Luego de la renuncia “por cuestiones estrictamente de salud” de Jorge D’Onofrio, familiares y funcionaros cercanos al ahora exministro de Transporte bonaerense fueron trasladados o directamente eyectados de su organigrama a raíz de la declinación del massista, que está siendo investigado por posibles actos de corrupción.
El primer caso fue la concejal de Unión por la Patria de Pilar, Claudia Pombo, quien fue desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante local y que es una de las manos derecha de D’Onofrio. Además, su hermana Roxana Pombo, quien también es edil, aparece en la mira ya que el pasado 8 de mayo fue designada por el exministro como Directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias, dependiente de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial.
No obstante, con la llegada del también massista Martín Marinucci al Ministerio de Transporte bonaerense, la dirección que lideraba Roxana Pombo no aparece en el organigrama de la cartera. También aparecieron en el ojo de la Justicia el yerno de Claudia Pombo, Facundo Asencio, quien fue nombrado en agosto del 2022 como Director de Fiscalización y Control de la VTV.
Además, la esposa de D’Onofrio, María Adriana Ortiz, fue eyectada del Ministerio Público Fiscal de San Isidro junto a su hija, Agustina D’Onofrio. En tanto que, la otra hija del matrimonio, Delfina D’Onofrio, sigue siendo parte de la estructura municipal de Pilar.
Otros de los nombres que aparecen anclados a las denuncias por corrupción de D’Onofrio, son el medio hermano de Pombo, Matías Basail, que tendría un contrato en el Ministerio de Transporte; al igual que Florencia Basail, que pasó por la Municipalidad de Pilar; y el esposo de esta, Fabio Ferretty, que trabajó en esa cartera, en Cultura, en la intendencia pilarense y en el Senado provincial.
La intención de la Justicia, es investigar si durante el período en el que D’Onofrio fue Ministro de Transporte bonaerense y Pombo fue Presidenta del Concejo de Pilar, ambos incrementaron de forma injustificada e ilícita su patrimonio.
Eso, teniendo en cuenta que, además de todos los nombres que aparecieron en esta nota, se suman el del chofer personal del exfuncionario, Juan Cruz Bonet; la hija de Roxana Pombo que trabaja en el Senado, Camila Bellido; y el hijo del chofer de Claudia Pombo, Matías Ormeño, quien cobra de Diputados.
La denuncia contra D’Onofrio que motorizó su renuncia
Vale recordar que, en septiembre el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, realizó un pedido de envío de documentación al Juzgado de Faltas de la provincia de Buenos Aires con el fin de investigar una supuesta organización de corrupción integrada por funcionarios, abogados y gestores que involucra al Ministerio de Transporte bonaerense por la obtención de ganancias indebidas en la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.
La investigación comenzó a través de una denuncia particular, la cual relata que distintos funcionarios de la administración provincial, específicamente de la cartera que condujo hasta hoy D’Onofrio, valiéndose del acceso de un sistema informático administrativo que centraliza las infracciones de tránsito, que habrían participado de una red de corrupción junto con gestores y terceros, ajenos a la dependencia estatal.
El supuesto modus operandi era captar a automovilistas con multas y ofrecerles una reducción de un 50% en la infracción. “Ingresaban al sistema, reducían la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, agregó el fiscal.
Las investigaciones, que parten desde 2022 a la fecha, tienen como principal sustento una serie de multas registradas que no coinciden con la información oficial electromagnética en el sistema provincial de infracciones de tránsito. Esta irregularidad despertó las sospechas de posible manipulación en los registros con el objetivo de reducir las sanciones, beneficio que debe quedar bajo el criterio de los jueces de faltas implicados.
Sin embargo, se sospecha también que desde los juzgados provinciales se estarían introduciendo en los sistemas de los juzgados de faltas municipales para aplicar las mismas metodologías. Es decir, que multas que son de jurisdicción local, tampoco son cobradas en los municipios porque se “resuelven” en otras instancias.
En este contexto, según trascendió varios intendentes de la provincia de Buenos Aires comenzaron a notar una fuerte baja en la recaudación por infracciones de tránsito. Descartando de plano una concientización masiva y repentina de los automovilistas, por lo que las comunas comenzaron a investigar el motivo de la merma de esos ingresos.
Según estipula la ley provincial 13.927, las infracciones de tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías y semi-autopistas dentro del territorio provincial solo deben ser juzgadas por la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial.
La evidencia recopilada durante la investigación sugiere que esta norma podría haber sido eludida mediante un esquema de corrupción en el que gestores, abogados y posibles cómplices en la administración pública ofrecen a los infractores reducir sus deudas a un 50% del valor original de las multas.
El problema no son las personas, aunque algunas pueden ser más problemáticas que otras. La raíz de este tema está en el mismo sistema. La provincia estatuyo el sistema jurisdiccional provincial, con la ley 13927 y derogó el anterior codigo de transito (ley 11430)que descentralizaba la jurisdiccionalidad en materia de faltas en los juzgados municipales de toda la provincia y permitía que la provincia controlase y auditase. Este cambio que supuso la creación de un organismo jurisdiccional provincial innecesario y que le quitaba a los ciudadanos el derecho a su juez natural, significó una erogación extraordinaria para la provincia que aún se mantiene artificialmente y que el Sr. Gobernador debería cortar de cuajo dejando sin efecto este sistema y permitiendo nuevamente que los 135 municipios con sus juzgados letrados, con muchas más garantías y profesionalidad que los provinciales sean los que juzguen todas las infracciones que se releven, de modo electrónico o personal en el ámbito de sus territorios. La provincia debería disponer las políticas en la materia, coordinar las acciones, auditar y controlar a las autoridades de comprobación y de juzgamiento municipales, pero no juzgar las infracciones de territorios remotos. El Registro Único de Infractores de Tránsito en órbita provincial, con los recursos tecnológicos y humanos debidamente capacitados, sería no solo el organismo que llevaría constancia de las actuaciones y sus resultados, sino también un importante elemento de información estadística para conocer las causas de los siniestros y hacer así un significativo aporte a la prevención de siniestros viales. El Gobernador, con escasos recursos económicos como los que padece en la actualidad, debería considerar esta posibilidad de obtener resultados positivos en varios planos eliminando este sistema y dejando en su lugar un sistema municipal eficiente y altamente profesionalizado.