El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que enfrenta al gobierno de Javier Milei con el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano. Este fallo se produce en medio de un clima de creciente tensión, generado por la falta de acuerdo entre las partes sobre la paritaria del sector. La medida, que obliga al gremio a suspender las medidas de fuerza que había iniciado, tiene una duración inicial de 15 días, prorrogables por otros cinco.
La administración libertaria resolvió dictar la conciliación obligatoria para evitar que las medidas de fuerza afectaran la normal operación de las empresas que integran la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).
La decisión de la Secretaría de Trabajo fue respaldada por un comunicado firmado por Mara Mentoro, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, que ordenó retrotraer la situación “a la existente con anterioridad al inicio del conflicto” durante el período de la conciliación.
El Sindicato de Camioneros había comenzado una serie de acciones de protesta luego de no llegar a un entendimiento con la actual conducción nacional en la negociación salarial. El conflicto se originó cuando, tras una reunión con las autoridades de Trabajo, el gremio no consiguió la homologación de un acuerdo paritario que preveía un incremento del 8,5% para el trimestre diciembre-febrero. Esta cifra superaba la pauta oficial del 1% mensual establecida para los primeros meses de 2025.
Ante la negativa, Jorge Taboada, secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, había anunciado que tomarían medidas de fuerza. A partir de ese momento, el sindicato inició las acciones directas en todas las ramas del convenio colectivo, advirtiendo que el Gobierno sería “responsable de las consecuencias”.
Este conflicto se sumó a otro similar con el sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, que también había amenazado con un paro de 24 horas, y ante el cual, la gestión Milei se adoptó una postura similar. En ambos casos, el Gobierno nacional busca garantizar el normal funcionamiento de los sectores productivos afectados.
Vale remarcar que la última reunión entre las partes había sido tensa y breve. Aunque duró menos de una hora, los representantes del gremio y los empresarios no lograron acercar posiciones. El Gobierno se negó a avalar la última oferta empresarial de un incremento del 8% (con un 3% en diciembre, un 2,5% en enero y otro 2,5% en febrero), lo que generó malestar en el sector sindical.
El Sindicato de Camioneros, por su parte, mantiene su reclamo de un aumento del 15% trimestral, desglosado en un 5% por mes, además de un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social. Mientras tanto, los empresarios elevaron su oferta inicial, que pasó de un 3% a un 8%, y ofrecieron un bono de $600 mil, aunque el gremio sigue insistiendo en la cifra de $650 mil.
Camioneros anunció medidas de fuerza ante la negativa del Gobierno de convalidar el aumento paritario
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, liderada por Hugo Moyano, había anunciado que, a partir de este jueves, implementaría medidas de acción directa en todas las ramas de la actividad, debido a la negativa del Gobierno de convalidar el aumento salarial acordado con las empresas. En un comunicado, el gremio expresó que cualquier consecuencia de estas medidas sería responsabilidad del oficialismo.
Camioneros también había manifestado que “no se podía permitir” que el Ministerio de Economía coartara la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las cámaras del sector y que se les impidiera seguir viviendo “con la dignidad que se merecen”.
El conflicto se originó porque el Gobierno no había habilitado un aumento salarial del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero), al considerar que esa cifra atentaba contra las proyecciones inflacionarias del Gobierno. Según trascendidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, había transmitido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que debía evitar homologar acuerdos salariales que superaran el 1% mensual.
En las primeras reuniones con las tres cámaras empresarias del transporte de cargas, Moyano había solicitado un bono de fin de año de $650.000 y un aumento salarial del 5% mensual, muy por encima de las proyecciones inflacionarias del Ministerio de Economía. Tras varias negociaciones, los empresarios lograron reducir el monto del bono a $600.000, abonable en cuatro cuotas, y se llegó a un acuerdo entre las partes. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo se resistió a homologarlo, lo que impidió a las empresas abonar el incremento negociado hasta obtener la aprobación del Gobierno.
