La jueza estadounidense Loretta Preska, de la corte del Distrito Sur de Manhattan, en Estados Unidos, dejó firme este viernes el fallo que obliga al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones al fondo inglés Burford, por la nacionalización en 2012 de la empresa Yacimientos Petrolíferos Federales (YPF).
De esta manera, a partir de hoy comenzarán a correr interés de cerca del 6% por semana para la Argentina. Es preciso señalar que, se trata de una sentencia de primera instancia, que la jueza Preska dio por cerrada este viernes luego de una demanda que duró más de ocho años.
No obstante, el Estado argentino podría apelar el fallo de la jueza Preska contra la nacionalización de YPF, o pedir en su defecto una suspensión del mismo hasta que asuma el nuevo Gobierno Nacional, en diciembre de este año.
Vale recordar que, en marzo y luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, Preska definió que el esquema de compensación económica que propuso Burford era el adecuado para resolver el conflicto, por lo que las partes deberán sentarse a negociar el tope del reclamo.
“Preska optó por el peor escenario de los que estaban en juego”, declaró el CEO de Latin Advisor, Sebastián Maril, que adelantó que los abogados que representan a la Argentina en el juicio por YPF apelarán al fallo estadounidense y agregó: “Pensé que quizás iba a ser una cifra más cercana a USD 10.000 millones, pero optó por la punta más alta”.
En concreto, el fallo de la jueza estadounidense favoreció a Burford en tres puntos clave, en primer lugar, la fecha que se toma como referencia de la toma de control de YPF, también en el porcentaje de la tasa de interés a aplicar, y en la fórmula para calcular el valor final de la indemnización.
De esta manera, según Burford, la fecha en la que Argentina obtuvo el control de YPF fue el 16 de abril de 2012, momento en el que se envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación, mientras que el Estado argentino sostuvo que los daños deben calcularse desde el 7 de mayo de 2012, la fecha en la que entró en vigencia la ley.
En su momento, la defensa argentina, que está en manos del estudio Sullivan & Cromwell y por la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, aseguró que la tasa de intereses de demora debía fijarse en cero, debido a que la cifra que recibirían los demandantes sería enorme de igual manera.
“Piden el triple de los USD 5.000 millones que Argentina pagó a Repsol por las acciones mayoritarias”, reclamaron los representantes del Estado argentino, en el marco de la causa por la nacionalización de YPF.
