El Gobierno nacional fijó la fecha para la audiencia pública donde EDENOR y EDESUR presentarán sus propuestas en relación a las próximas tarifas de luz. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) programó el encuentro para el 27 de febrero, un día después de la reunión de las empresas transportadoras de energía.
La Resolución 79/25, publicada en el Boletín Oficial, formalizó la convocatoria que se enmarca en el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), iniciado en abril del año pasado mediante el cual los empresarios propondrán un nuevo esquema de tarifas de luz para los próximos cinco años.
Asimismo, el ENRE también convocó a otra audiencia para el próximo 26 de febrero, donde las transportadoras de energía presentarán sus propuestas tarifarias para el próximo quinquenio 2025-2029. Según anticiparon, la reunión será de modalidad virtual y abierta al público que podrá seguir en vivo la transmisión vía streaming.
Desde la administración libertaria buscan definir las nuevas tarifas de luz antes de marzo o abril de 2025. El gobierno de Javier Milei pretende que los aumentos finales no superen el 9,9%, en sintonía con la política del ministro de Economía, Luis Caputo, para minimizar el impacto en la inflación proyectada para este año.
Una vez aprobado el nuevo cuadro tarifario, los próximos ajustes se aplicarán gradualmente, en línea con las metas de sostenibilidad económica y mejora del servicio que la gestión libertaria pretende alcanzar en los próximos cinco años.
En tanto, en lo que respecta al Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que concentran el 40% del consumo eléctrico del país, la actual conducción nacional exigirá a las transportistas reducir un 50% la cantidad de cortes de suministro por semestre y la duración de las interrupciones.
Vale recordar que la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) se realizó en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, para el período 2017-2022. Sin embargo, la crisis económica de 2018 impidió el cumplimiento de las metas propuestas por lo que esta nueva revisión busca actualizar costos y definir inversiones a largo plazo.
En este contexto, el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, informó que el servicio eléctrico acumuló un incremento del 270% en el último año. En el mismo período, la inflación oficial fue del 117,8%, lo que genera incertidumbre sobre cuánto más deben subir las tarifas de luz para alcanzar el punto de equilibrio.
Tarifas de luz: el Gobierno desregula el mercado eléctrico y pone en duda el futuro de los subsidios
El Gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía, bajo la conducción de María Carmen Tettamanti, definió desregular el mercado eléctrico, lo que generó una gran incertidumbre en torno al futuro de los subsidios en las tarifas de luz que brinda el Estado. La medida, tiene como objetivo eliminar las restricciones actuales y fomentar la libre contratación de insumos, dentro de un esquema similar al que se utilizó durante la década de 1990.
En el sistema eléctrico actual, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) se encarga de comprar combustibles para las generadoras térmicas y actúa como intermediaria en los contratos entre grandes usuarios y las distribuidoras que abastecen a los usuarios residenciales.
Esta sociedad compartida es mayoritariamente propiedad de las asociaciones que agrupan a las empresas del sector eléctrico, con un 80% de las acciones en manos de estas entidades y un 20% restante controlado por el Estado nacional.
Con la Resolución 21/2025, la Secretaría de Energía determinó que las empresas podrán celebrar contratos de manera independiente, sin la intervención del organismo. A partir de un comunicado, el organo nacional explicó que esta desregulación apunta a transformar el sistema eléctrico y que la transición será realizada de manera gradual, para garantizar una adaptación sin comprometer el abastecimiento de energía ni aumentar los costos para los consumidores.
Además, esta desregulación implica que los generadores térmicos se hagan responsables de la gestión de sus propios combustibles. A partir de esta medida, los acuerdos entre generadoras, usuarios y distribuidoras serán libres, aunque el Estado mantendrá los contratos de generación y combustibles hasta su vencimiento.
El Gobierno busca ahora canalizar los subsidios directamente hacia los usuarios a través de las facturas. Esto podría permitir una mayor competencia en el mercado eléctrico, donde compradores y vendedores de energía podrían avanzar en acuerdos directos. A pesar de que aún es una expectativa, la medida plantea la posibilidad de trasladar el “costo real” de la energía a los consumidores a partir de la actualización de las tarifas de luz.
