá avanzar sin modificaciones. De todas maneras, las autoridades de AUBASA aún conservan la posibilidad de recurrir a la Justicia para intentar revertir la decisión.
La controversia se hizo pública a comienzos de abril, cuando la empresa bonaerense dio a conocer la impugnación formal de la licitación y alegar que había sido excluida del proceso de selección de manera arbitraria. Según expuso AUBASA, la oferta presentada fue descartada injustamente, pese a que la empresa había manifestado interés en operar los corredores viales incluidos en la convocatoria nacional.
En total, se presentaron diez ofertas para participar de la licitación y cuatro fueron rechazadas desde el inicio, entre ellas la de AUBASA. Desde el Gobierno nacional sostuvieron que la exclusión respondió a “cuestiones técnicas y objetivas” derivadas del incumplimiento de requisitos considerados esenciales dentro de los pliegos licitatorios.
Sin embargo, desde la administración bonaerense cuestionaron el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, denunció que las condiciones de contratación fueron modificadas una vez iniciado el proceso y señaló que las autoridades nacionales alteraron 33 artículos del pliego original apenas una semana antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas.
Bajo el criterio de Provincia, esos cambios afectaron las condiciones bajo las cuales se desarrolló la licitación y motivaron la impugnación presentada por AUBASA. No obstante, con el rechazo formalizado por el Gobierno nacional, el conflicto entre la administración de Axel Kicillof y la de Milei quedó trasladado al plano judicial, única instancia que podría revisar ahora los cuestionamientos planteados por la empresa bonaerense.
El Gobierno de Milei justificó la exclusión de AUBASA de la concesión de rutas nacionales
Es preciso mencionar que, a mediados de abril, el Gobierno nacional compartió los motivos por los que excluyó a AUBASA de la concesión de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la Secretaría de Transporte, el esquema licitatorio requería que las compañías demostraran experiencia en la ejecución directa de obras públicas, con estructura propia, personal técnico y recursos materiales, sin depender de contratistas externos.
En ese sentido, desde Nación señalaron que la presentación de AUBASA “da cuenta principalmente de tareas de operación”, pero que no acredita antecedentes suficientes en materia de construcción vial bajo las condiciones requeridas. En línea con esa interpretación, la diferencia entre operar corredores y ejecutar obras resultó determinante al momento de evaluar las propuestas, por lo que el Gobierno sostuvo que la concesión “no solo implica administrar peajes o mantener servicios, sino también afrontar ampliaciones, reparaciones y trabajos de infraestructura de gran escala”.
Otro de los cuestionamientos estuvo centrado en la situación económico-financiera de la compañía, ya que desde el Ejecutivo nacional explicaron que el pliego establecía indicadores objetivos para medir endeudamiento, liquidez y solvencia patrimonial, con el fin de garantizar que los futuros concesionarios pudieran asumir el riesgo empresario sin recurrir a respaldo estatal. En ese marco, indicaron que AUBASA presentó un ratio de endeudamiento del 3,75%, muy por encima del máximo permitido de 1,50%.
Para la administración libertaria, ese nivel de pasivos “evidencia una situación de fragilidad financiera incompatible con las exigencias del proceso”. Bajo ese criterio, Nación entendió que la firma bonaerense no reunía condiciones suficientes para hacerse cargo de corredores estratégicos dentro de un esquema que promueve inversión privada y autosustentabilidad económica.
