Este viernes, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), cuestionó con dureza la aprobación del endeudamiento provincial solicitado por Axel Kicillof y respaldado por los distintos bloques que integran la Legislatura bonaerense.
Es preciso mencionar que, los cuestionamientos al poder legislativo bonaerense de CARBAP llegaron a través de un comunicado en que denuncia que la votación ocurrió “a la madrugada y a espaldas de la sociedad”, atribuye responsabilidad tanto al oficialismo como a sectores de la oposición que acompañaron la iniciativa, y advierte que los recursos “no están orientados a un plan de desarrollo claro”, sino a ampliar estructuras políticas.
En el documento difundido por la entidad ruralista titulado “Cargos para la política, deuda para los bonaerenses“, se critica que el proyecto de endeudamiento, que trepa hasta los USD 3.700 millones, haya sido avalado sin una estrategia transparente y sin lineamientos explícitos sobre el destino de los fondos, dado que la negociación legislativa se centró en cargos y beneficios políticos en lugar de atender las urgencias estructurales que atraviesa la provincia de Buenos Aires.
En tanto, CARBAP sostuvo que la aprobación del endeudamiento estuvo acompañada por la ampliación del directorio del Banco Provincia y la creación de nuevos cargos políticos, una decisión que, a su entender, profundiza las prácticas que la sociedad cuestiona. En ese sentido, apuntó a los legisladores que avalaron la maniobra y los responsabilizó por priorizar acuerdos partidarios en un contexto en el que los bonaerenses enfrentan carencias críticas.
En ese sentido, CARBAP enumeró algunos de los problemas que afectan al interior bonaerense, como las rutas deterioradas, la falta de obras hídricas, las deficiencias en infraestructura escolar y hospitalaria y el deterioro de los servicios públicos, y bajo ese escenario, calificó de “inadmisible” que la Legislatura bonaerense haya enfocado su energía en “acomodar nombres” en lugar de impulsar soluciones de fondo.
Para la organización agropecuaria, endeudar a la Provincia solo resulta válido cuando esos fondos se aplican a obras estratégicas y proyectos productivos que generen impacto a largo plazo, con mecanismos claros de auditoría, y no cuando se destinan a ampliar estructuras políticas o financiar gastos corrientes. Así, CARBAP enfatizó que esa es la única manera de garantizar que la deuda no recaiga injustamente sobre los contribuyentes, y que pueda traducirse en mejoras concretas.
Por caso, el comunicado de CARBAP también remarca que los acuerdos alcanzados durante la sesión legislativa no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, ya que replican viejas prácticas políticas que están alejadas de las verdaderas necesidades productivas, sociales y de infraestructura del territorio provincial. En ese marco, la entidad enfatizó que la votación nocturna que llevó a cabo la Legislatura bonaerense es “una muestra más de la falta de diálogo y transparencia”.
Asimismo, la organización expresó que en una provincia que demanda inversiones sostenidas para sostener su matriz productiva, el endeudamiento debería ser una herramienta de desarrollo y no un recurso para aumentar el tamaño del Estado político. Por ello, remarcó su preocupación por el modo en que se decidió la autorización, y por el mensaje que deja hacia el futuro.
Finalmente, CARBAP llamó a que la próxima conformación legislativa abandone este tipo de prácticas y actúe “de frente a la sociedad”, promoviendo un uso responsable de los recursos y priorizando políticas de largo plazo. La entidad concluyó que solo con planificación, transparencia y controles estrictos será posible garantizar que el endeudamiento no vuelva a convertirse en una carga para los bonaerenses, sino en una oportunidad para resolver los problemas estructurales que arrastra la provincia.
Endeudamiento: cómo se aprobó el proyecto que cuestionó la CARBAP
Durante la madrugada del jueves, las Cámaras de Diputados y del Senado bonaerense aprobaron con los dos tercios de los votos el pedido de endeudamiento por USD 3.685 millones del gobernador Axel Kicillof, tras una jornada plagada de negociaciones, reclamos de un intendente en ejercicio que quería volver a su banca y cuartos intermedios que demoraron casi diez horas el inicio de la sesión.
De esta manera, Kicillof logró aprobar el paquete fiscal presentado en noviembre: el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la denominada “ley de financiamiento“. En paralelo, ambas Cámaras aprobaron la reforma a la Carta Orgánica del Banco Provincia para sumar seis cargos al organigrama, uno de los ejes que desató el cuestionamiento de la CARBAP.
En el poroteo de votos, el oficialismo consiguió el apoyo de las dos facciones del radicalismo, de la Coalición Cívica y de los libertarios dialoguistas, mientras que La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta. En tanto, el PRO también votó a favor del endeudamiento, con excepción del artículo 1 de la iniciativa. Se trata de un sector que miraba con atención Casa Rosada, después de las declaraciones de Sebastián Pareja en la Legislatura.
En detalle, la “ley de financiamiento” contempla una toma de deuda hasta por USD 3.685 millones, que se compone, en gran medida, por la solicitud ingresada a mediados de año por el Ejecutivo por USD 1.045 millones y un nuevo pedido por USD 1.990 millones para el ejercicio 2026.
Una de las principales negociaciones que atravesó la semana de rosca fue el fondo destinado a los municipios. Tras varios cambios, el oficialismo aceptó otorgar un monto fijo de $350.000 millones a los municipios para que no esté atado al porcentaje del endeudamiento solicitado. El fondo se distribuirá por el algoritmo que considera el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y los ingresos de las comunas.
Asimismo, el proyecto de endeudamiento establece la condonación del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención fiscal”, también llamado Fondo Covid, y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales”, que venía reclamando el radicalismo y La Cámpora. El monto condonado alcanza los $7.900 millones.
