En las últimas horas, los secretarios generales de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) y de la CTA Autónoma, Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, presentaron una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presunto espionaje ilegal sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales, una práctica prohibida por la legislación vigente y considerada de extrema gravedad institucional.
En la denuncia, ambas centrales obreras hicieron referencia directa a informes secretos elaborados por la SIDE que fueron revelados en una investigación publicada el pasado 3 de agosto por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. En esa nota se detallan documentos de inteligencia que habrían sido confeccionados por orden del Ejecutivo, los cuales contienen datos sensibles sobre actividades gremiales y opositoras.
Los documentos a los que accedió el periodista incluyen fechas, horarios, recorridos y nombres de referentes de espacios sindicales y sociales, y según la denuncia presentada por los líderes de las CTA, estas tareas de inteligencia “no responden a amenazas a la seguridad nacional ni fueron autorizadas por orden judicial”, lo que configuraría una violación directa a la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, así como a los derechos constitucionales de libre expresión, privacidad y participación política.
Además, ambas CTA están mencionadas explícitamente en los informes señalados, por lo que la denuncia sostiene que el espionaje no tiene sustento legal y remite a prácticas de vigilancia propias de los regímenes autoritarios. “Es un hecho de una gravedad institucional enorme, que pone en riesgo las garantías democráticas”, remarcaron los dirigentes en el escrito presentado.
En su presentación judicial, los dirigentes de las dos CTA solicitaron que se investigue si las tareas de espionaje contaban con respaldo judicial y, en caso negativo, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el propio Presidente de la Nación, como cabeza del sistema de inteligencia. También reclamaron ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder constituirse como querellantes.
Entre los hechos que se describen en la denuncia presentada contra Milei, las CTA hacen foco en el seguimiento a marchas de jubilados, actos culturales y protestas sindicales, sin que exista en esos eventos ninguna amenaza a la seguridad nacional o al orden público. Los denunciantes sostienen que la lógica de esta vigilancia responde a la necesidad del Gobierno de anticiparse a movilizaciones opositoras, usando el aparato estatal de inteligencia para fines políticos.
La denuncia se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y los sectores sindicales, tras las medidas de ajuste implementadas por el Ejecutivo. Las CTA entienden que la vigilancia ilegal forma parte de una estrategia más amplia de disciplinamiento social que busca limitar el derecho a la protesta y desalentar la organización de los sectores populares.
Además de la denuncia penal, desde las centrales sindicales hicieron un llamado público a todas las fuerzas democráticas del país a pronunciarse contra este tipo de prácticas, que, según remarcaron, “remiten a las etapas más oscuras de nuestra historia reciente y no pueden ser toleradas en el marco de un Estado de Derecho”.
La CTA de los Trabajadores pidió “ponerle un límite a la motosierra”
Esta mañana, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió al contexto económico y social en el que se inscribe la denuncia de las centrales a Milei, y enfatizó: “Estamos viviendo en un país donde los sectores populares están castigados por una política que todos los días destruye el salario. Es condenar a una vida de penurias a millones de argentinos y argentinas”.
En ese sentido, Yasky también vinculó la denuncia con la pérdida de hegemonía del oficialismo en el Congreso al señalar que este miércoles la oposición demostró que la hegemonía que había construido Milei se terminó. “Se votaron temas trascendentes y se partieron las aguas. Entramos en otra Argentina y las cosas no van a ser como eran antes”, enfatizó en alusión a la media sanción a la ley de financiamiento universitario.
Respecto a la situación en las provincias, el dirigente denunció que “los gobernadores están pidiendo que se les coparticipe el impuesto de los combustibles, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) porque debería haber llegado hace 1 año y 8 meses, pero no llegó nada”. Además, Yasky afirmó que muchos diputados que inicialmente respaldaban al Gobierno “ahora entienden que fue un error”.
Por último, el líder de la CTA se refirió al impacto del ajuste en organismos públicos: “Hay que poner un límite a la motosierra porque no vivimos en una selva donde competimos y nos matamos entre nosotros. No le soltamos la mano a los que menos tienen”, completó, al mencionar la situación crítica de trabajadores del Hospital Garrahan, el CONICET y el INTI.
