La jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, dispuso el procesamiento de la funcionaria del Ministerio de la Mujer y las Diversidades bonaerense, Alesia Abaigar, de la titular del bloque de concejales de Unión por la Patria (UxP) de Quilmes, Eva Mieri, así como del militante de La Cámpora, Iván Diaz Bianchi, por el escrache a Espert.
Según señalaron fuentes judiciales, la jueza señaló a los tres como coautores del escrache al domicilio del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, ubicado en San Isidro, por los cual los acusó de los delitos de “atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio por motivos políticos”.
Vale mencionar que, los delitos por los cuales están procesados los funcionarios kirchneristas, tienen una pena, promedio, de uno a cinco años de prisión efectiva, mucho más que lo que implica un simple escrache, el cual muchas veces no llega ni a una contravención de la Municipalidad.
“Abaigar y Mieri formaron parte, en carácter de organizadoras de una agrupación, cuánto menos transitoria, que tenía por finalidad condicionar la actuación presente y/o futura del diputado Espert en primer término, y del resto de la sociedad que no comparta los ideales de esa organización (por La Cámpora) mediante actos violentos e intimidatorios”, alegó la jueza.
Además, Arroyo Salgado señaló que, el escrache a Espert tuvo como agravante el uso de bienes del Estado, “sacando provecho de la posibilidad de disposición de los mismos derivada del carácter de funcionaria pública revestido por Mieri”, quien es titular del bloque de concejales de UxP en el municipio que comanda Mayra Mendoza.
En ese marco, la magistrada dictó un embargo por $5 millones a cada una de las funcionarias que deberán atravesar un juicio por el escrache, perpetrado el pasado 17 de junio, cuando lanzaron excremento frente al domicilio ubicado en Beccar, luego de haber colocado un pasacalle con la leyenda: “Acá vive la mierda de Espert. Con Cristina no se jode”.
En los detalles de la causa, la magistrada da cuenta que, de las conversaciones obtenidas del teléfono de Abaigar, se logró constatar que ambas fueron las encargadas de organizar el escrache a Espert, como así también de reclutar a personas para que participen, brindando las correspondientes indicaciones de vestimenta, horario y lugar.
Cabe destacar que, los participantes del hecho, entre seis y siete, descendieron de dos vehículos, uno oficial del Municipio de Quilmes y otro particular de Abaigar, cuyas patentes alteraron para no ser identificados, actuaron con rostros cubiertos y guantes.
Por ello, en el caso de Abaigar y Mieri, la acusación incluyó también la autoría de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado, mientras que a la concejal le sumó la caratula de malversación de caudales públicos, por el uso de una camioneta del municipio, que fue rápidamente identificada por la Policía Federal, a pesar de tener la patente adulterada.
“Estamos ante una escalada de violencia que comenzó con consignas verbales, continuó con hostigamientos y escraches, y desembocó en hechos concretos de distinto grado de violencia”, que incluyeron actos concretos de intimidación a jueces, fiscales, legisladores, periodistas, medios de comunicación y representantes de grupos políticos”, advirtió la magistrada
Acto seguido, Arroyo Salgado aseguró que, se busca instalar el miedo como método de presión sobre los actores clave del sistema democrático, con el fin de alterar sus decisiones, acallar sus voces e inhibir su accionar.
“Se trata de acciones organizadas y dirigidas específicamente contra la residencia de un diputado nacional, cuando además los que incurren ostentan la calidad de funcionarios públicos, esa transgresión adquiere un matiz aún más agudo”, expresó la jueza y cerró: “No actuar con claridad, firmeza y legalidad frente a estas conductas es legitimar su reproducción”.
Escrache a Espert: el PJ nacional denunciará a Arroyo Salgado por la detención a las militantes kirchneristas
Desde el PJ nacional apoyaron la denuncia radicada en el Consejo de la Magistratura de la Nación, por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley, contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, tras haber detenido a Mieri y Abaigar durante varios días.
En efecto, los legisladores acusan a Arroyo Salgado de ordenar la “detención arbitraria e incomunicación” de siete personas, cinco de las cuales continúan privadas de libertad”, en el marco de una causa iniciada tras el escrache a Espert, el cual no podía pasar de una contravención municipal.
Sin embargo, la magistrada desplegó procedimientos que incluyeron diferentes allanamientos, detenciones e incomunicación sin la imputación clara. Entre las detenidas se encuentra Alesia Abaigar, trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza pese a padecer una “enfermedad autoinmune severa”, lo que motivó presentaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del CELS como “amicus curiae”.
“La jueza fue informada por los abogados de Abaigar que padece una enfermedad autoinmune severa, que afecta su capacidad pulmonar, pero la situación no fue atendida por la magistrada”, afirmaron en la presentación Recalde y Siley.
