La senadora del Frente de Todos, Gabriela Demaría, destacó las modificaciones en el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y la actualización de multas por incumplimientos de las empresas que sancionó la semana pasada la Legislatura bonaerense.
“Nuestra provincia es la primera en reconocer los derechos de las personas consumidoras hipervulnerables en todo el país, con la incorporación fehaciente de esta figura en su legislación”, señaló la legisladora Demaría.
La iniciativa de autoría de la senadora del Frente de Todos, prevé la inclusión de una nueva figura que busca proteger los derechos de los colectivos más desfavorecidos o en desventaja, tales como las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, entre otros, que se vean afectadas por circunstancias que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores.
La propuesta, establece que las medidas de protección deberán “acentuarse respecto de los consumidores hipervulnerables que pertenezcan a colectivos sociales afectados por causales de vulnerabilidad agravada, desfavorecidos o en desventaja, tales como las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, entre otros, que se vean afectadas por circunstancias que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores”.
Asimismo, dispone sanciones más severas en infracciones contra estas personas, que podrán hasta duplicarse en razón de la situación. A valores actuales, el tope de la multa pasa de $500 mil a más de $309 millones. “Luego de 18 años, la actualización de la multa tiene una trascendencia enorme en materia de derecho del consumo, ya que un monto exiguo no genera motivación para que las empresas cumplan”, remarcó Demaría.
Además, las modificaciones implican una actualización de las multas y sanciones aplicables al procedimiento de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires, cuyos montos fueron fijados en el año 2004 en un rango de $100 a $500.000 y que no habían sido actualizados desde entonces.
En este sentido, Demaría explicó que “al no modificarse las sanciones durante todo este tiempo, las personas consumidoras tenían, en 2022, una protección menor de derechos que en el año 2004, donde los $500 mil representaban una suma mucho mayor y por lo tanto un elemento disuasorio más relevante para que las empresas cumplan”.
La ley contempló la modificación del artículo 73 de dicha norma, incorporando no sólo una ampliación de la multa, cuyo montó será equivalente a una suma comprendida en la escala de 0.5 a 5.000 salarios mínimos vitales y móviles, sino también la implementación de una fórmula móvil de actualización automática para evitar que, como ocurre en la actualidad, pierda el efecto disuasorio con el paso del tiempo.
“Es un orgullo para mí que podamos sancionar esta Ley que viene a ampliar los derechos y a saldar esta deuda con las personas consumidoras y por ende con el conjunto de las y los habitantes de la Provincia”, concluyó Demaría.
Durante la última sesión del año de la Cámara de Diputados bonaerense, también se sancionó la Ley de Precios Justos en Cada Municipio que busca darle la potestad a los gobiernos municipales de controlar el cumplimiento de los acuerdos de precios y de góndolas, según la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores.
Enmarcada en la Ley nacional 27.642 de alimentación saludable, la nueva legislación modifica la Ley provincial 13.133 con el objetivo de garantizar el acceso pleno de la población a los productos en las góndolas con precios justos.
“Ambos proyectos se integran creando herramientas extraordinarias y vitales tanto para los municipios como para el funcionamiento de las oficinas municipales y así defender correctamente a los vecinos y vecinas que viven en nuestras comunidades”, destacó el senador y autor de la iniciativa, Francisco Durañona.
