Los diputados del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Ariel Moreno y Laura Cano, presentaron un proyecto en la Legislatura bonaerense para expresar su preocupación por el cierre de la planta de Cerámicas Ilva, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, y reclamar la intervención del Gobierno de Axel Kicillof ante el despido de 300 trabajadores.
La iniciativa legislativa repudia el lockout patronal dispuesto por la firma Ilva Porcellanato S.A. y exige la reincorporación inmediata de los despedidos. “El cierre de la planta dejó a más de 300 familias sin sustento y sin cobrar los salarios e indemnizaciones que les corresponden”, señalaron los autores del proyecto.
El texto, que ingresó esta semana en la Cámara baja, sostiene que la empresa interrumpió su producción de forma intempestiva, apagó los hornos y colocó candados en los portones del predio, sin previo aviso al personal. En tanto, los trabajadores despedidos, acompañados por la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), mantienen desde hace más de dos meses un acampe frente al ingreso de la planta.
En ese contexto, Moreno y Cano advirtieron que la compañía apeló al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para justificar el pago del 50 % de las indemnizaciones, bajo el argumento de una presunta crisis económica. Sin embargo, los empleados afirman que Ilva no atraviesa un escenario de quebranto, sino que ejecutó un cierre deliberado para reducir costos y recontratar personal en condiciones más precarias.
“El lockout de Ilva no tiene justificación productiva. La empresa incorporó maquinaria nueva de última generación y mantiene stock suficiente para continuar con la actividad”, remarcaron los legisladores del FIT-U, que además advirtieron que la firma no presentó ningún plan de pago durante las audiencias de conciliación convocadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense.
Mientras el expediente avanza en la Legislatura, los extrabajadores de Ilva mantienen su reclamo en la Justicia. De hecho, este martes, una delegación de despedidos, acompañada por la diputada nacional del FIT-U, Vilma Ripoll, se reunió con el juez Hernán Papa en el Juzgado N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde pidieron que se intime a la empresa a pagar los salarios adeudados e indemnizaciones correspondientes.
Al respecto, desde el entorno del FIT-U evaluaron la reunión como positiva y adelantaron que, la próxima semana, los abogados de los trabajadores presentarán un escrito detallado para exigir el pronto pago de los haberes y en el caso de que la compañía no cumpla, el tribunal podría ordenar la retención del 3% mensual de sus ganancias.
Vale precisar que, a fines de agosto, la empresa con tres décadas de actividad, comunicó el cierre total de la planta y envió los telegramas de despido a sus empleados. Poco después, la cerámica radicada en la localidad de Pilar presentó un pedido de concurso preventivo ante el Juzgado Comercial N° 12, con el objetivo de ganar tiempo frente a los reclamos de los acreedores, entre los que figuran 300 trabajadores que no cobraron sus indemnizaciones.
Sin embargo, según fuentes gremiales, Ilva intenta acogerse al procedimiento preventivo de crisis sin respetar los pasos legales. En paralelo, la empresa mantiene activa una búsqueda laboral para reemplazar a los operarios despedidos, mientras las máquinas siguen operativas dentro del predio.
El conflicto gremial ya lleva más de 70 días y tuvo manifestaciones en el centro de Pilar y en el Parque Industrial local con pedidos que van desde la reincorporación total al pago completo de las indemnizaciones. “Seguimos firmes en defensa de nuestros derechos y los de nuestras familias”, expresaron los trabajadores desde el acampe.
No obstante, el cierre de Ilva se da en un contexto adverso para la industria ceramista, que enfrenta una caída de ventas de hasta el 30%, afectada por el freno del consumo interno, el aumento de los costos energéticos y la competencia de productos importados.
Por su parte, desde el Gobierno bonaerense, el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Pilar, Federico Achával, visitaron la planta tras el cierre y manifestaron su respaldo a los trabajadores, al tiempo que se comprometieron a seguir de cerca la causa para garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales.
Por último, Moreno y Cano insistieron en que “la pérdida de 300 puestos de trabajo por decisión patronal sienta un precedente peligroso” y ratificaron que el bloque del FIT-U bonaerense, “pondrá sus bancas a disposición de la lucha por los derechos laborales”.
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