Durante la primera sesión ordinaria del año, el Senado bonaerense convirtió en ley la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas y los cambios a las leyes 14.393, 12.511 y 15.310 que regulan el reparto de fondos destinados a programas de viviendas y de género.
Este último, es un proyecto para transferir fondos del Ministerio de Infraestructura, bajo el comando del ex intendente Leonardo Nardini, al de Hábitat y Vivienda, a cargo de Agustín Simone, quién hasta el año pasado estuvo cargo de la cartera anterior mencionada.
En concreto, se trata de una serie de cambios a las legislaciones que regulan el Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires (PROMEI), el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial y el Fideicomiso del Programa “Desendeudadas”.
La ley impulsada por el gobernador Kicillof crea el Consejo de Administración del PROMEI, figura que no se encuentra prevista en la normativa que le dio origen, establece la posibilidad de que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial pueda financiar a personas humanas para la “construcción, ampliación, terminación o refacción de viviendas”, y, por último, se corrigen algunos detalles formales del Fideicomiso del programa Desendeudadas.
En términos económicos, el fondo está compuesto por el 10% de todas las multas por infracciones de tránsito en territorio provincial; los recursos provenientes de los Organismos Multilaterales de Créditos que le sean afectados; el producido de la emisión de títulos públicos para la construcción de Rutas de la Red Vial de la Provincia de Buenos Aires; el 45% de los Impuestos al Consumo de la Energía Eléctrica, Impuesto Adicional al Consumo de Energía Eléctrica; contribuciones, subsidios, legados o donaciones; y el 5% de los ingresos de la Verificación Técnica Vehicular.
En su artículo 2º, el texto establece que será “el Banco de la provincia de Buenos Aires, quien cumpla la función de administrar los recursos del Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires (PROMEI), de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Consejo de Administración”.
Es preciso mencionar, que si bien la idea del oficialismo era también destinar parte de las partidas del PROMEI para los programas de viviendas dirigidos a las organizaciones sociales, diferencias con la oposición en la Cámara de Diputados bloquearon esta alternativa.
Por último, el proyecto que obtuvo media sanción el pasado 6 de abril, autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de las Mujeres a establecer los requisitos de ingreso y las condiciones para la cancelación de créditos de las personas beneficiadas por la norma 15.310, que establece la asistencia para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar por razones de género o diversidad.
Es ley la emergencia para empresas recuperadas
El primer proyecto convertido en ley por el Senado bonaerense fue el ingresado en noviembre del 2021 por el gobernador Axel Kicillof quedeclara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires, habida cuenta del particular impacto de la crisis económica.
“La critica situación actual pone en serie riesgo a estas empresas como fuentes productivas y de acceso a derechos para sus integrantes y para la comunidad en general. Esta realidad impacta en casos de empresas recuperadas consolidadas en el tiempo, pero también en casos que se han sumado como esfuerzo de trabajadores por sostener los puestos de trabajo en este grave escenario”, describen los considerandos de la iniciativa oficial.
En concreto, el proyecto establece la suspensión por dos años de la ejecución de sentencias de desalojo y la prohibición de los cortes de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales para las empresas recuperadas. Una vez sancionada la medida se podrá prorrogar por otros dos años.
La propuesta del Gobierno provincial que se espera sea sancionada esta tarde por el Senado bonaerense, obtuvo un apoyo mayoritaria en la Cámara baja a mediados de marzo. Por caso, hasta el bloque de diputados de izquierda respaldó el proyecto, aunque marcaron que no contempla la “rebaja de tarifas” ni la “condonación de deudas de servicios públicos o impuestos provinciales”.
Los detalles de la emergencia para empresas recuperadas
- La ley de emergencia económica y tarifaria para empresas recuperadas suspende las ejecuciones de desalojo.
- Además, el proyecto prohíbe el corte de los servicios públicos a las empresas recuperadas y les ordena un plan de facilidad de pagos.
- El texto, también declara de interés provincial a las empresas recuperadas por parte de los trabajadores.
- Asimismo, se plantea que la ley de emergencia para empresas recuperadas sea por dos años, con posibilidad de ser prorrogada por el mismo periodo.
- La iniciativa, busca visibilizar la grave situación que se atraviesan las empresas recuperadas, para proveer a la asistencia y trato diferencial que se requiere.
