A través de una carta dirigida a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció con el respaldo de sus legisladores al Gobierno, y apuntó especialmente contra Cristina Kirchner, por el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa Alberto Fernández y once gobernadores oficialistas.
El escrito firmado por Carrió, acusa al Gobierno de violar la Carta Democrática de la OEA, cuyo objetivo es preservar a las instituciones democráticas de las Américas, y denuncia que “el operativo de presión no cesa”. Además, la carta escrita por la ex diputada Carrió, sostiene que “el Gobierno y, en especial, la Vicepresidenta, pretenden someter a la Corte”.
Así, Lilita Carrió comenzó el año electoral apuntando contra Alberto Fernández, Cristina Kirchner y también contra el Ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Además, la referente de la Coalición Cívica, le demostró su apoyo al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro.
“El objetivo primario es tener una Justicia que responda directamente a sus intereses con una composición de la Corte diferente a la actual. El objetivo secundario, si es que no pueden cumplir con ello, es tener una Corte que se presente como adversaria”, expresó Carrió en uno de los puntos la carta que dirigió a la OEA.
En este contexto, el escrito de 15 páginas de Carrió a la OEA también especula con que el juicio a la Corte es exclusivamente para que sus integrantes “sean vistos como opositores al gobierno, desgastar sus figuras y la de la institución”, y, de esa manera, lograr que la Corte “no falle sobre temas que el Gobierno no quiere”.
Según la teoría sobre la que se basa la diputada Carrió y los legisladores que responden a ella, el “desgaste” que el Gobierno quiere lograr con el juicio a la Corte busca la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner en las causas donde se la acusa. “Que quede claro, estas manifestaciones fueron para justificar el aumento de miembros de la Corte, no para efectuarles el juicio político”, aseguraron.
Vale destacar que, en las últimas horas el oficialismo resolvió postergar una semana la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, que finalmente quedará para el lunes 23. En este escenario, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que debe tratar el juicio a la Corte empezará a trabajar entre el jueves 26 y el miércoles 1 de febrero.
Además, a lo largo del escrito que recibió la OEA, los firmantes intentan sacarle validez a los dichos oficialistas, que aseguran que el juicio a la Corte es una herramienta validada por la Constitución Nacional, al acusar al Gobierno de “presionar a los jueces de la Corte, para perturbar el desempeño de sus funciones” y “deslegitimar los fallos”.
Además de Carrió avalaron el documento el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; Maximiliano Ferraro, presidente de la CC-ARI, y los diputados Mariana Zuvic, Victoria Borrego, Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Laura Castets, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada y Mariana Stilman.
Cuánto podría durar el juicio a la Corte
Según precisaron fuentes parlamentarias, el inicio del juicio a la Corte en la comisión de la Cámara baja podría demandar entre tres y cuatro meses de debate, centrado en la investigación sobre la actuación del Máximo Tribunal en relación a la composición del Consejo de la Magistratura y al reclamo judicial de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación federal.
Una vez presentado por los diputados, el juicio a la Corte tendrá validez por tres años, y no cae con la renovación del cuerpo, es decir que si el oficialismo consigue dictamen por mayoría simple, pero no lo puede llevar al recinto este año porque no logra los dos tercios necesarios podría insistir más adelante si reúne las voluntades necesarias.
En efecto, el Frente de Todos sabe que no tienen los dos tercios necesarios para aprobar el juicio a la Corte en el recinto de la Cámara baja, pero le alcanza con asegurar la presencia de los 16 diputados, sobre 31, con los que cuenta en la comisión de Juicio Político lograr instalar el tema en el ámbito parlamentario.
