Las entidades rurales que integran la Mesa de Enlace Bonaerense le manifestaron a las autoridades de la Cámara de Senadores provincial su rechazo al proyecto de indemnizaciones laborales impulsado por La Cámpora, que pretende modificar la tasa de interés aplicable a las sentencias judiciales en materia de empleo, ya tiene media sanción y avanza en las comisiones de la Cámara alta, a fuerza de las mayorías de Unión por la Patria en los cuerpos parlamentarios.
A través de una carta enviada al Senado bonaerense, desde CARBAP, Coninagro, la Federación Agraria y la Sociedad Rural Argentina (SRA) advirtieron sobre los efectos adversos que generaría la iniciativa que pretende establecer el coeficiente CER más una tasa del 6% anual para la indexación en los fallos judiciales indemnizatorios y puntualizaron sobre las eventuales consecuencias que tendría para la economía provincial, particularmente en el sector agropecuario.
“El incremento propuesto en los intereses sobre créditos laborales impactaría de manera significativa en los costos operativos de las empresas, lo que, de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas”, afirmó la Mesa de Enlace sobre el proyecto de indemnizaciones laborales, de autoría de la diputada camporista Maite Alvado.
Con relación a la eventual repercusión en el sector, desde el campo bonaerense advirtieron que la sanción del proyecto de ley de indemnizaciones laborales “tendría un impacto directo en el empleo rural y en las economías regionales”. “El cierre de empresas no sólo afectaría a los productores sino a numerosas cadenas de valor asociadas a la producción agropecuaria”, añadieron.
En ese sentido, las entidades del campo bonaerense solicitaron que los senadores reconsideren “detenidamente” las implicancia y den de baja el proyecto de indemnizaciones laborales. “Entendemos que un análisis equilibrado es fundamental para garantizar un desarrollo económico sostenible”, advirtieron desde la entidad que agrupa a los rurarlistas de la provincia de Buenos Aires.
En detalle, el proyecto impulsado por la diputada camporista Alvado busca modificar el artículo N°48 de la Ley de Procedimiento Laboral, para sustituir la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses de las indemnizaciones laborales por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más una tasa pura del 6% anual, para “equiparar” los montos con la inflación.
Previo al reclamo del campo bonaerense, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto con la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Confederación Económica bonaerense (CEPBA) fueron a la Justicia para frenar el proyecto de indemnizaciones laborales.
“Desde nuestra entidad y otras, como la Sociedad Rural y CONINAGRO, hicimos una presentación judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a los intereses abusivos que se cobran por los juicios laborales”, sostuvo el presidente de CAME, Alfredo González.
Pese al cerrado rechazo de la oposición y de decenas de cámaras empresariales, el proyecto de indemnizaciones laborales inició su recorrido en la comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense, donde el oficialismo hizo valer su mayoría en el cuerpo legislativo para obtener un despacho favorable.
No obstante, los bloques opositores del PRO y UCR + Cambio Federal motorizaron en la comisión de Trabajo un dictamen de rechazo en minoría, el cual puso el foco en los aspectos inconstitucionales del proyecto de indemnizaciones laborales, como así también la “falta de discusión política de fondo” y la repercusión económica que tendrá en las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Indemnizaciones laborales: cómo sigue en el Senado bonaerense
Pese a algunos reparos internos, el bloque de Unión por la Patria oficialismo buscará hilvanar tres dictámenes de mayoría en el Senado bonaerense para lograr que el proyecto de indemnizaciones laborales se pueda sancionar con mayoría simple. Con el despacho de la comisión de Trabajo, aún restan los de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), donde el oficialismo también tiene supremacía.
Si lo logra, la bancada oficialista a cargo de Teresa García tendrá la chance de sancionar la propuesta en el recinto con mayoría simple, aunque el camino sinuoso. En el hemiciclo, los bloques de PRO, de UCR + Cambio Federal y de las diferentes vertientes libertarias, ocupan 25 escaños, contra 21 de Unión por la Patria, por lo que tienen juego de sobra para impugnar la maniobra.
Sin embargo, en la oposición hay desconfianza por el reciente antecedente negativo que representó la media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense del proyecto de creación de la empresa estatal de emergencias de Kicillof y La Cámpora, que podría haberse bloqueado si todos sus legisladores se hubiesen sentado en sus bancas y votado en contra.
En ese escenario, al kirchnerismo no le hubiese alcanzado con las voluntades de la bancada dialoguista de Gustavo Cuervo (Unión Renovación y Fe). Pero nada de eso ocurrió: hubo ausencias en los bloques de PRO, UCR, radicalismo disidente y hasta en la bancada de La Libertad Avanza.
