Confiado en la designación del juez federal como miembro de la Corte Suprema de Justicia y a pesar de que el máximo tribunal debe expedirse en las próximas semanas sobre la situación del magistrado, el Gobierno nacional invitó a Ariel Lijo a la Asamblea Legislativa del próximo 1° de marzo.
Es que, la semana que viene, el máximo tribunal deberá decidir si acepta o no la licencia de su cargo para poder asumir su lugar en la Corte Suprema. Es decir, la designación de Lijo a priori se encontraría en suspenso.
Sin embargo, desde Balcarce 50 están confiados en que aceptarán el nombramiento de Lijo como tal por lo que invitaron al magistrado a la apertura de la Asamblea Legislativa, a pesar de que Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, hayan decidido postergar hasta el 6 de marzo la decisión final sobre la situación del juez más cuestionado.
“No nos molesta, para nada. Es inevitable”, afirmaron desde el entorno del jefe de Estado libertario, tras deslizar que Javier Milei tanto Manuel García Mansilla como Ariel Lijo están designados al frente de la Corte Suprema desde que firmó el decreto para nombrarlos, hace dos días.
De esta manera, desde Casa Rosada adelantaron que harán lo posible para que Lijo esté presente en la Asamblea Legislativa: lo invitarán y si asiste, es decisión del juez aseguran desde el entorno presidencial, dispondrán que se siente junto a los cuatro miembros actuales de la Corte Suprema.
“Es lógico, tienen que tomar la decisión sobre la licencia pero para nosotros ambos jueces ya están designados, así que por deducción lógica tienen que estar el 1° de marzo en el Congreso”, agregaron en Casa Rosada, tras remarcar que la jura de los ministros de la Corte Suprema es una “mera cuestión formal”.
Lo que sucede es que, este jueves, sin previo aviso y a último momento, los tres miembros actuales de la Corte Suprema le tomaron juramento a García Mansilla, el académico que no logró reunir las firmas en la comisión de Acuerdos del Senado pero que no debía tomar licencia.
En ese contexto, a pesar de que el trámite de jura se realizó a las apuradas, cerca del Presidente dijeron que no lo consideraron una afrenta ni un mensaje político del máximo tribunal. En cambio, se mostraron calmados: “Lijo va a asumir, no hay dudas de eso”.
En efecto, desde el mileísmo creen que el cuestionado juez tiene el apoyo político de todo el arco político, incluido el peronismo disidente, el kirchnerismo y el PRO, a pesar de las disidencias y reparos expresados por distintos actores como el ex presidente Mauricio Macri. “Todos están de acuerdo, aunque no lo digan”, afirmaron desde el Gobierno.
Incluso, en el círculo de confianza del primer mandatario aseguran que no hay ningún motivo para pensar que Lijo está en duda, ya que están convencidos de que el magistrado está dispuesto a renunciar a su cargo si la Corte Suprema plantea pruritos sobre la licencia que le otorgó el miércoles la Cámara Federal.
De todas formas, desde Balcarce 50 aclaran que esa decisión estará en manos del juez, que podría perder su lugar en Comodoro Py después del 30 de noviembre, si el Senado no refrenda su pliego, como ocurrió hasta ahora.
Corte Suprema: diputados bonaerenses repudiaron el decreto de Lijo y García-Mansilla
Un puñado de diputados bonaerenses de distintos espacios políticos cuestionaron la designación por decreto del juez federal, Ariel Lijo, y del catedrático, Manuel García–Mansilla, como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y denunciaron un intento de avasallar las instituciones, además de acusar al Gobierno de Javier Milei de buscar garantizar impunidad y favores judiciales.
Uno de los más duros fue el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, quien calificó la designación del juez federal como una maniobra para proteger la corrupción y la impunidad. “Lijo es un delincuente que no debería llegar nunca a la Corte Suprema. Es el juez de la corrupción, de las mafias y de la impunidad“, sostuvo.
En esta línea, Bugallo informó que Lijo es candidato del actual integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y aseguró que está vinculado con la exvicepresidenta, Cristina Kirchner por lo que consideró que el decreto “es la consumación del pacto de impunidad entre la casta mafiosa más brutal de nuestra historia y el tipo que llegó a la Presidencia diciendo que iba a ‘terminar con la casta’”.
Por su parte, el diputado bonaerense de UCR + Cambio Federal, Valentín Miranda, además de rechazar la decisión del Presidente y enfatizó la necesidad de respetar la Constitución. “No vale todo. La Constitución Nacional es clara: los jueces de la Corte Suprema deben ser designados de forma democrática mediante el consenso del Senado. El decreto del presidente Milei para nombrar a Lijo y García-Mansilla constituye un grave atropello institucional”, advirtió.
En la misma línea, la diputada del bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN, Viviana Dirolli, acusó al Presidente de repetir prácticas que él mismo criticó en el pasado pese a que en todo momento sostiene que llegó al Ejecutivo nacional para “cambiar la historia”. “Poner jueces por decreto, salteando al Senado, no es República, es avasallamiento. Los que dicen saber de economía deberían entender que sin instituciones fuertes no hay desarrollo posible”, señaló la legisladora.
En tanto que, su compañera de bancada, Nazarena Mesías, remarcó la contradicción del Presidente y sugirió que la medida tiene como fin garantizar “impunidad y favores judiciales”. “Imagino que todos los que siempre criticaron estas tácticas del kirchnerismo van a volver a oponerse, ¿no?”, ironizó.
Desde Unión por la Patria, la diputada bonaerense, Lucía Klug, fue aún más categórica y vinculó la decisión de Milei con sus propias controversias judiciales por la estafa que se concretó la semana pasada luego de la promoción de la criptomoneda $LIBRA. “El chiste se cuenta solo y la Argentina sigue degradándose en manos de esta manga de delincuentes”, afirmó.
También se sumó a las críticas el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Guillermo Pacagnini, quien denunció un accionar sistemático contra los derechos de la población por parte del Gobierno nacional. “Estafa al pueblo, le pega a los jubilados, hipoteca el país, te caga de hambre y encima pone jueces por decreto. ¿Hasta cuándo lo vamos a aguantar?”, expresó.
