En las últimas horas, la Justicia federal ordenó quince nuevos allanamientos en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un expediente que salpica directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor más cercano, Eduardo “Lule” Menem.
Las medidas, dispuestas por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, se llevaron a cabo en nueve puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en seis localidades de la provincia de Buenos Aires, en la búsqueda de teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada a las supuestas maniobras de corrupción.
Los operativos se produjeron al día siguiente de que la Cámara de Diputados aprobara la interpelación de Karina Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinden explicaciones sobre los hechos. Ambas citaciones fueron fijadas para el miércoles 15 de octubre a las 14 horas, y se enmarcan en la creciente presión política que rodea al Gobierno tras las revelaciones de los audios del exjefe de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se hablaba de un esquema de sobornos a laboratorios que proveían medicamentos y dispositivos médicos al organismo.
En tanto, la investigación judicial se centra en la presunta existencia de un circuito de cobro de retornos a través de contrataciones irregulares con droguerías privadas, ya que según los audios filtrados, Spagnuolo habría detallado la existencia de “compulsas de precios consecutivas” y facturas que no pasaban por los registros oficiales del Ministerio de Salud. Los investigadores sospechan que las compras se realizaban sin trazabilidad, fuera de los procedimientos administrativos, y con sobreprecios de hasta un 30%, una maniobra que habría beneficiado a intermediarios cercanos a la Secretaría General de la Presidencia.
El Ejecutivo, a través del interventor de la ANDIS, Alberto Vilches, confirmó que ya recibió parte de la documentación incautada por la Policía de la Ciudad durante el primer operativo judicial. Los informes incluyen facturas, órdenes de compra y registros de proveedores, entre ellos la droguería Suizo Argentina, señalada como una de las principales beneficiarias de las contrataciones irregulares. “Ya entraron los primeros documentos para que podamos avanzar con la auditoría”, reconocieron fuentes oficiales, que aseguraron que el objetivo es esclarecer las responsabilidades internas.
Dentro del Gobierno, la causa generó una fuerte conmoción. En la Casa Rosada admiten que la auditoría administrativa en la ANDIS avanza con especial foco en las compras de medicamentos, un rubro que concentra miles de millones de pesos. Según datos del Ministerio de Economía, el organismo cuenta con un presupuesto de $3,74 billones, de los cuales $3,1 billones se destinan a seguridad social y $556.000 millones a salud, mientras que funcionarios cercanos a Milei confirmaron que el presidente analiza modificar el esquema autárquico de contrataciones para que las compras dependan directamente de la cartera sanitaria, eliminando así las intermediaciones.
El juez Casanello dispuso que las medidas judiciales se realicen sin detenciones, aunque no descartó futuras imputaciones si los peritajes sobre los dispositivos electrónicos confirman la existencia de comunicaciones entre los funcionarios y las empresas investigadas. En paralelo, la fiscalía solicitó un relevamiento de todas las operaciones realizadas entre 2023 y 2025 por la ANDIS con laboratorios y distribuidoras de medicamentos, un trabajo que estará a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y del Banco Central, que deberán analizar los movimientos de fondos vinculados a esas operaciones.
El escándalo estalló en los últimos días de agosto, cuando salieron a la luz los audios de Spagnuolo, quien había sido designado al frente de la ANDIS a comienzos de la gestión de Javier Milei, y fue desplazado por el interventor tras la filtración de las grabaciones, en las que el exfuncionario afirmaba que existían presiones “desde arriba” para direccionar las compras y que algunos proveedores hacían “aportes” a cambio de mantener los contratos. La revelación derivó en una ola de denuncias y pedidos de informes en el Congreso, además de un pedido de la oposición para crear una comisión investigadora.
Mientras la Justicia avanza con los allanamientos, el Gobierno busca contener el impacto político del caso. En Balcarce 50 aseguran que se trata de “una operación” contra la gestión, aunque reconocen que el sumario interno podría prolongarse hasta seis meses, mientras que el Ejecutivo espera que los resultados de la auditoría estén listos después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Por lo pronto, las pesquisas ya obligaron a revisar todos los programas de pensiones por invalidez, otro de los sectores donde se detectaron anomalías en los últimos meses.
En tanto, este miércoles la oposición en el Congreso volvió a reclamar la comparecencia de Karina Milei y de los funcionarios involucrados. Desde Unión por la Patria insistieron en que “la corrupción y el desvío de fondos en un organismo destinado a las personas con discapacidad es un hecho de extrema gravedad institucional”, y así, la sesión especial del 15 de octubre será una de las más tensas desde el inicio del gobierno libertario.
Coimas en la ANDIS: Diputados aprobó las interpelaciones a Caputo, Francos, Karina Milei y Lugones
Durante la última sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición consiguió los votos necesarios para convocar a cuatro funcionarios nacionales del Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de esclarecer los detalles del nuevo acuerdo económico con Estados Unidos y el presunto cobro de coimas en la ANDIS.
Tras el revés parlamentario del Gobierno por la media sanción de la ley que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), los bloques opositores aprobaron en el recinto las interpelaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, en una nueva derrota para el oficialismo que no logró bloquear los emplazamientos.
Tras obtener los votos para avanzar en la investigación contra José Luis Espert, los legisladores de Unión por la Patria (UxP) también reunieron los votos para citar al titular del Palacio de Hacienda. El pedido busca que el economista explique ante el Congreso las presuntas negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la oposición avanzó con la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos programada para el próximo martes 14 de octubre a las 13 horas. La votación, realizada a mano alzada, se apoyó en el decreto que postergó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Finalmente, la Cámara también aprobó el pedido de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones. Los dirigentes de LLA recibieron su interpelación en el recinto para el próximo miércoles 15 de octubre a las 14 horas, tras la votación afirmativa, y deberán responder por los audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, por los presuntos pedidos de coimas.
