A través del portavoz presidencial Manuel Adorni, el Gobierno nacional repudió los agravios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra su par argentino Javier Milei, al que calificó como “un malparido nazi fascista” y con los que tensó aún más las relaciones entre ambos países.
“El respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente autoritario ni de su séquito de obsecuentes. Esperemos se respete el proceso electoral y la integridad de todas las personas participantes”, profesó el portavoz Adorni sobre los comicios venezolanos que tendrán lugar el próximo domingo.
Es que, en uno de sus últimos actos antes de las elecciones del fin de semana que viene, Maduro atacó a Milei al llamarlo “malparido nazi fascista”. “Le está pasando la motosierra a los trabajadores, a las trabajadoras, entonces él se puso bravo, pero la verdad es la verdad”, señaló el Jefe de Estado venezolano, que el pasado jueves declaró que su par argentino busca suspender las votaciones de su país.
Por esa última denuncia, el portavoz Adorni salió a recoger el guante el pasado viernes y sentenció que las declaraciones de Maduro no necesitan respuesta ya que provienen de un “dictador”. “Es un personaje que se ha transformado -o siempre lo ha sido- en un dictador, y sus palabras no ameritan un análisis porque vienen de una persona que tiene trastocados los valores éticos y morales”, indicó en esa oportunidad.
Ahora, con las recientes calificaciones de Maduro contra Milei, Adorni volvió a salir al cruce y recordó que la semana pasada se anunció el regreso de Argentina a la denuncia hecha en 2018 en la que se pedía a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al Estado venezolano por la violación de derechos humanos. En 2021, bajo el mandato de Alberto Fernández, el Gobierno nacional se había retirado del expediente.
Por medio de un comunicado, la Cancillería Argentina reclamó “el cese del hostigamiento, persecución y represión” contra activistas políticos, como así también la liberación de todos los presos políticos encarcelados durante el gobierno de Maduro. “Exigimos al gobierno de Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Derecho Internacional, en particular en lo que respecta a la emisión de salvoconductos para miembros de la campaña opositora asilados en la sede diplomática de la República Argentina en Caracas”, cerraron.
Vale mencionar que, esta demanda contra Maduro se concretó en 2018 por impulso de los Ejecutivos de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina, que en ese momento era gobernada por el expresidente Mauricio Macri. Esa fue la primer denuncia que recibió la CPI que fue redactada por un grupo de Estados contra un tercero.
No obstante, en 2021 Alberto Fernández retiró la firma del Gobierno argentino a esa demanda contra Maduro, y ese mismo día también anunció su salida del Grupo de Lima, el foro regional alineado con Estados Unidos. Ambas decisiones fueron apoyadas por el Estado de Venezuela pero ahora, con la gestión de Milei, el Ejecutivo nacional volvió a ser parte del contraataque contra el Presidente venezolano.
