Más allá de las diferencias políticas con la gestión de Cristina Kirchner en sus años como presidenta, la izquierda salió a repudiar el accionar de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron 12 años de condena y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos para la vicepresidenta, en el marco de la causa Vialidad.
En las últimas horas referentes del Frente de Izquierda-Unidad denunciaron la “persecución política” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, y aseguraron que “es antidemocrático el pedido de inhabilitación” que hicieron los fiscales Luciani y Mola al cerrar sus alegatos.
“Rechazamos la persecución política que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para Cristina. Siempre sostuvimos que la figura de asociación ilícita es ilegítima e inconstitucional, destinada a la persecución política. Lo seguimos sosteniendo y exigimos su derogación”, sostuvo la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman.
“Para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada por jurados populares“, añadió Bregman al hacer referncia al juicio contra Lula Da Silva, el expresidente brasilero y su relación con la “persecución” a Cristina Kirchner.
Al ser consultada por la causa Vialidad, Bregman aseguró que “no se puede negar la corrupción alrededor de la obra pública”, pero reconoció que detrás de la acusación a Cristina Kirchner “hay una jugada política importante, y como un partido de fútbol, Luciani no va a culpar a quien le presta la canchita de fútbol“.
Por último, Bregman destacó, en el contexto de la causa Vialidad, que es necesario “cuestionar el Poder Judicial desde raíz, porque este método de juzgamiento no puedo decir que es independiente”.
En la misma línea también se expresó el diputado Nicolás Del Caño, quién resaltó que desde el bloque del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) “rechazan el pedido de inhabilitación” de la Vicepresidenta.
Asimismo, desde su cuenta de Twitter, Del Caño repudió que no se le haya permitido ampliar la indagatoria a Cristina Kirchner, lo cual consideró un “elemental derecho de defensa”, y solicitó “juicios por jurado ante acusaciones de corrupción”.
Su compañero en el partido de izquierda, el sociólogo, docente y exdiputado Christian Castillo también dijo que “la corrupción en la obra pública debe ser juzgada por jurados populares” para evitar los métodos de persecución y proscripción utilizados por el Poder Judicial para encarcelar a políticos y referentes sociales.
Por su parte, la dirigente nacional del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, también rechazó “el pedido del fiscal Diego Luciani de cárcel e inhabilitación para Cristina Kirchner por considerarlo un hecho de persecución política“.
Además, Castañeira marco sus diferencias con la vicepresidenta y aclaró que “no tenemos dudas de los hechos de corrupción del kirchnerismo y del macrismo, amparados desde el Estado y/o facilitados por las relaciones con el mismo”, pero destacó que en la caso de la causa vialidad “la justicia aristocrática argentina pretende hacer un arbitraje desigual en relación a unos respecto de otros”.
Bajo la misma idea que sus pares dentro del Frente de Izquierda, la socióloga dijo que “tiene que ser la población trabajadora la que le quite la confianza a los políticos patronales y no el ajuste de cuentas por arriba”.
Causa vialidad: el pedido de condena para Cristina Kirchner
Los fiscales Luciani y Mola, que llevan adelante la acusación de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, solicitaron este lunes la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner y al resto de los exfuncionarios imputados.
Al finalizar la etapa de alegatos del juicio, Luciani manifestó que entre 2003 y 2015 se “sustrajeron sistemáticamente fondos, desactivando todos los mecanismos de control”. “La corrupción fue la regla y el Estado de Derecho quedó rezagado”, agregó.
Asimismo, el fiscal pidió que la Vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años de prisión al acusarla del delito de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública.
En tanto, antes de la lectura del pedido de condena, Cristina Kirchner pidió poder realizar el la ampliación de la indagatoria, que fue rechazada por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, argumentando que la próxima instancia que tiene la vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como “últimas palabras”, previo al veredicto.
Ante la negativa, hoy desde las 11 horas Cristina Kirchner hablará en sus redes sociales. “Voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales” adelantó la funcionaria.
