El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que investiga al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, habilitó la feria judicial durante enero para continuar con el caso que indaga acerca de la supuesta participación de una red de corrupción a través de la obtención de ganancias indebidas en la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.
A través de una presentación en la Unidad de Información Financiera (UIF), el juez Charvay confirmó que colaborará con uno de los organismos españoles que informaron acerca de un puñado de viajes dudosos a Málaga que realizó la mano derecha de D’Onofrio, la edil de Pilar, Claudia Pombo.
La semana pasada, Pombo fue noticia luego de que renunciase a la titularidad del Concejo Deliberante de Pilar, como parte de la serie de desplazamientos que sufrieron varios funcionarios cercanos a D’Onofrio luego de que este renunciase por “cuestiones personales” al Ministerio de Transporte.
En ese sentido, Charvay deberá profundizar acerca de los cinco viajes a España que realizó Pompo entre el 8 de septiembre de 2022 y el 1 de julio de 2024, y los cinco traslados que realizó a Estados Unidos, el que hizo a Brasil, y el otro a Uruguay. Todo esto, anclado a la causa que tiene a D’Onofrio como principal sospechoso del delito por lavado de activos.
Además de Claudia Pombo, días atrás también se conoció que su hermana, la también edil pilarense Roxana Pombo, apareció en la mira de la Justicia ya que el pasado 8 de mayo fue designada por el exministro como Directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias, dependiente de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial.
No obstante, con la llegada del también massista Martín Marinucci al Ministerio de Transporte bonaerense, la dirección que lideraba Roxana Pombo no aparece en el organigrama de la cartera. También figuraron en el ojo de la Justicia el yerno de Claudia Pombo, Facundo Asencio, quien fue nombrado en agosto del 2022 como Director de Fiscalización y Control de la VTV.
Otros de los nombres que aparecen anclados a las denuncias por corrupción de D’Onofrio, son el medio hermano de Pombo, Matías Basail, que tendría un contrato en el Ministerio de Transporte; al igual que Florencia Basail, que pasó por la Municipalidad de Pilar; y el esposo de esta, Fabio Ferretty, que trabajó en esa cartera, en Cultura, en la intendencia pilarense y en el Senado provincial.
La intención de la Justicia, es investigar si durante el período en el que D’Onofrio fue Ministro de Transporte bonaerense y Pombo fue Presidenta del Concejo de Pilar, ambos incrementaron de forma injustificada e ilícita su patrimonio. Eso, teniendo en cuenta también la supuesta participación del chofer personal del exfuncionario, Juan Cruz Bonet; la hija de Roxana Pombo que trabaja en el Senado, Camila Bellido; y el hijo del chofer de Claudia Pombo, Matías Ormeño, quien cobra de Diputados.
Vale recordar que, a finales del año pasado y tras meses de estar en el centro de la polémica, D’Onofrio anunció su salida del Ministerio de Transporte bonaerense alegando a “cuestiones estrictamente de salud“. En su mensaje de despedida, el ahora exfuncionario provincial aseguró el último tiempo fue blanco de “denuncias infundadas” sobre su gestión que afectaron a su vida personal, por lo que pidió que la Justicia “accione rápidamente”: “Que no queden dudas de mi honorabilidad“.
La denuncia contra D’Onofrio que motorizó su renuncia
En septiembre el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, realizó un pedido de envío de documentación al Juzgado de Faltas de la provincia de Buenos Aires con el fin de investigar una supuesta organización de corrupción integrada por funcionarios, abogados y gestores que involucra al Ministerio de Transporte bonaerense por la obtención de ganancias indebidas en la reducción y eliminación ilegal de multas de tránsito.
La investigación comenzó a través de una denuncia particular, la cual relata que distintos funcionarios de la administración provincial, específicamente de la cartera que condujo hasta hace algunas semanas D’Onofrio, valiéndose del acceso de un sistema informático administrativo que centraliza las infracciones de tránsito, que habrían participado de una red de corrupción junto con gestores y terceros, ajenos a la dependencia estatal.
El supuesto modus operandi era captar a automovilistas con multas y ofrecerles una reducción de un 50% en la infracción. “Ingresaban al sistema, reducían la multa a la mitad y en tiempo muy breve al deudor se le imponían penas muy pequeñas. La diferencia de esa ganancia se sospecha que era repartida por los gestores hacia distintos funcionarios que hacían el trabajo de condenar a penas mínimas a los infractores”, agregó el fiscal.
Las investigaciones, que parten desde 2022 a la fecha, tienen como principal sustento una serie de multas registradas que no coinciden con la información oficial electromagnética en el sistema provincial de infracciones de tránsito. Esta irregularidad despertó las sospechas de posible manipulación en los registros con el objetivo de reducir las sanciones, beneficio que debe quedar bajo el criterio de los jueces de faltas implicados.
Sin embargo, se sospecha también que desde los juzgados provinciales se estarían introduciendo en los sistemas de los juzgados de faltas municipales para aplicar las mismas metodologías. Es decir, que multas que son de jurisdicción local, tampoco son cobradas en los municipios porque se “resuelven” en otras instancias.
Según trascendió, varios intendentes de la provincia de Buenos Aires comenzaron a notar una fuerte baja en la recaudación por infracciones de tránsito. Descartando de plano una concientización masiva y repentina de los automovilistas, por lo que las comunas comenzaron a investigar el motivo de la merma de esos ingresos.
Según estipula la ley provincial 13.927, las infracciones de tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías y semi-autopistas dentro del territorio provincial solo deben ser juzgadas por la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial.
La evidencia recopilada durante la investigación sugiere que esta norma podría haber sido eludida mediante un esquema de corrupción en el que gestores, abogados y posibles cómplices en la administración pública ofrecen a los infractores reducir sus deudas a un 50% del valor original de las multas.
