Por falta de pruebas, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de los 13 acusados en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
De esta manera, el abogado de la UIF, Leandro Ventura, descartó que corresponda encuadrar a los investigados bajo los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita porque “no existe la posibilidad de sobreprecios”. “Es irresponsable avanzar en la acusación”, advirtió.
En el caso de la exmandataria entre 2007 y 2015, Cristina Kirchner, la UIF consideró que su intervención en los hechos investigados por la presunta adjudicación de obra pública se desarrolló “en el marco de facultades que le eran propias, en el marco de la Constitución Nacional y las leyes”.
En el alegato, que se extendió por casi tres horas ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, el también abogado de la UIF, Alejandro Irachet, sostuvo que “no es posible atribuir responsabilidad penal por una acción conforme a Derecho”.
Al extender esta interpretación a la situación de Cristina Kirchner y los demás exfuncionarios nacionales juzgados, la querella evaluó que queda “frente a una cuestión política, cuyo acierto o desacierto se encuentra excluido de control jurisdiccional”.
Cabe destacar que, Cristina Kirchner se conectó de manera remota al Zoom, al igual que el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López.
Asimismo, la UIF subrayó que “no se cuenta en el debate con el grado de certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecios” en las obras públicas. Al no poder “acreditarse la existencia de un fraude”, la querella descartó también el otro delito de asociación ilícita.
Sin embargo, la querella pidió una pena de un año de prisión en suspenso para seis exfuncionarios de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no controlar que las empresas de Lázaro Báez se impusieran en una cantidad de licitaciones superior a lo que permitía el certificado de capacidad de ejecución y contratación.
Con relación a Lázaro Báez, propietario de Austral Construcciones, el organismo también pidió la absolución por todos los delitos en base a los cuales llegó a juicio.
Tras la exposición final de la UIF, cuyo alegato tenía asignado una duración de tres jornadas pero ya concluyó, el juicio se reanudará el 1º de agosto próximo con el alegato del fiscal de juicio Diego Luciani, que se extenderá por nueve audiencias
Causa en obra pública Santa Cruz: en qué consiste
En la Causa obra pública se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, como así también si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Además de la Vicepresidenta, Báez, De Vido y José López, otros de los acusados por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta es el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, y exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo.
Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo “Austral Construcciones” de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
Es preciso mencionar, que la Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.
