La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, presentó este martes en la Cámara de Diputados bonaerense el proyecto de ley que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof que establece la creación de una pensión “graciable, mensual y vitalicia” para las víctimas de violencia institucional por motivos de género de la provincia de Buenos Aires.
“En un día muy especial porque seguimos en duelo por la muerte de Hebe de Bonafini, nunca más justo a su memoria que compartir este proyecto que repara derechos. Este anteproyecto que envío el 25 de octubre Kicillof se inscribe en una larga historia de lucha del colectivo de la diversidad sexual”, ponderó Estela Díaz.
El proyecto de ley de pensión trans que impulsa el gobierno de Kicillof también garantiza el acceso a una cobertura de salud del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para todos los beneficiarios de la pensión “graciable, mensual y vitalicia”, que busca poner en pie la iniciativa parlamentaria.
Asimismo, la Ministra de la Mujeres sostuvo que “la población travesti trans es de la que más discriminación sufrió en diversos ámbitos, además de la violencia institucional”. “Era necesario reconocer la violencia que viene ejerciendo el Estado sistemáticamente contra determinados cuerpos que ponen en cuestión los mandatos dominantes”, advirtió.
“Nuestra provincia tiene casos de reparación de derechos, cómo paso con los excombatientes de Malvinas o los presos políticos. Está pensión no tiene casi incompatibilidades, solo con otros beneficios de este tipo. Es una legislación muy simple. En 2020 hubo un proyecto similar de Florencia Saintout que obtuvo dictamen de comisiones. Es una ley que se pide hace muchos años“, resaltó Díaz.
De acuerdo al articulado las personas beneficiarias de la pensión trans para víctimas de violencia institucional serán “aquellas mayores de 40 años, que hayan sido detenidas, privadas de su ibertad y/o sancionadas o penadas con multa por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y/o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires”.
Vale destacar, que la presentación del proyecto de ley contó con la participación de los diputados César Valicenti, Mariana Larroque, Roxana López, Berenice Latorre; de la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del ministerio, Lucía Portos; de la directora de Políticas de Diversidad Sexual de esa cartera, Daniela Castro; y de la secretaria General de la presidencia de la Cámara, María Paz Bertero.
En este sentido, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, César Valicenti, destacó la articulación con el Ministerio de las Mujeres. “Siempre pudimos transitar juntos un proceso de deconstrucción y de impulso de políticas públicas. Es un ministerio de presencia territorial permanente y es algo a destacar. Está visita tiene que ver con una ley que viene a reparar derechos al colectivo de personas trans“, ponderó.
“Este es un camino largo que incluye la reparación. Es importante marcar la continuidad. Actualmente tenemos casi 3.500 compañeras trans que están recibiendo asistencia alimentaria. Su situación es fruto de una marginación histórica. Esperemos que tenga un trámite rápido por la Legislatura bonaerense”, agregó la subsecretaria Portos.
Por último, Castro contó: “En una de mis últimas detenciones en Mar del Plata duro casi tres meses. No había ningún delito, había salido a comprar pan. Yo pude salir pero no todas tuvimos la misma suerte. Es una deuda que la sociedad debe hacerse responsable. El dinero de la pensión no va a reparar ni una cuarta parte de los que nos pasó, pero va a empezar a servir para construir la vejez que nos merecemos. Elegimos transformar este dolor en proyectos de ley”.
Según el articulado, los montos de la pensión trans para víctimas de violencia institucional “será equivalente a 3 sueldos básicos de la categoría ingresantes del agrupamiento administrativo – Clase 4 -, o la que en el futuro la reemplace, de la escala salarial de la Ley N° 10.430, con régimen de 30 horas semanales de labor”.
“Se fija con carácter permanente una bonificación extraordinaria para los beneficiarios de las pensiones, la que se abonará en 2 cuotas semestrales, cada una de ellas calculada sobre la base del 50 por ciento de la mayor remuneración devengada dentro de los semestres que culminen en los meses de junio y diciembre de cada año”, añade el texto.
Sin embargo, el proyecto de la pensión trans para víctimas de violencia institucional establece dos montos más altos en los casos de que las personas beneficiarias hayan sufrido lesiones gravísimas, será de un 30% más, o posean algún tipo de discapacidad, será de un 50% más.
En tanto, la iniciativa de pensión trans para víctimas de violencia institucional establece que las personas beneficiarias gozarán de las mismas coberturas que otorga el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a todas las personas pensionadas del Instituto de Previsión Social, a partir del primer día del mes siguiente al otorgamiento”.
Pensión trans para víctimas de violencia institucional: las incompatibilidades
El proyecto de pensión trans para víctimas de violencia institucional establece una serie de incompatibilidades, a saber:
- Cualquier actividad remunerada.
- Toda otra reparación e indemnización que hubiere tenido lugar, para toda persona comprendida por el objeto de la presente Ley.
- Cualquier otro beneficio de jubilación o pensión contributiva que pudiera estar percibiendo o que pudiera percibir en el futuro el/la solicitante por parte de la Provincia de Buenos Aires, del Estado Nacional, de otra provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Un beneficio nacional o que se emita en otra provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el mismo motivo caso en el que la persona beneficiaria deberá optar por la jurisdicción en la que cobrará la pensión, cuestión que deberá ser advertida a la persona solicitante al momento de iniciar el trámite.
Pensión trans para víctimas de violencia institucional: los números
El proyecto de pensión trans para víctimas de violencia institucional establece en sus considerandos busca poner en contexto la magnitud del flajelo. “En nuestro país, la encuesta realizada por el INDEC sobre población trans en 2012, indicó que poco más de la mitad de las encuestadas sufrió detenciones sin intervención de un juez, casi el 60% fueron trans femeninas. Solamente el 30% padeció detenciones con participación de un juez contravencional. A su vez, consta que la policía apareció como la institución causante de graves hechos de discriminación y violencia, las respuestas indicaron que afectaron a las trans femeninas en un 83% y en menor medida a los trans masculinos (40%)”, detalla el articulado.
“Asimismo, el informe señero de 2005 La Gesta del Nombre Propio de autoría de Lohana Berkins, constituye la fuente de la tristemente célebre estadística relativa a la corta expectativa de vida de las personas transgénero (inferior a los 35 años). Dicho informe fue complementado luego por Cumbia, Copeteo y Lágrimas, donde consta que más del 91% de las personas entrevistadas sufrieron algún tipo de violencia alo largo de su vida”, añade el proyecto de pensión trans para víctimas de violencia institucional.
En tanto, la iniciativa también cita “el informe más reciente (2017) La revolución de las mariposas publicado por el Ministerio Público de la Defensa de la CABA que contiene las siguientes conclusiones: las detenciones ilegales, los insultos y la exigencia de coimas son prácticas policiales extendidas de las que han sido víctimas las travestis y mujeres trans. Del total de las que fueron víctimas de violencia policial, el 83,8% dijo haber sido detenida ilegalmente. Las otras prácticas policiales violentas más mencionadas fueron los insultos, la exigencia de coimas, las golpizas, los robos, abusos sexuales y la tortura”.
