La Cámara Federal de San Martín ordenó la excarcelación de Alesia Abaigar, la funcionaria del Ministerio de Mujeres bonaerense detenida por su participación en el escrache frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert, sin embargo, la concejal de Quilmes, Eva Mieri, sigue alojada en la cárcel federal de Ezeiza.
El tribunal de alzada cuestionó con dureza la prisión preventiva dictada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y consideró que no hay pruebas concretas de que Abaigar pudiera entorpecer la investigación ni fugarse. En consecuencia, ordenó su liberación bajo caución, dejando sin efecto la prisión domiciliaria que le había sido otorgada días atrás.
De esta manera, solo Mieri permanece detenida. La edil quilmeña fue trasladada el lunes a la Unidad 31 de mujeres en Ezeiza, luego de que la Justicia rechazara su excarcelación por considerar que había intentado entorpecer la causa al presentar un celular sin datos, sin contactos y sin historial, aparentemente reseteado el día anterior a su arresto.
Además, el expediente muestra que la propia Abaigar envió mensajes a través de WhatsApp que la vinculan directamente con la organización del escrache a la casa de Espert, incluyendo la convocatoria desde una unidad básica en Vicente López y la coordinación del uso de un vehículo oficial del municipio de Quilmes, una camioneta blanca Chevrolet S10 manejada por Mieri.
Los chats reconstruidos revelan también la participación de otros imputados, como Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi, que ya fueron liberados. Ambos habían eliminado conversaciones con Abaigar, pero los investigadores lograron recuperar parte de esas interacciones desde el teléfono de la funcionaria bonaerense.
El borrado de datos, las ubicaciones compartidas, los audios efímeros y las coordenadas logísticas del ataque con caca a la casa de Espert fueron considerados por la Justicia como pruebas relevantes para demostrar la organización del hecho, aunque no suficientes para mantener a todos los imputados tras las rejas.
El caso continúa bajo secreto de sumario y sigue avanzando con nuevas pericias, incluyendo la recuperación de datos del celular de Mieri, lo que podría aportar más detalles sobre los responsables materiales e intelectuales del escrache.
Liberaron a tres acusados del escrache a Espert y continúa la tensión por la concejal de Quilmes
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, resolvió excarcelar a tres de los imputados por el escrache con excremento en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert y mantiene detenida de forma preventiva a la concejala camporista del municipio de Quilmes, Eva Mieri, por su presunta participación directa en el hecho.
Tras el pago de fianzas que oscilaron entre cinco y quince millones de pesos, Aldana Muzzio, Iván Díaz Bianchi y Candelaria Montes quedaron excarcelados. La jueza estableció, además, restricciones estrictas como la prohibición de acercarse al domicilio de Espert, ubicado en la localidad de Beccar, y presentarse una vez por semana ante el juzgado.
En el caso de Eva Mieri, la jueza Arroyo Salgado sostuvo en su resolución que la concejala habría tenido un rol central en la organización del ataque. Según fundamentó la magistrada, la dirigente kirchnerista habría participado de una maniobra destinada a “amedrentar y condicionar” al diputado mediante un acto de violencia política, que podría haber sido financiado con recursos del Estado.
Asimismo, la jueza enumeró los delitos que se le imputan a la concejala: atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación al odio político, malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado.
En tanto, el rechazo al pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor, Bienvenido Rodríguez Basalo, se sustentó en “el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecer la investigación, su rol como funcionaria pública y la gravedad de los hechos”, de acuerdo con los fundamentos esgrimidos por la magistrada.
Por otro lado, Arroyo Salgado advirtió que aún quedan personas no identificadas vinculadas al hecho y consideró que liberar a Mieri podría facilitar su ocultamiento. Además, la autoridad federal recordó que los concejales pueden ser detenidos por orden judicial y que, en caso de condena, la pena podría ser de cumplimiento efectivo.
La decisión judicial provocó una fuerte reacción en el oficialismo de Quilmes. En ese marco, la intendenta y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, denunció a través de sus redes sociales que Mieri fue trasladada a la cárcel federal de Ezeiza, y exigió su inmediata liberación.
En paralelo, militantes peronistas y organizaciones políticas calificaron la detención como “arbitraria” y denunciaron un uso ejemplificador del poder judicial. Aunque Arroyo Salgado evitó hacer menciones de carácter partidario en su fallo, el hecho de que la única persona que continúa detenida sea una funcionaria del peronismo bonaerense reavivó las sospechas sobre un posible sesgo político en la causa.
El PJ nacional repudió las detenciones por el escrache a Espert
El Partido Justicialista (PJ) nacional, que preside Cristina Kirchner, lanzó un comunicado donde repudió las detenciones “arbitrarias” por el escrache en el domicilio del diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, tras advertir que en Argentina se esta viviendo “un terrorismo de baja intensidad”.
Es que, en la misiva que compartió a través de sus redes sociales, el PJ nacional señaló que el país atraviesa un proceso de “terrorismo de Estado de baja intensidad, impulsado por el gobierno de Javier Milei y el poder económico, que utilizan la mafia judicial, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad para desplegar represión y persecución contra todo aquel que piense diferente”.
En ese contexto, el espacio que conduce Cristina Kirchner alertó que “los sectores de poder que deciden sobre la libertad de los argentinos son los mismos que garantizan su propia impunidad y la de los funcionarios que ejecutan sus órdenes. Son aquellos que siempre ganan mientras el Pueblo pierde, tal cual lo demuestran los últimos 10 años de nuestra historia”.
“Por eso exigimos, ante todo, la liberación de los militantes políticos ilegalmente privados de su libertad y se investiguen penalmente los abusos e irregularidades cometidos por la jueza Arroyo Salgado”, pidieron desde el PJ nacional y agregaron: “Es necesario entender que, tiempo más tiempo menos, irán poniendo a otros sujetos o colectivos de nuestra sociedad en el lugar de los acusados y perseguidos”.
