La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, manifestó este lunes que está a favor de que exista una ley para penar la violencia institucional, con el objetivo de "que haya un compromiso de las provincias a ajustarse a protocolos de investigación y sanción" en esos casos.
En ese sentido, la funcionaria explicó que "las provincias tienen autonomía y pueden adoptar o no nuestras recomendaciones", al referirse a la vinculación del Ministerio nacional con las investigaciones en torno a los casos de exceso policial, como pasó con Facundo Castro Astudillo cuando se desafectó a la Policía Bonaerense de la causa.
Es por ello, que Frederic señaló que "hay en danza un proyecto de ley que tiene la pretensión de avanzar en ese sentido, para que haya un compromiso de las provincias de adherir y ajustarse a ciertos protocolos y procedimientos de investigación y de sanción de estos hechos".
En rigor, el Gobierno nacional que conduce Alberto Fernández entiende que una ley que avance sobre el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad hace falta porque ven una gran disparidad en la formación, capacitación y modo de conducción de las Policías.
"También hay realidades muy diferentes, ya que la de la provincia de Buenos Aires es una prioridad muy complicada porque es una Policía muy grande: tiene tantos efectivos como el total de las fuerzas federales (90 mil) y fue muy castigada, desfinanciada, precarizada y con mucha exigencia", sostuvo la ministra.
Bajo ese contexto, una normativa de ese alcance, según el Ministerio que conduce Frederic, contribuiría a equiparar un poco más las condiciones de trabajo y servicio y también facilitaría el reconocimiento a la Policía “que trabaja bien y la distinción de aquellos que no lo hacen”.
Por eso, en cada denuncia realizada por la cartera de Seguridad se procedió acercando una carta al gobernador y al ministro del área donde se planteó la importancia de seguir con las investigaciones, apartar a los involucrados y pasarlos a disponibilidad, pedir información y ofrecer transferir el programa de uso racional de la fuerza para que lo tomen en consideración.
En tanto, Frederic contó también que se siguió ese procedimiento para vincularse en el último tiempo con las provincias de Buenos Aires, Chubut, San luis, Tucumán y Chaco y "también a través del Consejo de Seguridad Interior, con reuniones virtuales, pero hasta ahí es adonde podemos llegar porque no tenemos capacidad de incidir normativamente sobre las provincias".
