El Gobierno nacional oficializó hoy la decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables.
Lo hizo por medio de la decisión administrativa 1282/2022 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial, un día después del anuncio que hiciera el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de su cuenta de la red social Twitter.
“En atención a la medida cautelar dictada en el Expediente Judicial citado en el Visto, el Estado Nacional ha decidido buscar el remedio posible en las circunstancias actuales, mientras se resuelve la cuestión de fondo o el Honorable Congreso de la Nación dicta una ley para prever en el presupuesto la atención de la medida judicial dispuesta”, indica la resolución.
De acuerdo al artículo 1 de la disposición del Poder Ejecutivo el “Ministerio de Economía, a través del Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, deberá transferir al Banco de la Nación Argentina el monto equivalente a pesos noventa y ocho mil quinientos millones ($98.500.000.000) en bonos del Tesoro TX31″.
En tanto, el artículo 2 dispone que “el Banco de la Nación deberá proceder a la apertura inmediata de la cuenta Bancaria consignada en el artículo anterior”, mientras que el 3 indica que “la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía promoverá las modificaciones presupuestarias pertinentes”.
La medida oficializada hoy, fue rechazada por el Gobierno porteño: “El Presidente tiene que dejar de esquivar la Justicia. Lo único que logra es perjudicar a los porteños y degradar las instituciones. ¿Las demás provincias reciben los recursos de coparticipación en bonos? ¿Los salarios se pagan en bonos? Las respuesta es una sola: NO”.
Ante este panorama, el gobierno porteño decidió presentar un escrito ante la Corte denunciando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que el gobierno nacional transfiera los fondos. A la par, se instruyó al procurador general, Gabriel Astarloa, para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de ejecutar la cautelar.
“La Corte resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento.Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan”, aseguró el gobierno porteño.
La Corte Suprema dispuso el miércoles último que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso en 2016 de la Policía Federal.
En este sentido, el jefe de Estado instruyó al ministro de Economía, Sergio Massa, a enviar un proyecto al Congreso que se debatirá en sesiones extraordinarias para que se prevean en el Presupuesto 2023 los recursos necesarios para hacer cumplir el fallo judicial.
El rechazo de la CABA al pago con bonos
El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad. Por otra parte, la reciente decisión del Gobierno Nacional no modifica el accionar de la Ciudad.
1. Se presentó hoy un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo.
2. Se instruyó a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo.
La Corte resolvió que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias.
Además, los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento.
Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan.
