En las últimas horas, el Ministerio de Economía bonaerense estableció un nuevo esquema para identificar, registrar y proteger los inmuebles del Estado a partir de la implementación del Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público previsto por la Ley Fiscal Impositiva 2026, una medida que se superpone con un proyecto ingresado recientemente a la Legislatura por la diputada massista Sofía Vannelli, que propone crear una Agencia de Administración de Bienes del Estado para concentrar la información y gestión de las propiedades provinciales.
La medida provincial establece que la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad será la encargada de poner en funcionamiento el registro y de dictar las disposiciones técnico-registrales y administrativas necesarias para su implementación, mientras que la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales tendrá a su cargo recibir los antecedentes, realizar la calificación jurídica de los bienes y gestionar su incorporación.
Según la nueva disposición firmada por el ministro de Economía, Pablo López, serán considerados inmuebles del dominio público provincial aquellos que sean de titularidad de la Provincia de Buenos Aires y estén afectados al uso público, además de los edificios a los que una ley les otorgue expresamente ese carácter. En rigor, el registro estará orientado específicamente a identificar y proteger este tipo de bienes.
Uno de los principales objetivos será realizar un relevamiento integral de los inmuebles que se encuentran bajo administración o custodia del Estado bonaerense, para lo cual los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán informar a la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales cuáles son las propiedades que se encuentran bajo su órbita que podrían pertenecer al dominio público provincial.
Para avanzar con esa tarea, los organismos deberán aportar los antecedentes catastrales, cartográficos y técnicos disponibles, además de información sobre el uso y destino de cada inmueble y las eventuales concesiones otorgadas, documentación que luego será analizada por la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales para determinar si corresponde incorporar cada propiedad al nuevo registro.
La resolución también le otorga a esa Dirección el poder de policía administrativa con fuerza ejecutoria sobre los bienes del Estado provincial, de manera que, ante conductas que modifiquen, perturben o afecten esos inmuebles, podrá disponer medidas para restituir las condiciones preexistentes en forma directa y a costa del infractor, incluso con la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública.
Pese a que la disposición del Ejecutivo bonaerense está relacionada con el proyecto presentado por Vannelli, ambos textos tienen alcances diferentes. Por el lado de la legisladora, la alfil del Frente Renovador propuso crear la Agencia de Administración de Bienes del Estado como un organismo descentralizado dentro del Ministerio de Economía, con el objetivo de concentrar la información, administración y control de los inmuebles y muebles registrables que forman parte del patrimonio provincial.
Uno de los elementos centrales de la iniciativa de Vannelli es precisamente la creación de un Registro de Bienes del Estado que permita reunir información sobre las propiedades provinciales, incluyendo su existencia, ubicación, condiciones de uso y destino. Para conformarlo, las distintas jurisdicciones y entidades alcanzadas por la propuesta deberían informar los inmuebles que tengan bajo su órbita y las condiciones en las que son utilizados.
En ese sentido, tanto la resolución firmada por López como la iniciativa de la legisladora coinciden en la necesidad de centralizar y sistematizar información sobre los bienes del Estado, además de requerir que los organismos públicos informen sobre los inmuebles que administran. Sin embargo, el nuevo registro dispuesto por el Ministerio de Economía está específicamente destinado a los inmuebles que integran el dominio público provincial, mientras que la agencia planteada por Vannelli busca un alcance más amplio sobre el patrimonio inmobiliario y los muebles registrables del Estado.
La diferencia también aparece en las funciones previstas, ya que la nueva disposición establece mecanismos para identificar, registrar y proteger jurídicamente los bienes del Estado, mientras que el proyecto de Vannelli propone la creación de una entidad con facultades de administración y disposición, que incluya la posibilidad de asignar y reasignar inmuebles entre organismos, intervenir en operaciones de adquisición, enajenación, locación o transferencia de uso y controlar de manera permanente el estado de los edificios.
Además, el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados contempla un Servicio de Auditoría de Inmuebles para verificar el mantenimiento, ocupación, custodia, conservación y uso racional de las propiedades, así como mecanismos para detectar inmuebles subutilizados, innecesarios o utilizados de manera inadecuada.
Al mismo tiempo, Vannelli plantea que determinados bienes sin destino puedan ser utilizados por organismos públicos o instituciones privadas para actividades de interés general, y que los inmuebles desafectados puedan, con las autorizaciones correspondientes, destinarse a emprendimientos de interés público.
Por último, Vannelli propone que los recursos obtenidos mediante la administración de los inmuebles, por ejemplo, a través de enajenaciones, locaciones o transferencias de uso, se distribuyan en un 70% para la jurisdicción o entidad que tenga la custodia efectiva y un 30% para el Tesoro provincial, mientras que su proyecto también contempla el aprovechamiento de eventuales incrementos de valor de las propiedades para financiar obras de urbanización, viviendas, servicios básicos, infraestructura educativa, sanitaria y vial.
