La Corte Suprema de Justicia convocó a los gobiernos de la Nación y al de la Ciudad de Buenos Aires a una audiencia pública el próximo 10 de marzo para discutir el conflicto por el redireccionamiento de fondos de coparticipación dispuesto en septiembre de 2020 por la administración de Alberto Fernández en favor de la provincia de Buenos Aires.
La convocatoria está prevista para las 11 horas en el Palacio de Tribunales y se limitará a la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, por lo que no se admitirá en esta oportunidad la participación de los llamados “amigos del tribunal” (amicus curiae) que la Corte Suprema suele aceptar en otras audiencias de este tipo.
La Corte Suprema debe fallar en torno a un amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto que redireccionó los aportes por el traspaso de la policía a la administración porteña, resuelto en septiembre de 2020, por un monto equivalente al 2,36% de la coparticipación.
El Gobierno nacional ya anunció que está dispuesto a discutir el monto de coparticipación asignado con la jurisdicción de mayor ingreso per cápita del país, pero aun así el acuerdo no se alcanza.
En Casa Rosada explicaron que si bien la convocatoria al Gobierno naconal llegó a nombre del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, este llamado responde a “una cuestión formal y protocolar”.
“Respecto de quién asiste a la audiencia, es una decisión que tiene que ver con una estrategia judicial que tiene que definir el Gobierno. De hecho, en ocasiones anteriores fueron representantes técnicos del Ministerio de Economía. Eso puede cambiar o no “, subrayaron las fuentes.
Mientras tanto, un funcionario especializado que trabaja junto al Presidente comentó que siempre hay que “estar atentos a lo que quiere decir la Corte” y señaló que en esta controversia por la distribución de fondos de coparticipación el Máximo Tribunal seguramente “va querer orientar el debate”.
Los cuatro miembros de la Corte Suprema buscarán que se llegue a un arreglo en la audiencia de marzo y, en caso contrario, deberán terciar en la diferencia y establecer un porcentual de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires.
