En las últimas horas, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció la conformación del panel de investigación que deberá corroborar los “posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, directos e indirectos, relacionados con el proyecto de saneamiento del mayor basural a cielo abierto” radicado en el municipio bonaerense de Luján.
Según explicaron desde el municipio de Luján, el proyecto de saneamiento del basural implica la construcción de una planta de reciclado y la apertura de un nuevo relleno sanitario, que de llevarse a cabo se financiaría con un préstamo del BID que podría alcanzar los 18 millones de dólares.
Al anunciarse la obra, los vecinos de Luján denunciaron que el municipio puede verse afectado por el impacto ambiental que se produciría en el predio sucre, donde se realiza la construcción de la planta, por lo que la justicia federal frenó el avance de la misma para darle lugar a una medida cautelar.
En la denuncia, los más de 60 vecinos firmantes de Luján manifestaron su preocupación por la construcción de la planta de reciclado por la “necesidad de prevenir e impedir que la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o agrave la degradación del medio ambiente”.
En este contexto, el MICI conformó el panel de exploración, integrado por la Coordinadora de la Fase, Kattya Araya, el experto en el componente social, José Luis Rueda, y el especialista en los componentes ambientales de la investigación, Gunãrs Platais, que podrían tener una conclusión formada recién en marzo del 2024.
Tal como explica la página oficial, el MICI es una dependencia internacional que permite “trabajar de forma imparcial y objetiva para buscar soluciones con todas las partes implicadas: las comunidades que alegan un impacto, el Grupo BID como financiador de la operación, y el prestatario, empresa o Gobierno, que ejecuta el proyecto”.
En el caso de la Argentina, y más específicamente en Luján, la ejecución del proyecto de la planta de reciclado está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirigido por Juan Cabandie, aunque también está involucrado el municipio administrado por el intendente de La Cámpora, Leonardo Boto, responsable del basural que recibe unas 120 toneladas diarias de residuos.
Cabe mencionar que, existe una denuncia penal que se tramita de manera separada al reclamo realizado ante el MICI y a la medida cautelar, que explicita que en el basural de Luján no solo se arrojan residuos urbanos, sino peligrosos y patológicos sin tratar, en violación a la Ley 24.051 de Delitos Ambientales.
Al comenzar la investigación, los peritos de la Policía Federal Argentina que realizaron el allanamiento en el basural notificaron que se registraron “restos de sangre, algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes y punzantes, materiales descartables, residuos orgánicos originados en quirófano, residuos provenientes de cultivos de laboratorio, restos de animales producto de la investigación médica y agentes quimioterápicos”.
Por esta razón, el juez que firmó el allanamiento en el basural de Luján le ordenó al intendente Boto, que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural que depende de la Municipalidad, controlando y almacenando adecuadamente los mismos, impidiéndole el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.
